Informe Latinoamericano – 16 de febrero de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-07)

El fue conocido alguna vez como el alto comisionado para la paz de Colombia; sin embargo, de la noche a la mañana, Luis Carlos Restrepo se ha convertido en uno de los fugitivos más famosos de Colombia. Su notoriedad no es tanto el resultado de la gravedad de sus delitos –muchos líderes guerrilleros y paramilitares han cometido algunos mucho más atroces– sino por las implicaciones políticas que su procesamiento y subsiguiente decisión de huir han tenido, y continuarán teniendo, en el corto plazo.

Ha sido claro ya por algún tiempo, que el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y muchos de aquellos que fueron miembros de sus administraciones ahora constituyen la fuente más fuerte de oposición al Presidente Juan Manuel Santos. El problema es que al declararse ellos mismos como perseguidos políticamente en las cortes, alegando que no hay garantías judiciales en Colombia, están proveyendo una defensa para los mismos criminales que ellos alguna vez estaban tan determinados en aprehender.

Si, de hecho, no hubiese garantías para los llamados Uribistas, entonces los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y otros grupos de guerrilleros o paramilitares también podrían afirmar que ellos no están siendo juzgados por sus acciones sino por sus convicciones ideológicas. Uribe siempre buscó evitar esto cuando estaba en el poder acusando a la justicia de Colombia, y a la corte suprema en particular, de practicar una ‘justicia selectiva’ al perseguir a políticos Uribistas, por ejemplo, con lazos con los paramilitares en vez de políticos con lazos con las guerrillas. Sin embargo, existen crecientes  dudas desde que dejó el poder, acerca de su legado de seguridad, y la verdadera extensión de sus logros.

En meses recientes, Restrepo no ha asistido a al menos ocho procedimientos legales formales, incluidos dos relacionados con acusaciones que él había impuesto contra el esposo de la fiscal general. Restrepo aún debe responder sobre su supuesto rol en la organización de desmovilizaciones falsas en el 2006, y él ahora está prófugo en relación a ese caso. La fiscal general también presentó un cargo por contumacia, el desprecio deliberado de una orden o citación de una corte, lo que significa que Restrepo podría ser procesado en la ausencia.

El 9 de febrero, las autoridades locales de inmigración confirmaron que Restrepo había abandonado el país y, aunque se cree que voló a Nueva York, es improbable que ese sea su destino final si busca eludir el proceso. Colombia ha deportado docenas de delincuentes para afrontar la justicia en EU, incluyendo a altos líderes paramilitares que rehusaron testificar acerca de los delitos que cometieron como parte del proceso de desmovilización dirigido por Restrepo (2005-2006). El gobierno de EU probablemente cumpliría  con cualquier pedido de extradición solicitado por Colombia sobre Restrepo, para así evitar poner en riesgo las futuras extradiciones de otros delincuentes buscados por EU y también para indicar su fe en la integridad institucional de la justicia colombiana.

Buscar asilo en otra parte no sería una alternativa original a la de afrontar las cortes en Colombia; otros dos miembros de la administración Uribe ya han recurrido a esto: 1) la ex directora del servicio de inteligencia (DAS), María del Pilar Hurtado (2007-2008), que voló a Panamá; y 2) el ex ministro del interior, Sabas Pretel de la Vega (2003-2006), quien intentó suerte con Costa Rica pero su refugio seguro le fue negado.

Sin embargo, Restrepo rompió todos los moldes al enviar un USB, que contenía una carta abierta enviada “desde su escondite” al think-tank Primero Colombia, asociado muy de cerca con Uribe; la estrategia parece estar más en línea con las técnicas de comunicación empleadas por las Farc que con las del hombre que antes estaba a cargo de asegurar la desmovilización de ese y otros grupos ilegales armados.

La carta de Restrepo afirma que el Partido de la U (PU) debe “reconocer que el Uribismo cometió un error cuando escogió a Santos. En el 2010 se ganaron las elecciones, pero se perdió el gobierno”. Restrepo continua pidiendo el lanzamiento de una campaña en contra de la reelección de Santos, que el mismo presidente ha declarado repetidas veces que no buscará, y para empezar “un proceso abierto a fin de hallar tres candidatos para el 2014: a) un candidato presidencial; b) una cabeza de la lista para el senado; c) una cabeza para la lista de una asamblea nacional constituyente” (ver abajo).

• Una reforma constitucional a medida

La carta de Luis Carlos Restrepo también dice que una asamblea constituyente debería tratar  “una reforma de [el sistema] de justicia para dar garantías legales a los miembros de las fuerzas públicas y poner fin al carrusel de pensiones y corrupción en los tribunales y las cortes” –sugiriendo implícitamente que los actuales procedimientos legales contra él no son nada más que una persecución política dirigida por jueces corruptos en la nómina salarial de delincuentes, una teoría presentada varias veces por el ex presidente Uribe.