Informe Latinoamericano – 15 de noviembre de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-45)
BRASIL: Funcionarios condenados del PT, destinados a un infierno creado por ellos mismos
Las tensiones entre la justicia de Brasil y el gobernante Partido dos Trabalhadores (PT), de Izquierda, cayeron a nuevas profundidades después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) dictaminará duras sentencias de prisión para el ‘núcleo político’ del esquema multimillonario en dólares de compra de votos en el congreso, conocido como el mensalão. Quejándose acerca de las largas sentencias aplicadas a sus colegas de partido, el ministro de justicia, José Eduardo Cardozo, mencionó que él “prefería morir” que pasar tiempo en prisión en Brasil. El STF replicó mordazmente que el mismo ejecutivo federal –a través del ministerio de justicia– es el responsable de “el infierno en los presidios”. La reforma de prisiones, desde hace tiempo en la agenda pero raramente priorizada, podría aún obtener inesperados ímpetus del mensalão.
Irónicamente, los funcionarios del PT condenados bien podrían sacar algún beneficio del caótico estado del sistema de prisiones del país. Con unos estimados 550.000 reclusos en el 2011, Brasil tiene la cuarta mayor población penitenciaria después de EU, China, y Rusia. Por ejemplo, José Genoino, presidente del partido durante el mensalão, es elegible para cumplir su sentencia bajo un régimen semi-abierto. Debido al hecho de que su sentencia es de menos de ocho años, él puede asistir a una prisión especial donde los reclusos tienen alguna libertad de movimiento fuera de prisión durante el día, por ejemplo para asistir a su trabajo diurno, pero debe retornar a la noche para dormir. Sin embargo, estas facilidades están sobre-solicitadas, de acuerdo con las propias cifras del ministerio de justicia –con un déficit de 22.902 lugares en diciembre del 2011– y los abogados sospechan que Genoino podría eventualmente cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario.
Genoino recibió la sentencia más liviana: seis años y 11 meses por asociación ilícita y corrupción activa. El ex tesorero del PT, Delúbio Soares, fue sentenciado a ocho años y 11 meses. Y José Dirceu, quien como ministro de la presidencia fue el número dos bajo Lula da Silva (2003-2010) en el primer gobierno del PT (2003-2006), y fue condenado por la corte como el arquitecto principal del mensalão, recibió una sentencia de prisión de 10 años y 10 meses, sobre los mismos cargos. La corte también ordenó a Dirceu pagar una multa de R$676.000 (US$330.000). Bajo la ley, él tendría que cumplir un año y nueve meses en prisión antes de solicitar un cambio de régimen. Como abogado, él también tendría derecho a una celda especial. Se espera que Dirceu cumpla su tiempo en el complejo penitenciario de Tremembé, una instalación de máxima seguridad en el estado de São Paulo. Tremembé es apodada ‘Presídio de Caras’, en referencia al número de reclusos de alto perfil que cumplen su sentencia ahí (Caras es una revista de chismes de las celebridades).
Dirceu, quien ha calificado todo el juicio como una caza de brujas política, condenó la “injusta sentencia” y prometió continuar luchando contra su condena, incluso desde prisión. Sus abogados juraron que apelarían. En su blog, Dirceu hizo referencia a su pasado de rebelde de izquierda. “Durante la dictadura militar, puse mi vida en la línea, fui arrestado y encarcelado. Fui prohibido de estar en el país, pero no abandoné y volví a luchar por la democracia en Brasil.”
El 14 de noviembre, el ejecutivo nacional del PT emitió una respuesta oficial a la Acción Penal 470 del juicio del mensalão en su sitio web, en el cual acusó al STF de estar “politizado”. En un documento de cinco puntos el PT alega: 1) que el STF no garantizó el pleno derecho a la defensa; 2) que se basó en evidencia circunstancial; 3) que la teoría de ‘la autoría de facto’ que, en general equivale a tener la implícita responsabilidad de un delito, en virtud de la jerarquía de uno, es rebatible. En otras palabras, Dirceu no podría no haber conocido acerca del esquema y que una persona en su posición debía haber estado al tanto de lo que estaba ocurriendo; 4) que el STF en sus acciones corre el riesgo de crear la inseguridad judicial; 5) que el STF, bajo intensa presión de la prensa conservadora, hizo un juzgamiento político.
Ese punto final se hace eco de Lula, quien siempre ha negado la propia existencia del mensalão, calificándolo como una conspiración contra su administración de parte de la prensa conservadora y la oposición política. Él se mantuvo hermético esta semana. Urgido para que haga un comentario después de la sentencia, su escueta respuesta fue: “Yo no sé nada, pues yo no lo he visto, mi hijo”. Convenientemente, Lula viajó a África y Asia el 15 de noviembre, en su rol de embajador itinerante para Brasil, alejándose del escándalo.
