Informe Latinoamericano – 28 de junio de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-25)

Las denuncias de golpe parecen contagiosas. Los motines de la policía, esta semana, a lo largo de Bolivia ha llevado al Presidente Evo Morales a clamar que “las fuerzas de la Derecha” han infiltrado las protestas para montar el escenario para un “golpe”. Aunque los policías descontentos tenían claras demandas –por mejores de salarios y de las condiciones de trabajo– y la oposición política acusó a Morales de recurrir a una táctica ya familiar de calificar cualquier malestar como un complot desestabilizador, la rebelión, que ha terminado luego de un acuerdo concretado con el gobierno, es el último signo de la crisis dentro de la institución.

El malestar, que ha dejado en general a varias personas heridas, adquirió fuerza después que una unidad de elite de la policía en La Paz, la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía (Utop), expulsó a sus comandantes el 21 de junio, siguiendo a los intentos de expulsar a las esposas de los policías de los cuarteles. Las esposas de los policías han sido clave en montar las protestas. También han tenido lugar revueltas en capitales provinciales como Santa Cruz, Tarija, Potosí y Cochabamba. En cierto momento, la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) estimó que unos 3.000 de los 33.000 funcionarios policiales habían abandonado sus funciones.

Como palanca de las demandas de Anssclapol fue la necesidad de llevar los salarios y las condiciones en línea con los que disfrutan los militares (FFAA). Mientras los oficiales de policía de menor nivel reciben un pago de BS$1.200 (US$174), los oficiales de las FFAA de similar rango (suboficiales o sargentos) reciben un salario promedio mensual de BS$2.500 (US$364). Como también demandan una pensión equivalente a su salario final pleno luego de retirarse –otro beneficio del que disfrutan las FFAA– Anssclapol está ñpidiendo la creación de un defensor público de la policía y la anulación de la Ley 101 de abril del 2011 sobre disciplina policial, que sus detractores afirman que niega los derechos constitucionales a los oficiales de menor rango.

El acuerdo concretado el 27 de junio, otorga algunas de esas demandas. El ministro del Interior, Carlos Romero, dijo que concesiones como el aumento de 9% en los salarios; provisión de alimentos por un valor BS$110 y un bono de BS$400 eleva el salario mínimo a BS$2.055 (US$293). El acuerdo también provee para la creación de un defensor público de la policía, la promesa de revisar la Ley 101, y la creación de una comisión para analizar las demandas referidas a las pensiones. Aunque el acuerdo ha servido para que Anssclapol ponga fin al malestar, la rebelión ha servido como el último signo de desafección dentro de la institución –un problema que ha atraído creciente atención en meses recientes. Esto siguió al rechazo por altos oficiales del Coronel Víctor Santos Maldonado el mes pasado para reemplazar al General Jorge Santiesteban quien se retiró por alegatos de corrupción [IL-12-21], como también más frustración dentro de la institución sobre el manejo de Morales de la represión policial del año pasado relacionada con las protestas contra la propuesta de construcción de una carretera a través del territorio indígena (Tioc) y el parque nacional, Isiboro Sécure (Tipnis) [IL-11-39].

Los pedidos para que los salarios y las condiciones de trabajo sean puestos en línea con los disfrutados por las fuerzas armadas, también apuntan a un resentimiento más general dentro de la policía  con relación al percibido tratamiento preferencial hacia los militares de parte de Morales. La Red de Información Andina (RIA) con base en Cochabamba, rastrea este resentimiento refiriéndose a la histórica rivalidad entre los militares y la policía, que fue exacerbada durante la guerra a las drogas que tuvo lugar bajo la segunda administración de Hugo Banzer Suárez (1997-2001) como resultado de una mezcla de misiones, por la cual los militares recibieron el rol de erradicación, una tarea más acorde para la policía, y la policía recibiendo entrenamiento militar antidrogas. La RIA también apunta que mientras las FFAA fueron utilizadas para patrullar las calles y reprimir las protestas populares bajo Banzer, la reacción violenta ante la represión por el ejército en el 2003, conocido como "octubre negro" que tuvo lugar bajo Gonzalo Sánchez de Lozada, dejó a los militares menos dispuestos a intervenir. Por tanto, el rol de “represor” volvió a aplicarse a la policía que desde entonces ha sido acusada de violaciones contra los derechos humanos en medio de violentas represiones –como la represión en el Tipnis.

• Ecos del pasado

La revuelta en La Paz atrajo particular atención debido a un precedente; una protesta policial que comenzó en los mismos cuarteles en el 2003, bajo la administración del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003), disparada por los planes del gobierno de reformar el servicio policial, fue sofocada por los militares, resultando en 19 muertos.