Informe Latinoamericano – 21 de febrero de 2013 (ISSN 1741-7317) (IL-13-07)

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia últimamente ha atraído el interés del público por varias razones. Los siete miembros de la corte recientemente emitieron una resolución contra cuatro artículos de la ley de autonomía del 2010, que han permitido a ciertos opositores del gobierno suspendidos de sus puestos por supuesta corrupción, a que reasuman sus responsabilidades. Saludado como un signo más de la independencia del TCP, la movida se produce en momentos en que la corte debe considerar la legalidad de la candidatura del Presidente Evo Morales, antes de las elecciones generales del 2014.

El 6 de febrero la corte, que fue electa en una votación pública sin precedentes en octubre del 2011, falló en contra de cuatro artículos de la ley del 2010, que estipula que las autoridades electas que enfrentan investigaciones por corrupción sean suspendidas de sus puestos. Esto también le siguió a otros signos de independencia –no menos la decisión de noviembre del 2012 contra el delito de desacato, que incluye la difamación y calumnia contra altos funcionarios públicos, así como también la aplicación retroactiva de la controversial ley anticorrupción del 2010, la ‘Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz’ [IL-12-44].

Los críticos de la ley del 2010, que ha sido invocada para remover a oponentes tales como los gobernadores de Tarija y Beni, Mario Cossío y Ernesto Suárez, así como también al popular ex alcalde de Potosí, René Joaquino, de la izquierdista Alianza Social (AS) local, quien acusó a Morales de judicializar la política teniendo como blanco a sus oponentes. Silvia Salame, una ex magistrada de la corte constitucional y actual presidenta del consejo de abogados fue citada en la prensa local diciendo que como resultado de la aplicación de la ley, fueron removidos de sus puestos más de 100 funcionarios.

Joaquino fue uno de los primeros funcionarios suspendidos en ser reinstalado, y mientras que Suárez renunció, provocando nuevas elecciones en Beni el mes pasado (ganadas por la oposición) [IL-13-03], Cossío, quien ahora está en el exilio en Paraguay, se rehusó a renunciar. Ahora se especula que él podría regresar. El retorno de estos funcionarios  hizo que representantes del gobierno como el Vicepresidente Álvaro García Linera, pidan al TCP que clarifique si la aplicación de la ley puede ser retroactiva.

Como un signo más de independencia, el presidente del TCP, Ruddy Flores, otra vez esta rehusando acatar la línea del gobierno. El 15 de febrero, él respondió que mientras la nueva constitución del 2009 establece que ninguna ley puede aplicarse retroactivamente, el Artículo 132 estipula que ciertos casos relacionados con los esfuerzos anticorrupción están entre las excepciones. Él dijo que la última decisión en estos casos descansa sobre las autoridades locales.

Prueba de reelección de Morales

Es probable que el tribunal constitucional este de nuevo bajo escrutinio en relación a otra cuestión. El 15 de febrero el senado de Bolivia envió un proyecto de ley para que dictamine si el Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera pueden competir por sus cargos en el 2014. Sometido por Eugenio Rojas, el líder del bloque en el senado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el proyecto de ley está diseñado para disipar la incertidumbre acerca de la legalidad de la declarada candidatura de Morales, dado que la constitución sólo permite dos periodos presidenciales consecutivos.

Morales, quien asumió el poder en el 2006 y en el 2010 alega que como él esta sirviendo por primera vez bajo la nueva constitución, él es elegible para presentarse de nuevo. En marzo del año pasado, el partido gobernante celebró una cumbre nacional, en la cual Morales fue declarado como su candidato.

Legisladores de la oposición tales como el diputado Fabián Yaksic, del disidente Movimiento Sin Miedo (MSM) de izquierda, continúan insistiendo en que la única manera en la cual el Presidente Morales pueda participar en las elecciones del 2014 es enmendando la constitución.

• Primera embajadora indígena

A comienzos de este mes, el Presidente Evo Morales nombró a Rusena Maribel Santamaría Mamani, como enviada de Bolivia a Ecuador, la primera mujer Aymara que recibe el cargo de embajadora. Una agrónoma y ex líder de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa de La Paz, Mamani juró ante el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, otro Aymara, el 8 de febrero.