Informe Latinoamericano – 09 de agosto de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-31)

El Presidente Otto Pérez Molina está anunciando progresos en la reforma de la policía nacional (PNC). Esto le sigue a la anterior aprobación este mismo año, de otra cuestión con la que sus predecesores tuvieron problemas –la reforma fiscal [IL-12-08]. La reforma de la policía se produce a pesar de las dudas en relación al compromiso de Pérez Molina de llevarla a cabo, dados sus antecedentes militares (él sirvió como jefe de la inteligencia militar [D-2]) durante la guerra civil de 1960-1996 y su previa disposición de involucrar a los militares en temas de seguridad ciudadana –una estrategia que, como los grupos de la sociedad civil advirtieron, socavan los esfuerzos para fortalecer la aplicación de la ley de parte de civiles.

En lo que la comisionada para la reforma policial, Adela Camacho, describe como el “primer paso para profesionalizar la institución [policial]”, el 1 de agosto Pérez Molina inauguró una nueva escuela de entrenamiento de oficiales. Cumpliendo una promesa que hizo al asumir la presidencia en enero del 2012, la nueva academia fue construida con una inversión de US$1,9m y tendrá un ingreso inicial de 80 oficiales de policía. Su inauguración también coincide con la graduación de 1.530 nuevos agentes de policía que habían completado un curso de seis meses, en línea con otra promesa hecha por Pérez Molina luego de asumir el poder: que agregaría unos 10.000 oficiales de policía adicionales a la fuerza durante cuatro años. El declarado compromiso de Pérez Molina de fortalecer la PNC también se vio reflejado en su propuesta de reformas constitucionales [IL-12-29]. Aunque los cambios incrementarían el rol de los militares de “defensa de la soberanía y la integridad territorial” para permitirles “apoyar a las fuerzas civiles de seguridad en la seguridad interna”, ellos también establecerían a la policía como la fuerza de seguridad responsable por la prevención e investigación de delitos y el mantenimiento del orden público.

La necesidad de incrementar el tamaño de la policía y fortalecerla como institución, ya desde hace tiempo es considerada esencial para abordar la crisis de seguridad del país y ha estado en la agenda del gobierno desde el final de la guerra civil. Un informe de julio del 2012 del International Crisis Group (ICG) con base en Bruselas, admite que incrementar la policía y reducir las fuerzas armadas fue una de las pocas áreas en las que los gobiernos de Guatemala cumplieron las obligaciones estipuladas en los acuerdos de paz de 1996, que pusieron fin al conflicto interno: el ICG señala que la policía ha crecido de 12.000 a 25.000 funcionarios, mientras que los militares fueron recortados de 47.000 a alrededor de 17.000. Aún  así, el informe señala que Guatemala continúa rezagada  comparada con sus vecinos en términos de la cantidad de policías respecto a su población: el país tiene 174 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que Honduras tiene 180 y El Salvador, 334.

Los problemas se relacionan no sólo con el tamaño sino también con la estructura y el profesionalismo de la policía que es ampliamente considerada como una de las más corruptas e ineficientes instituciones en el país: mientras que en América Latina en conjunto, solamente un tercio (33%) del público siente alguna o mucha confianza en la policía, de acuerdo con el último sondeo de Latinobarómetro difundido en mayo del 2012, esto cae al 15% en Guatemala. Destacando las raíces históricas de esta debilidad institucional, el ICG señala que en el apuro por expandir la policía luego del fin de la guerra civil, “muchos ex miembros de la vieja Policía Nacional fueron incorporados en la nueva PNC con poco entrenamiento adicional o controles de antecedentes” mientras que “los investigadores de derechos humanos recién ahora están ahora escrutando el rol de las escuadras de la muerte de la policía durante el conflicto armado”. El pobre liderazgo –que la nueva academia apunta abordar– también ha sido atribuido a problemas en el tope del ministerio del interior, el cual supervisa a la PNC. Esto fue ilustrado bajo el gobierno previo del Presidente Álvaro Colom (2008-2012), que tuvo cinco ministros del interior y cinco jefes de la PNC.