EL PT ha prometido “luchar por la justicia”. De todos modos, las carreras políticas de los tres hombres ahora han definitivamente terminado, pues bajo la ley de ‘pizarra limpia’ que también marcó un hito en Brasil (junio del 2010) ellos no podrán buscar un puesto electo por años; en el caso de Dirceu, esto significa que él bien podría estar en sus 80 años de edad. En el 2005, el PT fue sacudido hasta su propio centro por la implicancia en el escándalo de Dirceu en particular, quien dominaba el partido con puño de hierro pero con guantes de terciopelo. Para los votantes de Brasil, desde hace tiempo acostumbrados a la corrupción oficial, el mensalão simplemente le sacó el brillo al PT, pero en gran medida gracias a Lula no lo dañó electoralmente. Lula fue reelecto cómodamente en el 2006, seguido por su favorecida sucesora Dilma Rousseff en el 2010. Asumiendo que la economía se recuperará, es razonablemente probable que Rousseff, fuertemente apoyada por Lula, también sea reelegida en el 2014. El mismo Lula, habiéndose salvado de ser manchado por la corrupción, ahora está concentrando sus esfuerzos en fomentar una nueva generación de líderes del PT, tales como el recientemente electo alcalde de São Paulo, Fernando Haddad. En ausencia de los viejos fieles del partido como Dirceu, algunos de los tradicionalistas en la base del partido temen que Lula y Dilma estén llevando al PT en una nueva (y no totalmente bienvenida) dirección. Pero la realidad es que Lula está –y estaba en el 2002 cuando el PT ganó el poder por primera vez– adelantándose en el intento de arrastrar al PT hacia el centro.
Otras implicaciones
El dictamen del STF que marca un hito, es un estímulo para la desacreditada justicia brasilera, que por años ha sido vista como falta de voluntad, o incapaz enfrentar la corrupción oficial, permitiendo una largamente enraizada sensación de impunidad que prevalecía entre la elite política (y empresarial). Notablemente, la mayoría de los 10 magistrados de la corte suprema que supervisaron el caso del mensalão fueron nombrados por el mismo Lula: algo que la respuesta oficial del PT rápidamente pasó por encima cuando acusó a la corte de estar politizada.
Un historiador brasilero, José Murilo de Carvalho, expresó al diario conservador O Estado –que con el resto de la prensa conservadora de hecho ha jugado un papel importante en publicitar el mensalão– que el juzgamiento podría facilitar un cambio en la cultura política de Brasil, “en el sentido de hacerla más Republicana, más atenta a los valores del bien público”. Carvalho dijo que la historia aún juzgaría favorablemente la era Lula, principalmente por los grandes avances en la inclusión social. Eso, enfatizó, también es democracia.
La historia podría aún juzgar a la sucesora de Lula, Rousseff, como más que una Republicana, por sus esfuerzos en limpiar y abrir la política y potencialmente, asumir un rol menos personalista como presidenta, para fortalecer las instituciones de Brasil. La sentencia también impulsará la posición regional e internacional de Brasil, apalancando sus esfuerzos por ser tomado más seriamente como un jugador de peso en la arena internacional. Discutiblemente, entre sus socios del BRICS (Rusia, India, China y Sudáfrica), Brasil es el de mejor funcionamiento, tanto en términos de su democracia social y su ya hace tiempo establecido marco institucional, que se remonta no sólo a décadas, sino a cientos de años.
Como era predecible, la oposición ha tratado de aprovechar políticamente el dictamen. El senador Álvaro Dias, el líder en la cámara alta del principal partido opositor el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), declaró: “La importancia es el simbolismo de la sentencia, que implica prisión [...] De otro modo, la población podría continuar con el concepto de que los poderosos no son castigados”. Y agregó que el próximo paso es “destruir el modelo que ha generado el mensalão como la manipulación del Estado [y] la permanente negociación; la distribución de puestos”.
Por último, en la superpoblada arena política de Brasil, esto significa reforma política, una frase no pronunciada ni una vez por políticos de cualquier color esta semana. Y, de manera llamativa, la última investigación del congreso de corrupción (la comisión parlamentaria de investigación, [CPI] sobre el caso Cachoeira) – que involucro posibles vínculos entre empresarios brasileros corruptos y potencialmente docenas de políticos a través de todo el espectro– ha sido cerrada efectivamente (y por descarados motivos de intereses propios), por el congreso.
- Sigue la violencia en São Paulo
Otra urgente razón para la reforma del sistema de prisiones es el dominio completo que ejerce la mayor banda criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC), en las principales prisiones del país. El PCC, que controla la mayoría de las prisiones de São Paulo, se presume que está detrás de la última ola de violencia en la ciudad. Hubo alrededor de 150 homicidios en la región metropolitana en las dos semanas pasadas, con 94 oficiales de la policía militar ‘ejecutados’ hasta ahora este año.
- Valério y otros próximos a conocer su destino
El STF sentenciará la semana próxima a otros actores principales en el mensalão, incluido el ex publicista Marcos Valério, quien en un esfuerzo por reducir su sentencia (que probablemente sea de décadas) está cooperando con las autoridades y ha implicado a Lula en el esquema, alegando que como Presidente él conocía todo acerca del mismo. Lula ha desechado sus acusaciones como un “mentira”.