Informe Latinoamericano – 01 de marzo de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-09)

Marzo traerá consigo muchos (y económicamente serios) problemas. Esto es lo que predijeron los comentaristas locales en Argentina, luego de los anuncios hechos por el gobierno en noviembre relacionados con la remoción de los subsidios, que tendría un amplio impacto en la capacidad de compra de los consumidores. La administración de la Presidenta Cristina Fernández está enfrentando miríadas de otros problemas, incluyendo los cuestionamientos planteados acerca de (la falta de) las imposiciones de controles de mantenimiento por parte del gobierno en las redes ferroviarias manejadas por empresas privadas, como resultado de la tercer mayor tragedia ferroviaria ocurrida la semana pasada; las supuestas prácticas corruptas del Vicepresidente Amado Boudou [IL-12-08]; el fracaso del gobierno en alcanzar un acuerdo salarial, por primera vez desde el 2003, con los sindicatos de maestros; y la escasez de combustibles, particularmente diesel, que han disparado el rumor de que, era posible que en los primeros días de marzo, Fernández podría anunciar la re-nacionalización de Repsol-YPF.

Por primera vez en más de dos años, Fernández parece estar reaccionando ante los acontecimientos en vez de fijar por sí misma la agenda política, lo que un (pequeño) grupo de personas trató (sin éxito) de convertir en un cacerolazo, convocando a través de Twitter. Sin embargo, como las secuelas del trágico choque ferroviario del 22 de febrero que provocó la muerte de 51 personas e hirió a más de 700 otras continúan, las demostraciones públicas contra el manejo de la administración de las concesiones de las redes ferroviarias podrían materializarse en el (no muy distante) futuro. Los medios locales han puesto especial énfasis sobre varios informes oficiales presentados por la comisión nacional de regulación del transporte (CNRT) al secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi en el 2010 y el 2011.

Uno de los últimos, con la fecha de 21 de marzo del 2011, expresa que la Línea Sarmiento, operada por Trenes de Buenos Aires (TBA), está en un estado deplorable, con “deficiencias estructurales [que] continúan incrementando el considerable déficit de mantenimiento, generando un deterioro de los componentes y la superestructura del ferrocarril”. Debido a las  “irreversiblemente estropeadas” vías, la CNRT pidió a la secretaría de transporte que diseñe un plan a través del cual los trenes reduzcan su velocidad; el informe también afirma que “puede observarse un pronunciado déficit de mantenimiento, con preocupantes fallas desde el punto de vista de la seguridad, debido a su gravedad y recurrencia”. El gobierno alega que no se hizo de la vista gorda ante esto y que, de hecho, la empresa TBA fue multada más de 40 veces en años recientes –en el 2008, los trenes de TBA sufrieron 23 descarrilamientos y en el 2009, 39.

Schiavi empeoró más las cosas cuando en la primera declaración después del choque él pareció culpar a los pasajeros por la magnitued de la tragedia “Existe una cultura muy argentina de pasarse a los vagones del frente del tren, para así ubicarse más cerca de la salida [...] que convirtió un accidente en una tragedia”, dijo durante una ‘conferencia de prensa’ en la cual no se permitió que los medios hicieran preguntas. Desde entonces la etiqueta “queremos preguntar” se ha usado con más frecuencia en Twitter por miembros de la prensa argentina que afirman que, a diferencia de cualquier otro país de la región, ellos son invitados a las conferencias de prensa como una audiencia y no para plantear preguntas.

Cuando fue hallado el cuerpo de la 51^ra víctima a bordo del cuarto vagón, 60 horas después de la tragedia, la ministra de seguridad, Nilda Garré también pareció culpar a la víctima en un comunicado oficial que señalaba que estaba viajando en un área “prohibida para el público”. La familia de Lucas Menghini Rey, la 51^ra víctima quien se ha convertido en el rostro de la tragedia, respondió al gobierno con palabras fuertes en una carta abierta, “a la sociedad argentina”. “Debido a su magnitud, nosotros consideramos el hecho un desastre previsible y no un accidente, considerando que el último término es elegido para eludir responsabilidad”, expresó su padre, Paolo Menghini. María Luján Rey, su madre, dijo que era su deber “expresar mi más enérgico repudio al comunicado emitido por el ministerio de seguridad, encabezado por la Dra. Nilda Garré, que insinúo la posibilidad de que Lucas era responsable por lo sucedido.”

• Controversial requerimiento judicial

Un día después del choque ferroviario, Schiavi y el ministro de planeamiento, Julio de Vido, anunciaron que el gobierno se presentaría para asumir el estatus de demandante en el proceso judicial relacionado con el choque. La movida tiene sentido desde las perspectivas, política y de relaciones públicas, aunque su legalidad es altamente cuestionable. Al asumir el estatus de demandante, el gobierno se alinea con las víctimas mientras intenta poner cierta  distancia entre su problemáticamente cercana relación  con el Grupo Cirigliano, dueño de TBA. Sin embargo, esto podría resultar ser un tiro por la culata, ya que los medios de la oposición han desempolvado grabaciones de octubre y noviembre pasados en las cuales Fernández aparece con los dueños del grupo y los elogia por su inversión y mejoramiento de las líneas de trenes bajo su cuidado. (Cintas similares también han reaparecido en relación a la inversión de Repsol-YPF, la cual cual el gobierno elogió hace seis meses y ahora dice que es carente.)

     El Estado también era técnicamente responsable por asegurar de que TBA cumpla con las normas de seguridad y operación. Por lo tanto, si se prueba que el accidente es el resultado de un error mecánico, el Estado debería ser un acusado, no un demandante. El juez Claudio Bonadío tendrá la última palabra, pero el rumor en Buenos Aires es que rechazará el pedido del gobierno. De hecho, el juez también se pronunció en contra de otro pedido hecho por la propia Fernández durante un discurso público–la presidenta no habló ni apareció en público por cinco días después de la tragedia, pero cuando lo hizo, pidió a la justicia que complete todos los estudios forenses dentro de 15 días. El juez Bonadío replicó inmediatamente que los estudios forenses podrían o no podrían estar completados dentro del periodo estipulado.

     Después de declarar que el gobierno no rescindiría el contrato de TBA a menos que la compañía sea hallada culpable por las cortes, Fernández decidió asumir la administración de TBA esta semana y designar un supervisor hasta que concluyan los estudios forenses. Si el gobierno fuese a rescindir el contrato, y las cortes no hallan suficiente evidencia de que el choque fue el resultado de negligencia, el Estado tendría que pagar una multimillonaria cuenta en dólares por ruptura de contrato.

• Macri se desprende del Metro

Después de que la ministra Garré anunció que  desde el 1 de marzo la policía federal (PFA) ya no patrullara el metro de la ciudad de Buenos Aires, el alcalde local, Mauricio Macri, dijo que, por lo tanto, su administración ya no asumiría el manejo del metro. Al hacer el anuncio, Macri trató claramente de vincular su decisión con la tragedia ferroviaria: “Yo sentí que nosotros, los argentinos, nos debemos a nosotros mismos una reflexión [...] desafortunadamente, el metro no puede escapar a la realidad [...] Nosotros no podemos asumir la responsabilidad de los 10 años sin inversión [...] Yo no mentiré ni me convertiré en un cómplice en poner en riesgo a los usuarios por la carencia de seguridad y de inversión, [por estas razones] hemos decidido ceder nuestro control,” dijo.