Informe Latinoamericano – 04 de octubre de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-39)

Esta semana el gobierno de Argentina, liderado por la Presidenta Cristina Fernández se vio forzado a echarse atrás sobre un decreto (1307/12) relacionado con los ajustes en la escala de pagos para las fuerzas de seguridad paramilitares –la gendarmería (GNA) y la prefectura naval (PNA)– después de que los cambios provocaran protestas masivas, con las fuerzas quejándose de que las medidas habían resultado en recortes en los pagos de entre el 30% al 60%. Al anunciar la suspensión de la medida y ofrecer pagos retroactivos a los agentes en octubre para así asegurar que ellos tendrán el mismo salario que en septiembre, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo que el gobierno lanzaría una detallada investigación para determinar si los recortes habían sido el resultado de una “desastrosa” implementación del decreto o si fueron resultado de causas más siniestras por personas desconocidas “buscando crear el caos, usando a aquellos por debajo para mantener los privilegios de aquellos en lo alto. Nosotros no vamos a mezclar justos con pecadores”.

Como parte de esta investigación, renunciaron los jefes de las dos fuerzas –el Comandante General Héctor Schenone (GNA) y el Prefecto General Enrique Julio Congolani (PNA). El nombramiento de dos nuevos jefes de relativamente baja antigüedad dentro de su rango –el Comandante General Enrique Zach (GNA) y el Prefecto General Luis Alberto Helier (PNA)– significa que al menos otros 10 altos oficiales en cada fuerza, de mayor antigüedad, han sido sobreasados para ocupar los puestos y efectivamente pasados a retiro. La ministra de seguridad Nilda Garré aún debe identificar a aquellos oficiales.

Los agentes insisten en que su acción de protesta es “pacífica” y relacionada solamente con la cuestión salarial. El 3 de octubre votaron contra una propuesta para marchar a la histórica Plaza de Mayo, debido a la asociación que el público podría tener con una decisión de ese tipo como un intento de golpe. Raúl Maza, uno de las más francas voces de los gendarmes en protesta, declaró, “Que nadie se equivoque. Este no es un golpe de estado. Nadie tiene armas”, dijo, y pidió que una bandera que recordaba al fallecido líder Carapintada de un fracasado golpe, Mohamed Alí Seineldín, sea removida de la demostración. No obstante, las protestas indicaron claramente que la cadena de mandos había sido rota, no solamente dentro de la jerarquía de las fuerzas, sino también a nivel político; los agentes de la PNA y la GNA, debían haber obedecido al llamado de la ministra Garré de retornar a sus tareas activas, pero en cambio, la GNA ha declarado una huelga nacional hasta el martes (9 de octubre), abandonando todos los puestos, que incluyen todos los cruces de fronteras, hasta que el gobierno responda a una petición conjunta de seis puntos sometida al ministerio de seguridad por la PNA. Las dos fuerzas se mantendrán dentro de sus cuarteles hasta entonces.

El decreto en cuestión, apuntaba a “regularizar” las escalas de pago y “formalizar” [esto es, para fines fiscales] algunos de los bonos que los agentes reciben por extender sus turnos o por trabajar fuera de sus provincias natales, etc. También buscaba eliminar totalmente algunos de los bonos. El resultado fue una aguda reducción en los salarios, dependiendo de la antigüedad y las escalas de pago. Esto provocó una protesta inicial de la PNA en la ciudad de Buenos Aires, el 2 de octubre, que rápidamente se extendió a otras fuerzas y otras partes del país. El ministerio de seguridad apresuradamente se echó atrás en el programado ajuste de pagos para la GNA este mes, pero ya fue muy tarde; la GNA se había unido a la protesta en solidaridad con la PNA.

El 3 de Octubre los protestantes ocuparon el cuartel general de la prefectura en Buenos Aires, El Edificio Guardacostas, y el puerto de Rosario, en la provincia de Santa Fe. La GNA hizo demonstraciones en la provincia de Buenos Aires (Zárate, Dock Sud, La Plata, Ensenada, Mar del Plata, y Quequén); Barranqueras (Chaco); Posadas (Misiones) Paso de los Libres (Corrientes); Jesús María (Córdoba); San Juan (San Juan); Mendoza (Mendoza); Comodoro Rivadavia (Chubut) y Río Gallegos (Santa Cruz). Un decreto similar (1305/12) para las fuerzas armadas está pendiente de implementación y en la actualidad algunos oficiales se están demostrando afuera de los cuarteles de la armada, en solidaridad con la PNA y la GNA. Según los informes locales, los miembros de la policía federal (PFA), el ejército y la Policía Bonaerense (de la provincia de Buenos Aires) también se han unido a las protestas (aunque no a nivel institucional)

• Las demandas de la GNA y la PNA

Además de dejar sus salarios intactos, las fuerzas han pedido:

1. Garantías de que no se tomarán sanciones disciplinarias, administrativas o judiciales contra los participantes en la protesta;

2. Una exhaustiva discusión acerca de las escalas de pago y un salario mínimo garantizado de AR$7.000 (US$1.488) después de impuestos;

3. La creación de un comité, que incluya a miembros de bajo rango, para discutir las escalas de pagos para miembros activos y retirados de las fuerzas de seguridad;

4. La inclusión de los agentes en el programa de seguro de riesgo (ART) relacionado con sus tareas;

5. Libertad de elección de proveedores de seguros de salud pre-pagos;

6. Reconocimiento y adhesión del gobierno federal a todas las prescripciones judiciales y fallos en relación a la disputa salarial.