Informe Latinoamericano – 29 de agosto de 2013 (ISSN 1741-7317) (IL-13-34)

El Presidente Horacio Cartes enfatizó en su discurso inaugural el 15 de agosto que él no permitiría que el grupo guerrillero, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), “dicte la agenda” del gobierno. Una semana más tarde su primera acción significativa como jefe de estado fue una respuesta directa al EPP que había lanzado el guante invadiendo una estancia y matando a cinco guardias de seguridad [IL-13-33]. Cartes firmó un decreto que le otorga el poder para desplegar a las fuerzas armadas para hacer frente a las amenazas a la seguridad interna como el crea que sea necesario. El decreto pasó por el congreso sin dificultades a pesar de las protestas de la oposición de izquierda. Cartes también elevó a cerca de US$1m las recompensas por información que conduzca a la captura de miembros del EPP.

El decreto modifica la ley de defensa nacional y seguridad interna para otorgar poderes especiales al jefe de estado para que pueda desplegar a las fuerzas armadas “para confrontar cualquier agresión externa o interna que ponga en peligro la soberanía, independencia, y la integridad territorial del país”. En cuestión de 24 horas fue aprobado por la cámara de diputados y por el senado, siendo promulgada por Cartes entrando en vigencia. El senador Fernando Lugo debió haber pensado que su presidencia (2008-2012) hubiera terminado de una manera diferente si él pudiera comandar tal apoyo en el congreso.

Once senadores de la coalición Frente Guasú (FG) de Lugo y de otros partidos de izquierda, se opusieron a la reforma, alegando que era “un serio paso atrás para un gobierno democrático”, que podría ser usado para “legalizar la represión”, levantando el espectro de un retorno a los métodos empleados por la dictadura de Stroessner (1954-1989). Específicamente, ellos alegaron que la modificación de la ley provee considerable espacio al jefe de estado para abusar de los poderes especiales, y usar a los militares, por ejemplo, para reprimir a los disidentes internos.

La senadora Mirtha Gusinky, de la gobernante Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC), alegó apasionadamente que no había comparación posible con la dictadura que quedó firmemente en el pasado. “Ahora lo más urgente es eliminar al EPP”, ella dijo. El EPP obtuvo notoriedad por el secuestro y el brutal asesinato de Cecilia Cubas, la hija de la senadora Gusinky y del ex presidente Raúl Cubas Grau (1998-1999), en el 2005. El opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) también votaron a favor del decreto en el congreso, que conserva un elemento de control sobre el poder ejecutivo mediante la introducción de una cláusula que otorga al congreso el poder de  poner fin a cualquier intervención militar declarada en seguridad interna.

Cartes también firmó otro decreto el 24 de agosto, que permite a las fuerzas armadas iniciar las operaciones contra el EPP en los departamentos de Concepción, San Pedro, y Amambay. Unos 400 soldados, incluidos 60 miembros de las fuerzas especiales, han sido desplegados. Sin embargo, durante una visita a Concepción, Cartes buscó, indirectamente, calmar los temores de que él abusaría de sus poderes especiales o que la incrementada militarización de la seguridad interna conduciría a la represión. Él insistió en que estaba “en guerra contra la ausencia del Estado”. Dijo que incumbía a su gobierno proveer “salud, desarrollo, y trabajo”, y, luego de reunirse con los alcaldes locales él se describió a sí mismo como “su herramienta”.

La inclusión de Amambay entre los departamentos donde los militares pueden operar se debe a la creciente sospecha de vínculos entre el EPP y los grupos de tráfico de drogas (ver abajo). Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay, está ubicada justo en la frontera con la ciudad brasilera de Ponta Porá en el estado de Mato grosso do Sul. Y se ha convertido en el centro del trasbordo de drogas conducido por brasileros, el contrabando de armas de fuego brasileras exportadas (junto con otras armas) de vuelta a Brasil, y el lavado de dinero.

• Incautación de cocaína

La policía incautó de 1,8 toneladas de cocaína el 22 de agosto, en una operación en los departamentos de Concepción y Presidente Hayes. También fueron arrestados cinco sospechosos, se confiscaron “una gran cantidad” de armas, y se descubrieron pistas clandestinas de aterrizaje. Las autoridades están especulando que el EPP proveyó protección para el grupo de tráfico de drogas a cambio de armas. Poco después el ministro del interior, Francisco de Vargas, anunció una  purga en el comando de la policía en Concepción. De Vargas dijo que la policía debía ser irreprochable, y que había inquietante evidencia de complicidad con los traficantes de drogas.