Informe Latinoamericano – 25 de octubre de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-42)

Una ley para la venta de tierras del estado en la zona de libre comercio de Colón (ZLC) ha producido el último bochorno para el Presidente Ricardo Martinelli, cuyas marchas atrás sobre varias iniciativas populares se han convertido en un rasgo definitorio de su gobierno. El último revés –que hizo que Martinelli prometa derogar la ley, sólo cuatro días después de ser aprobada– no solamente hizo revivir las dudas sobre los gastos del gobierno que habían emergido a raíz de otra iniciativa desechada (su propuesta en junio de vender acciones del gobierno en los sectores de las telecomunicaciones y la energía [IL-12-24]. También se han reavivado las preocupaciones sobre la brutalidad de la policía después que los choques con manifestantes en protesta dejaron tres muertos, incluido un niño de nueve años.

Aprobada por Cambio Democrático (CD) liderado por Martinelli en la cámara unicameral de 71 miembros, el 19 de octubre, la Ley 72 establece que 35% de los ingresos generados por la venta de tierra en la ZLC de Colón, la segunda área más grande de comercio libre de impuestos en el mundo después de la ZLC de Hong Kong, sería reinvertido en el área con el resto yendo a las arcas del gobierno central.

Martinelli insistió que la medida inyectaría recursos de vuelta en la que es una de las más empobrecidas regiones del país (las cifras citadas por la prensa local ubica la pobreza en 45% de los aproximadamente 242.000 habitantes, por encima del promedio nacional de pobreza de 25,8% para la población nacional de 3,4m). Los escépticos fueron rápidos en descartar la ley como una estratagema que apunta a cubrir los gastos del gobierno y mantener reducido el déficit –el mismo motivo sospechado para la venta de acciones en los sectores de las telecomunicaciones y la energía, que Martinelli se vio forzado a revocar.

Mientras que Panamá lideró la región en términos de crecimiento el año pasado (con 10,6%) y tiene el más alto pronóstico para el 2012 (9,5%), de acuerdo con el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU, difundido este mes, la deuda pública permanece como preocupación; de acuerdo con un informe difundido por el ministerio de economía y finanzas (MEF) en junio de este año, la deuda pública de Panamá llegó a US$13,8mm en la primera mitad del 2012, subiendo de US$12,5mm en el 2011, US$11mm en el 2010, y US$10,8mm en el 2009, el año que Martinelli asumió el poder. La creación del gobierno en mayo pasado de un fondo soberano de riqueza y su decisión de elevar el techo sobre el déficit fiscal en el 2012, a 2,9% del PIB, subiendo de 2%, igualmente han avivado las preocupaciones relacionadas con la responsabilidad fiscal.

La Ley 72 sirvió como el último punto de coincidencia para la recientemente establecida alianza opositora, Frente por la democracia, compuesto de los dos principales partidos de oposición, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y el Partido Panameñista (PPA) y varias organizaciones de la sociedad civil. También fue rechazada por el poderoso sindicato de trabajadores de la construcción, Suntracs, y grupos de presión privados como la cámara de comercio, industria y agricultura (CCIAP) y la asociación de ejecutivos de empresas (Apede). La última emisión de una declaración urgiendo el consenso y la estabilidad en la ZLC, que está ubicada justo fuera de la ex Zona del Canal de Panamá, dada su importancia económica para el país. (De acuerdo con Apede, unas 2.500 compañías operan actualmente en la ZLC, proveyendo empleo para 27.347 personas, y contribuyendo con más de US$1,3mm a la economía, lo que equivale a un 8% del PIB).

Los expertos legales también cuestionan la legalidad de la propuesta: dos asociaciones de abogados presentaron quejas ante la corte suprema sobre la base que la ZLC de Colón es un sitio rellenado (creada usando tierra del fondo marino) y no puede ser vendido, pues el Artículo 258 de la constitución, establece que los espacios aéreos, la plataforma continental, el suelo marino y el subsuelo pertenecen al Estado.

Una respuesta ya conocida

Tal como ha sido el caso con otras controversiales medidas tomadas por Martinelli, fue el uso de la represión policial en respuesta a las protestas lo que hizo aparecer titulares en la prensa internacional y lo que finalmente forzó al presidente a dar marcha atrás. (Él anunció el 23 de octubre que derogaría la ley, aunque hasta ahora no lo ha hecho). La aprobación de la ley disparó las protestas y saqueos en Colón, que pronto se extendieron a otras partes del país, incluida la capital. Las autoridades aún deben proveer un informe completo, pero la prensa local ubica el número de muertos en tres, causadas por el uso de gas lacrimógeno y disparos de armas de parte de la policía para dispersar a los que se demostraban en protesta. Magaly Castillo, directora ejecutiva del grupo de la sociedad civil, Alianza Ciudadana pro Justicia (ACPJ), estuvo entre quienes rápidamente encontraron analogías con incidentes previos –más notablemente, las protestas de Bocas del Toro en julio del 2010, donde los choques derivados del intento (fallido) de Martinelli de debilitar la legislación sindical y medioambiental provocaron dos muertes y cientos de heridos [IL-10-44].

La ACPJ está preparando un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas más recientes, para someterlo a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIADH). Castillo destaca la violencia como evidencia del fracaso del gobierno de abordar las preocupaciones previas relacionadas con la policía –no menos la influencia del controversial ex jefe de policía, Gustavo Pérez de la Ossa, en el gobierno de Martinelli [IL-12-12]: el mes pasado, Pérez de la Ossa fue cambiado del cargo de presidente del consejo nacional de seguridad del estado dependiente del ejecutivo al puesto de viceministro de seguridad.

• Más juicios equivocados

El Presidente Ricardo Martinelli ha exacerbado los sentimientos anti-gobierno al negarse a acortar su gira por Asia, donde estaba visitando Japón y Vietnam en busca de inversiones. Otros miembros de su Cambio Democrático (CD) también desplegaron una carencia de tacto político: Sergio Gálvez, el presidente del congreso y legislador por CD, fue forzado a pedir disculpas por los comentarios que hizo durante la aprobación de la ley, en los cuales él se burló de la oposición diciéndole que “vaya al cementerio a llorar” –comentario que hizo que el consejo municipal de Colón lo declare persona non grata.

Nuevo nombramiento judicial

La reciente designación de Heriberto Araúz Sánchez para reemplazar a Gerardo Solís como presidente del tribunal supremo electoral (TSE) (cuyo mandato de 10 años expira el 14 de noviembre ha llamado la atención, no menos considerando las elecciones presidencial y legislativa del 2014.

La prensa local citó a expertos legales y políticos de la oposición como planteando preocupaciones acerca de la independencia de Araúz, un profesor en ley constitucional quien previamente trabajó para la oficina del contralor. Araúz recibió el apoyo de todos los cuatro jueces de la corte suprema de justicia designados por Martinelli como también otros dos. Araúz también fue parte del “comité de notables” designado por Martinelli para elaborar las reformas constitucionales que aún están siendo discutidas.

Rogelio Paredes, el segundo vicepresidente del PRD dijo que el partido estaba en alerta porque Araúz apoya la reelección; Martinelli está constitucionalmente impedido de buscar la reelección en el 2014, y levantar la prohibición es altamente impopular.