Informe Latinoamericano – 01 de marzo de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-09)

Cuando el gobierno del Presidente Fernando Lugo prometió proveer tierra a los campesinos sin tierra conocidos como carperos en el este del Paraguay, que habían ocupado una propiedad rural [IL-12-08], pocos esperaban que las tierras estuviesen dentro de los confines de un parque nacional. Aún así, esto es precisamente lo que ha ocurrido el 26 de febrero, cuando varios miles de carperos consintieron ser trasladados por la policía nacional al parque nacional Ñacunday. El jefe de gabinete, Miguel López Perito, insistió en que la medida era solamente temporal y que el parque no sufriría daño, pero los ambientalistas reaccionaron prestamente. Todo el episodio expone la incapacidad de la administración Lugo, enfrentada a un congreso hostil y conservador, de poner en marcha la reforma agraria que ha prometido.

WWF Paraguay, Guyra Paraguay, Fundación Moisés Bertoni y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental, presentaron una demanda juicial el 27 de febrero protestando en contra del uso del parque nacional Ñacunday en el departamento de Alto Paraná, como una violación a la ley nacional y los acuerdos internacionales, sentando un terrible precedente. López Perito dijo que “no había otra alternativa” más que transferir  a los carperos a Ñacunday. Dijo que parte del parque nacional ya había sido dañado por los productores de soja, y que los ambientalistas no se habían quejado de eso. Que el gobierno se compare a sí mismo con los productores de soja interesados en las ganancias en su compromiso con mantener la ley no es exactamente la línea de defensa más fuerte. El hecho de que el gobierno se haya visto obligado a utilizar un parque nacional de esta manera, indirectamente fortalece lo mantenido por el líder de los carperos, Victoriano López, que el estado tiene poca tierra para repartir. López sostiene que esto se debe a que gran parte de la misma ha sido adquirida ilegalmente por grandes terratenientes (ver abajo).

• Tierra

Victoriano López afirma que tan sólo en el Alto Paraná, más de 543.000 hectáreas de tierra que el estado nunca vendió han sido adquiridas ilegalmente por grandes terratenientes. El instituto nacional de desarrollo rural y de la tierra (Indert) está investigando este, y otros reclamos como este, y está procurando verificar los títulos de propiedad de la tierra, pero esta es una tarea muy compleja, que se torna aún más difícil por el hecho que la credibilidad del mismo Indert es cuestionable. Un informe realizado por la comisión de verdad y justicia (CVJ) creada por ley en el 2003 para investigar los abusos de derechos humanos cometidos desde el inicio de la dictadura de Stroessner en 1954 (1954-1989), sostiene que 64% de las 8m de hectáreas distribuidas entre 1954 y 2003 fue adquirida ilegalmente.