Informe Latinoamericano – 01 de marzo de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-09)

El sector privado de Nicaragua está una vez más en alerta. El mes pasado, Antenor Rosales, el presidente del banco central (BCN), renunció por “razones de salud”. Considerado como clave para la percibida independencia del BCN –una de las pocas instituciones creíbles del país– la partida de Rosales fue más tarde atribuida a su resistencia ante el pedido del Presidente Daniel Ortega de transferir algunas de las reservas internacionales de Nicaragua a un banco regional propuesto por la iniciativa regional liderada por Venezuela, Alba, de su cercano aliado, el Presidente Hugo Chávez. Sirviendo como el último ejemplo del menosprecio de Ortega por los procedimientos institucionales y la renuencia a tolerar el disenso, la remoción de Rosales deja nervioso al sector privado. También coincide con el renovado enfoque sobre otra gran queja del sector privado con el gobierno –el respeto por los derechos de propiedad.

La confirmación de la partida de Rosales el 14 de febrero, después de cinco años en el cargo, siguió a su insistencia en que solamente el BCN podría tomar decisiones acerca del uso de las reservas internacionales, que no debían ser usadas al “antojo” de nadie. Esto se produjo en respuesta al anuncio de Ortega de que Nicaragua asignaría US$17m (o 1%) de sus reservas internacionales para ayudar a financiar el lanzamiento del propuesto banco Alba. Así como su percibido distanciamiento de Ortega, pese a sus raíces en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), (habiendo servido previamente como coronel del ejército Sandinista), Rosales fue considerado clave para el exitoso manejo de la economía por el gobierno. La economía creció un 4,7% en el 2011, segunda sólo detrás de Panamá en la región, mientras que las exportaciones llegaron a un record de US$2,3mm en el 2011, aumentado un 22% desde el 2010. Rosales también cumplió una parte importante en las continuas buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual se ha anunciado que se planea buscar un nuevo acuerdo [IL-12-01].

Rosales ha sido reemplazado por el ministro de finanzas, Alberto Guevara Obregón, un leal aliado de Ortega que fue teniente y parte del aparato de seguridad del estado (DGSE) bajo el primer gobierno del FSLN (1979-1990), mientras que Guevara ha sido sustituido por su segundo, Iván Acosta. Sin embargo, las garantías de continuidad dadas por el gobierno con respecto a los cambios, no han podido calmar las preocupaciones del sector privado, con el que las relaciones positivas fueron una clara prioridad durante el mandato previo de Ortega (2007-2012); mientras que Avil Ramírez, el presidente de la Cámara Americana de Comercio en Nicaragua (Amcham), dijo que toda vez que el BCN mantenga su independencia del ejecutivo (algo improbable dada la lealtad de Guevara a la pareja presidencial), su designación no es un problema, José Adán Aguerri, el presidente del influyente lobby del sector privado, Cosep, se quejó de que el cambio no llegaba en el “mejor momento”.

Con el impacto de los cambios aún por volverse evidentes, una preocupación más apremiante para el sector privado es la aparente indiferencia por la propiedad privada evidenciada por el reelecto gobierno de Ortega, que prestó juramento a principios del año. La confiscación de alto perfil a mediados de febrero, de 20 manzanas de tierra (33,6 acres), equivalentes a unas 13,6 hectáreas, pertenecientes a Walter Bühler, un Suizo-Nicaragüense con doble ciudadanía, que según se informó serian regaladas a Edén Pastora, el controversial ex líder Sandinista (ver más abajo), inevitablemente ha hecho resurgir el espectro de las confiscaciones por las que el primer gobierno de Ortega se volvió notorio, provocando las críticas de Cosep y del instituto nacional de turismo (Intur), ansioso acerca del impacto en la imagen de Nicaragua.

Aunque el gobierno desde entonces ha estado en conversaciones con la familia Bühler sobre la tierra (el sitio de un hotel turístico ecológico, Punta Teonoste) y espera llegar a un acuerdo, la disputa saca a relucir las preocupaciones más generales relacionadas con la carencia de seguridad legal que rodea la propiedad de la tierra, que el think-tank del sector privado, Funides, señaló en un informe de diciembre como el “obstáculo fundamental que impide la promoción de inversión en el país”. En el informe, Funides destaca que 36% de las haciendas en el país, o unas 76.000 unidades productivas, de las cuales el 85% son de menos de 50 manzanas (84 acres - unas 34 hectáreas), están en un “limbo legal” debido a los diferentes esfuerzos de reforma agraria realizados en los años ’60s, ’80s, y ’90s. El think-tank también cita el último informe Facilidades para Hacer Negocios del Banco Mundial del 2012, que ubica a Nicaragua como el peor país de toda Centroamérica con respecto a la facilidad para registrar la propiedad –en el lugar 122 entre 183 países (debajo del promedio regional de 50 para América Latina y El Caribe).