Una razón para el optimismo con relación a las chances de éxito de Pérez Molina, comparado con las de sus predecesores proviene de los fondos que él teóricamente tiene a su disposición. Vale destacar que Colom también reconoció la necesidad de una reforma policial –la designación de una prominente activista de derechos humanos, Helen Mack, en enero del 2010 para el recientemente creado cargo de comisionado presidencial de la reforma policial había elevado las esperanzas de una transformación de la policía. Aún así estos esfuerzos se estancaron debido a la falta de presupuesto. Un informe de enero del 2012 del think-tank holandés, Clingendael Institute, por ejemplo, dijo que la reforma policial bajo Mack “había sido seriamente socavada por la reubicación de recursos de la PNC y el ministerio del interior hacia otras partes del gobierno. En el 2010, por ejemplo, el presupuesto de la policía fue recortado por unos 207 millones de quetzales [US$26m].”

El éxito de Pérez Molina en superar los obstáculos afrontados por su predecesor a fin de tener aprobada la reforma fiscal –descrita por el ICG como un “prerrequisito para cualquier  significativa actualización de las fuerzas de seguridad”– lo deja en una posición más fuerte; se espera que la reforma fiscal reúna unos US$585m adicionales durante los próximos cuatro años. El ICG, sin embargo, estima que los planes de Pérez Molina para agregar unos 10.000 oficiales de policía adicionales durante el curso de su mandato implicaría un costo adicional de US$337m en salarios más US$45m para entrenamiento de reclutas –lo que representa un 65% de los ingresos agregados proyectados bajo la reforma.

Bases militares

Pérez Molina declaró su compromiso con la reforma de la policía, sin embargo llega en medio de otros signos del continuo uso de los militares para la seguridad ciudadana –una estrategia que ya ha atraído considerables críticas por su declaración (suspendida luego) del estado de sitio en la municipalidad indígena de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango [IL-12-19].

El 30 de junio, Pérez Molina inauguró dos nuevas bases militares: una en San Juan Sacatepéquez, en la región de Guatemala; y la otra en la región del Petén, que bordea México. Ambas son controversiales por razones diferentes. Como Santa Cruz Barillas, San Juan Sacatepéquez ha visto tensiones sociales causadas por la oposición a la construcción de una planta procesadora de cemento por una compañía local, Cementos Progreso, que debe comenzar a operar en el 2014. La decisión dejó a Pérez Molina expuesto a acusaciones de inclinarse hacia los militares para defender los intereses de empresas involucradas en la extracción de recursos y proyectos de industrialización impopulares con las comunidades. Por su lado la nueva Brigada Especial de Operaciones de Selva enviada al Petén, que incluye, controversialmente, un contingente de las fuerzas especiales de elite ‘Kaibiles’. Los Kaibiles, creados en 1975, ganaron una notoria reputación durante la guerra civil, y fueron sospechados de algunos de los peores hechos de violencia perpetrados durante ese periodo. Algunos ex miembros de los Kaibiles también han sido vinculados con la banda traficante de droga mexicana Los Zetas, que está establecida en Guatemala. Pérez Molina ha sugerido planes para abrir nueve bases militares más este año.

• La primera para Guatemala

Esta semana, Guatemala está celebrando su primera medalla Olímpica desde que el país tomó parte por primera vez en los Juegos Olímpicos en 1952. El 4 de agosto, Erick Barrondo obtuvo una medalla de plata en la carrera de caminata de 20kms en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, justo detrás de Chen Ding, de China. El Presidente Otto Pérez Molina se apresuró para felicitar al joven de 21 años, y el congreso votó unánimemente para convertirlo en Caballero de la Orden del Soberano Congreso. Barrondo también recibirá US$64.000.