Informe Latinoamericano – 04 de abril de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-14)

El Presidente Evo Morales ha puesto fin a la especulación. En su reciente cumbre nacional, el Movimiento al Socialismo (MAS) unánimemente seleccionó a Morales como su candidato presidencial ante la elección general del 2014. Esto, a pesar de las dudas que rodean su validez para competir: la constitución del 2009 permite solamente dos periodos presidenciales consecutivos, pero Morales, que primero asumió el poder en enero del 2006 y luego de nuevo en enero del 2010, alega que, como él sirviendo por primera vez bajo la nueva constitución, es elegible para presentarse de nuevo. Mientras que la oposición ha cuestionado este argumento, su debilidad en la legislatura plurinacional –en la cual el MAS tiene aproximadamente una mayoría de dos tercios– significa que es improbable que su cuestionamiento prospere.

La nominación de Morales el 28 de marzo, el último día de la cumbre partidaria de tres días, celebrada en Cochabamba, una vez más expone la escasez de potenciales sucesores. Pese al hecho de que el MAS es la única organización política nacional en el país –tomando cerca del 66% de las municipalidades en la votación regional de abril del 2010, subiendo del 18% en el 2004– su éxito electoral hasta ahora ha sido vinculado con la popularidad personal de Morales y su atracción única que cruza sectores, como líder sindical y Aymara.

Líderes de la oposición, como Juan del Granado del disidente izquierdista Movimiento Sin Miedo (MSM), desafió a Morales a celebrar un referéndum para cambiar el límite constitucional a la reelección consecutiva. Pero la cumbre también resultó controversial por otra razón –la participación de miembros de las fuerzas armadas (FFAA) y de la policía nacional. Esto pese al hecho de que la nueva constitución prohíbe explícitamente que los militares y policías tomen parte en actividades políticas (Arts. 245 y 251).

Mientras el MAS justificaba la presencia de los funcionarios de seguridad sobre la base de que el congreso del partido está abierto “a todos los sectores de la sociedad boliviana”, y otros señalaban el rol previsto para los militares bajo la nueva constitución, que permite su participación en el proceso de “transformación del país”, esto probablemente alimentará las preocupaciones existentes en cuanto a las borrosas líneas entre el partido y el Estado que han surgido, en particular con relación a los militares. El pasado enero, después de su inauguración como jefe de las FFAA, el General Tito Gandarillas describió al ejército como “anti-imperialista y anti-capitalista”, una declaración abiertamente política, mientras que su predecesor, el General Antonio Cueto, asumió una posición política similar en apoyo del proyecto de izquierda de Morales. La cooptación de los militares por el gobierno es común en el bloque izquierdista de integración regional, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), liderada por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

¿Divide y vencerás?

La cumbre del MAS tuvo lugar en un momento difícil para el partido que está internamente escindido sobre varias políticas del gobierno –más notablemente, con relación a la propuesta carretera a través de un territorio indígena y parque nacional, Isiboro Sécure (Tipnis)– que vio a dos principales grupos indígenas bolivianos, Cidob y Conamaq, distanciarse del gobierno a fines del año pasado. Mientras que la dirección del MAS ha reconocido este problema, resaltando como una prioridad para la cumbre de Cochabamba la necesidad de superar las diferencias internas, Morales sigue siendo acusado por varios líderes indígenas de dividir deliberadamente al sector ante la planeada consulta no vinculante, que debe tener lugar el mes próximo, para decidir si el territorio deberá ser declarado ‘intocable’ o si la construcción de la carretera a través del área deberá seguir adelante [IL-12-07].

La Cidob ha anunciado una marcha nacional que comenzará el 25 de abril en contra de la carretera propuesta; la ONU está advirtiendo que las condiciones “no están bien” para que la consulta tenga lugar; y el gobierno está desesperado por evitar una repetición de la marcha del año pasado que duró más de dos meses y que forzó un giro total sobre el tema [IL-11-43]. Líderes indígenas como Fernando Vargas, presidente del Tipnis Subcentral (el propietario legal del Tipnis), han acusado a Morales de utilizar tácticas poco limpias al intentar persuadir a los potenciales opositores al proyecto.