• Se gesta otra disputa por la tierra

    La rápida respuesta del gobierno a la disputa con Bühler está contrasta marcadamente con su inacción respecto a otras disputas diferentes sobre reclamos territoriales. Esta semana, los medios locales informaron que líderes de 22 territorios indígenas en la empobrecida Región Autónoma del Atlántico Norte (Raan) sobre la costa Caribeña están planeando enviar una petición al gobierno exigiendo una acción concreta respecto a la regulación de la tierra. Esto después de la creciente tensión en la región en medio de supuestas invasiones de territorios indígenas por mestizos (personas de mezcla indígena y descendientes de europeos). A inicios del mes, 18 mestizos  fueron secuestrados por grupos indígenas, exigiendo el desalojo de 120 familias que ellos afirman han invadido sus tierras. Advirtiendo que los grupos indígenas Miskitos adoptarían acciones propias si las autoridades no intervienen, Simon McDavis, el presidente del gobierno territorial Twi Waupasa, el área en cuestión, dijo a los periodistas que de las 156.000 hectáreas que componen el Twi Waupasa, 50.000 son ocupadas por las 120 familias.

     Los líderes locales están preocupados porque las tensiones raciales podrían escalar si el gobierno no responde, pero el descontento es también significativo dado que la región previamente ha visto amenazas secesionistas del Consejo Miskito de Ancianos en Bilwi, la capital de la Raan, que al final no se materializaron [IL-09-19]. Brooklyn Rivera, un diputado indígena por el partido Yatama, aliado del FSLN por largo tiempo, que encabeza el comité del congreso de asuntos indígenas, dijo que solamente los títulos de propiedad emitidos antes de 1987, en línea con la ley de autonomía indígena, serían reconocidos. Aunque Yatama es aliado del FSLN en ciertas cuestiones, se ha informado que la tierra es una de las cuales en la que no cambiará de postura y esto podría tener implicaciones antes de las elecciones municipales de noviembre del 2012.

• Finlandia toma acción

Finlandia ha anunciado que está cortando oficialmente la ayuda bilateral a Nicaragua. La ministra para el desarrollo internacional, Heidi Hautala, dijo a la televisión  nacional finlandesa, a mediados de febrero, que la decisión estaba basada en el hecho que “el gobierno en Nicaragua es bastante autoritario y el presupuesto no es transparente”. La decisión se produce inmediatamente después de una decisión similar de Alemania, anunciada en enero, también en relación a las preocupaciones respecto a la democracia luego de la controversial elección general del 6 de noviembre [IL-12-05]. El más reciente informe sobre cooperación extranjera del banco central de Nicaragua publicado en octubre del 2011, muestra que la ayuda bilateral de Finlandia llegó a los US$6,2m en la primera mitad del 2011, de un total de US$79,7m en ayuda bilateral. En el 2010 la cooperación finlandesa alcanzó los US$11,1m.

• Comandante Cero

Un ex guerrillero Sandinista, conocido como Comandante Cero, Edén Pastora rompió con el primer gobierno de Ortega (de 1979-1990) en 1982, luego de diferencias con la dirección, para convertirse en Contra. Habiendo competido como candidato presidencial por la demócrata cristiana Alternativa por el Cambio (AC) en la elección del 2006 (obteniendo 0,29% de los votos), desde entonces Pastora se ha reconciliado con Ortega. Actualmente, él está a cargo del controversial proyecto de dragado del Río San Juan, que en octubre del 2010, provocó la reactivación de la disputa territorial con Costa Rica. El fiscal general, Hernán Estrada explicó la reciente decisión de entregar las 20 manzanas a Pastora, como parte de los esfuerzos del gobierno para regularizar la propiedad de la tierra, que benefició a unas 172.000 personas durante la última administración de Ortega (2007-2012).