Informe Latinoamericano – 09 de febrero de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-06)

El Presidente Rafael Correa apeló ante las fuerzas armadas durante el fin de semana para que no sean engañados por “un plan de venganza” trazado por “traidores” con el objetivo de instigar un golpe. Los “traidores” en cuestión, dijo Correa, eran “los mismos políticos de siempre... oficiales retirados del ejército, totalmente al servicio de la CIA... y unos pocos oficiales en actividad.” Correa dijo que ellos estaban tratando de sembrar la discordia en los militares tal como lo hicieron antes “del golpe del 30S”, el motín policial del 30 de setiembre del 2010, que vio a Correa secuestrado en un hospital antes de ser rescatado por las fuerzas especiales.

Hablando durante su transmisión semanal, Correa dijo que el “plan de venganza” era bastante similar al de 30S, y consiste en esparcir falsos rumores acerca de salarios con el fin de agitar el malestar. Específicamente, acusó al opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP), del ex presidente Lucio Gutiérrez, de estar detrás del último “desesperado” complot (Correa insiste que Gutiérrez estaba detrás del motín policial del 30S) diseñado “para crear incertidumbre en las fuerzas armadas”.

Está lejos de ser la primera vez que Correa ha aludido a un complot en su contra sin proveer muchos detalles concretos. En la raíz del motín policial del 30S estaba la desilusión con la nueva ley del servicio público, y su efecto sobre los salarios y los bonos. El gobierno ha acordado hacer pagos retroactivos de salarios hasta el 2010 para mitigar esas inquietudes, pero Correa dijo que el PSP estaba detrás de la introducción en el congreso de un debate pidiendo que esos pagos se retrotraigan hasta el 2008, a un costo de US$70m para el Estado. Correa apeló a las fuerzas de seguridad para que no fueran engañadas y sostuvo que los acuerdos salariales a los que su gobierno había llegado con ellos eran mucho mejores de los que su predecesor había logrado.

La oposición política acusa a Correa de paranoia. Él no hizo mención de esto, y podría no haber tenido repercusiones, pero es ciertamente llamativo que el comandante del ejército ecuatoriano el General Patricio Cárdenas, haya renunciado por “razones personales” días antes de que Correa hiciese su última afirmación de conspiración. Cualquier reestructuración en la jerarquía militar llama la atención: la institución jugó un rol instrumental en sofocar el motín policial –pero se tomó su tiempo antes de actuar. Cárdenas se retira dos meses antes de la culminación de sus dos años en el puesto. Fue reemplazado por el General Marco Vera, ex jefe del estado mayor.

Correa insiste en que debido a que sus oponentes no son capaces de vencerlo en las urnas, algunos de ellos están intentando buscar otros métodos para llegar al poder. La decisión de hacer este último alegato ahora es curiosa, porque al pintarse a sí mismo como la víctima de subversión interna, Correa puede convertir esto en la justificación de algunas de las acciones más autoritarias de su gobierno. Esta semana logró que el congreso apruebe una ley de reforma electoral que severamente restringirá la cobertura mediática en la etapa previa a las elecciones prohibiendo toda cobertura impresa o transmitida que podría considerarse que favorece o denigra a candidatos individuales o sus políticas, durante las campañas electorales [IL-12-03].

La oposición se ha levantado en armas en contra de la ley, la cual alega, es equivalente a la censura de los medios y la persecución de periodistas (ver más abajo). También alega que los candidatos no tendrán ninguna obligación de rendir cuentas a la opinión pública y como consecuencia esta estará inadecuadamente informada para hacer juicio al llegar el día de las elecciones. Correa se muestra firme en que la reforma es necesaria para impedir que los medios sean un “actor político” e influencien las elecciones con su propia agenda. Él sostiene que la ley también se aplica a su transmisión semanal de los sábados, durante la campaña electoral.

La oposición también criticó el retoque hecho al sistema de representación proporcional en la ley de reforma electoral para la elección de diputados para los congresos nacional y regional. El estrecho fracaso de la gobernante Alianza PAIS (AP) de asegurarse una mayoría legislativa en las últimas elecciones ha impedido tratar un número de iniciativas políticas de Corrrea. La oposición insiste que la reforma favorecerá a la AP de Correa, la cual, sostiene la oposición, podría haber obtenido una confortable mayoría de 75 bancas en el congreso de 124 bancas en las elecciones del 2009 bajo este sistema, en vez de las 59 que obtuvo.

• Ecuador en África

Ecuador busca abrir nuevos mercados y firmar acuerdos de cooperación con países africanos, dijo el canciller, Ricardo Patiño, durante un taller en Quito titulado “Ecuador en África” esta semana. Patiño dijo que la conferencia bien podría titularse “Ecuador no está en África” debido a la falta de lazos diplomáticos del país con la región. Dijo que Ecuador estaba interesado en aprender lecciones de Cuba, Brasil y Argentina, sobre cómo expandir los lazos con África, y que agregaría seis embajadas durante los próximos dos años a las dos que tiene actualmente, en Gabón y Sudáfrica.

• Represión a los medios

Una corte ecuatoriana ordenó a dos periodistas, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, a pagar US$1m cada uno por daños al Presidente Rafael Correa, esta semana, además de US$100.000 adicionales por costas legales. Ambos periodistas afirmaron en su libro “El Gran Hermano” que Correa era consciente de todos los contratos que su gobierno había concretado con su hermano mayor Fabricio Correa, por alrededor de US$170m. Correa vehemente negó que ese fuese el caso. Separadamente, otro periodista, Emilio Palacio, formalmente busco asilo en EU esta semana después de haber sido sentenciado a tres años de prisión por un artículo de opinión que él escribió en el diario nacional El Universo sobre el motín policial del 30S.