Informe Latinoamericano – 22 de marzo de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-12)

En una decisión sin precedentes, el ministerio público federal ha presentado cargos penales contra 17 empleados de las compañías de EU, Chevron y Transocean, por un derrame de petróleo en la cuenca de Campos, frente a la costa del estado de Río de Janeiro, en noviembre del 2011. Los fiscales federales dijeron que los 17, entre los que está incluido el jefe local de Chevron, George Buck, podrían enfrentar sentencias de prisión de hasta 21 años por estar a cargo de una “bomba de tiempo de contaminación”. Chevron rechazó los cargos –por delitos medioambientales y daños al patrimonio público– como “atroces y sin méritos”. El caso ha puesto en zozobra a toda la industria, que está operando en territorio offshore inexplorado en las aguas Brasileras ultra-profundas en el Atlántico.

Chevron y su socio Transocean, que fue responsable por la perforación –y que también estaba, incidentalmente, en el centro del desastre de derrame de petróleo de British Petroleum (BP) en el Golfo de México en el 2010– ya están enfrentando un juicio civil de US$11mm y una serie de multas oficiales.

El gobierno federal está tomando una línea dura, sobre la base de que aunque el derrame actual fue relativamente pequeño, Chevron estaba en efecto conduciendo una potencialmente peligrosa operación en el único yacimiento que opera (como socio mayoritario) en Brasil, el Frade. Chevron tiene una participación de 52% en el yacimiento; la compañía petrolera del estado Brasiler, Petrobras, tiene un 30%; y una empresa conjunta Frade Japan, tiene un 18,3%. Chevron ha invertido más de US$2mm para desarrollar el yacimiento. Entre 2.400 y 3.000 barriles de petróleo se escaparon del lecho del mar en el incidente de noviembre, lo que ha provocado la suspensión de los derechos de perforación de Chevron en el país.

Incómodamente, la semana pasada, Chevron fue forzada a suspender completamente la producción en el Frade, después de que se descubriera una nueva filtración de petróleo. Chevron negó haber causado la segunda filtración, sugiriendo que podría ser un escape natural, típico del área. Fabio Scliar, el jefe de la división del medioambiente de la policía federal en Río de Janeiro, concluyó en un informe a fines del 2011, que el yacimiento en el centro del derrame de noviembre “no debía haberse perforado”.

Los fiscales federales alegaron, por tanto, que Chevron sabía que estaba operando en el mismo borde de los estándares de las normas de seguridad aceptables. El escape se produjo después de que la pared del pozo se rompió, presumiblemente como resultado de la indebida presión producida por la perforación. En su alegato, el ministerio público también dijo que la agencia nacional del petróleo (ANP) había detectado “muy serios defectos” en el equipamiento en la plataforma SEDCO operada por Transocean y usada por Chevron para actividades de perforación. Chevron insiste en que operaba el yacimiento en línea con los estándares de seguridad todo el tiempo, señalando que las autoridades, incluyendo la ANP, dieron su aprobación en cada una y todas las etapas.

Un juez ahora dictaminará si proceder o no con un caso formal, que probablemente se arrastrará por años, obligando a las compañías a desembolsar miles de millones en honorarios legales. Mientras tanto, el juez ha ordenado la incautación de activos y estableció una fianza de R$1m (US$549.000) para cada uno de los 17 ejecutivos. Más tarde en la semana, el fiscal federal que conduce el caso, Eduardo Santos de Oliveira, instruyó a los ejecutivos que entreguen sus pasaportes y sugirió que también podría requerir sus detenciones preventivas si es que proceden los cargos penales. Chevron también enfrenta un caso de US$18mm en Ecuador, lo que hizo que algunos analistas del sector especulasen que los altos costos podrían forzar a Chevron a repensar sus operaciones en América Latina.

Petrobras ha enfrentado sanciones mucho más leves en casos de filtraciones más grandes, lo que ha llevado a algunos a sugerir que el caso federal no es solamente una advertencia para toda la industria, sino que también podría estar políticamente motivado.

• La clase media se enamora de Dilma

De acuerdo con detalles filtrados del último (marzo) sondeo nacional de la opinión pública realizado por Ibope para la Confederación Nacional del Transporte (CNT), que será publicado a inicios de abril, el rating de aprobación de la Presidenta Dilma Rousseff continúa subiendo. En diciembre, el rating de aprobación era del 56% en el sondeo de Ibope, un record para cualquier administración a fines de su primer año en el poder. Lo más notable es que el apoyo para Rousseff se ha elevado más entre la clase media, lo que en verdad es una mala noticia para la debilitada oposición  del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ante la elección general del 2014. Esto también subraya el hecho que la principal oposición a Rousseff en un futuro previsible continuará proviniendo desde adentro.