El Tipnis Subcentral recientemente celebró una cumbre en la cual 41 de los 64 comités ratificaron la marcha. Sin embargo, Vargas se quejó de que la ausencia de ocho de las organizaciones se produjo después de reuniones entre los ocho líderes de esas organizaciones con el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Entre otros informes que acusan a Morales de aplicar la “táctica de la zanahoria y el garrote” para ganarse a los indígenas en protesta (ver más abajo), Quintana ha sido acusado de busca dividir  el Cidob con su anuncio de una cumbre para los grupos indígenas de los llanos para redefinir la política del gobierno y elaborar varias iniciativas para beneficiar al sector. Se ha informado que el gobierno firmó acuerdos con siete de los 13 grupos regionales que componen la Cidob.

Más retumbos con EU

El 29 de marzo Morales puso en vigencia la ley que establece el nuevo acuerdo marco bilateral con EU , finalizado en noviembre del 2011 [IL-11-46], con el objeto de restaurar los lazos diplomáticos, que fueron cortados en el 2008. Aún así la promulgación de la ley coincidió con otro punto de tensión en las relaciones bilaterales, en esta ocasión causada por la intercepción de la policía el 27 de marzo de un auto con patente diplomática que llevaba armas. El vehículo, que fue detenido en los predios de UMOPAR, una unidad antidrogas de la  policía, financiada y equipada por el gobierno de EU en la provincia del nordeste de Beni, transportaba tres escopetas, un revólver y 2.350 cartuchos calibre-38.

      Las autoridades aún deben confirmar las identidades de los dos individuos en el auto, pero la prensa local ha informado que ambos eran funcionarios policiales bolivianos, uno de ellos el jefe de seguridad en la embajada de EU. La embajada de EU dijo en una declaración que las armas estaban siendo transferidas de una oficina cerrada en Trinidad, la capital de Beni, a Santa Cruz, bajo un acuerdo con la policía de Bolivia. La declaración agrega que Washington rutinariamente contrata y arma a policías locales en países extranjeros para proteger a sus diplomáticos. Sin embargo, el gobierno de Morales, negó la existencia de tal acuerdo y dijo que el incidente debía ser “investigado”. Quintana fue un paso más y acusó a EU de violar la seguridad nacional y la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas.

• Más dudas sobre la carretera a través del Tipnis

César Uzeda, el director de operaciones internacionales de la compañía de construcción brasilera, OAS, la cual está contratada para construir la controversial carretera a través del Tipnis, ha planteado nuevas dudas acerca de su futuro. La semana pasada, le dijo al diario de negocios de Brasil, Valor, que OAS no podría completar la carretera de US$420m (para la cual el banco nacional de desarrollo de Brasil está proveyendo US$332m del presupuesto de US$420m), en medio de perspectivas de nuevas protestas. La carretera de 300kms, que está diseñada para reducir el tiempo de viaje entre Villa Tunari, en Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, en Beni, está dividida en tres secciones. Mientras que la segunda sección vía el Tipnis fue el centro de las protestas indígenas, Uzeda también planteó dudas sobre la terminación de la primera y tercera secciones.

• Zanahoria y garrote

Fernando Vargas se ha quejado que el gobierno ha estado “chantajeando” a las comunidades locales para que apoyen la carretera a cambio de regalos como alimentos, vestimentas, y medicinas así como también otras promesas de viviendas y desarrollo. Mientras tanto, Tomás Candia, secretario de la juventud de la Cidob, está entre otros que acusa al gobierno de buscar penalizar a los oponentes del gobierno iniciando cargos en contra de 26 líderes indígenas en relación al supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca durante la marcha de setiembre del 2011. También denunciado como una amenaza, fue el reciente anuncio de Juan Ramón Quintana de que 11 líderes del Tipnis serían investigados por desviar supuestamente B$10m (US$1,4m) de fondos del gobierno que estaban destinados para proyectos comunitarios.