Informe Latinoamericano – 15 de noviembre de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-45)

Tan pronto el Presidente Evo Morales terminó de dar rienda suelta a su crítica acerca del duro tratamiento que recibió Bolivia de parte del gobierno de EU en su evaluación del desempeño antidroga que algo del mismo tipo provenó de un sector totalmente inesperado: el cónsul general de Chile en La Paz.

En una entrevista con el diario El Deber, publicada el 10 de noviembre, el cónsul general de Chile, Jorge Canelas, dijo: “Uno de los puntos de nuestra relación que más nos preocupa es el crecimiento exponencial de la cantidad de drogas incautadas que proviene de Bolivia.”

Él dijo que en el pasado la policía chilena interceptaba cargamentos de 50, 80, y hasta de 100 kilos de droga, mientras que en estos días se ha convertido en algo común  incautar cargas de media tonelada o incluso de hasta 1,7t. A fines de octubre, la policía de Santiago interceptó una carga de 1,7t de marihuana, cocaína clorhídrica y pasta base de cocaína –la incautación de drogas más grande jamás registrada.

Canelas agregó que como resultado de los crecientes volúmenes interceptados, las autoridades chilenas habían tenido que ajustar los controles a mercaderías procedentes de Bolivia que pasan a través de puertos chilenos y que están afectando el flujo del comercio. Una preocupación agregada es que los puertos chilenos podrían terminar siendo considerados “puntos de peligro” o conductos para el comercio de la droga.

El canciller boliviano, David Choquehuanca, dijo que organizaciones tales como la ONU habían sostenido que Bolivia era un país de tránsito, no un país productor de drogas. También subrayó que la Oficina de la ONU sobre Drogas y Delito (UNODC) había verificado una reducción neta del 12% en el área dedicada al cultivo de la coca en Bolivia. El gobierno de Morales sigue insistiendo en que el grueso de la cocaína que pasa a través de Bolivia procede de Perú.

Cooperación con los vecinos

En lo que parece ser un claro intento de disipar las dudas acerca del compromiso de los esfuerzos antidrogas de Bolivia, el 14 de noviembre en Lima, el ministro del interior de Bolivia, Carlos Romero Bonifaz, firmó un acuerdo con su par peruano, Wilfredo Pedraza, y el ministro de justicia brasilero, José Eduardo Cardozo, para establecer un grupo técnico de trabajo para preparar dentro de 60 días, una serie de mecanismos prácticos para la acción conjunta antidrogas.

La misión del grupo incluye el fortalecimiento de la acción conjunta en el control de fronteras (terrestre, aéreo, y fluvial), y una incrementada cooperación en cuestiones policiales e intercambio de inteligencia, así como también compartir experiencias en la lucha contra las drogas. Pedraza dijo que el grupo de trabajo debe ser eminentemente técnico y no político, “porque de otro modo no habrá progresos”.

Asistiendo a la reunión estaba una constelación de funcionarios de alto rango: la ministra de justicia de Perú, Eda Rivas, el vicecanciller Fernando Rojas, el representante de UNODC, Flavio Mirella, más funcionarios de alto nivel involucrados en funciones antinarcóticos en los tres países.

Los tres firmantes del acuerdo insistieron en que ellos tomarían la fecha límite seriamente, y que esperaban reunirse de nuevo pronto para empezar a tomar decisiones sobre la base de los esfuerzos del equipo de trabajo técnico. Vale señalar que los tres países ya están involucrados en ejercicios similares a nivel bilateral.