Informe Latinoamericano – 24 de octubre de 2013 (ISSN 1741-7317) (IL-13-42)

El ministro del interior, Wilfredo Pedraza, acusó a la justicia la semana pasada de dos perversas resoluciones, que él afirmó que son inconsistentes con los esfuerzos del gobierno del Presidente Ollanta Humala para combatir el tráfico de drogas y el terrorismo y mantener la ley y el orden. Pedraza reaccionó con fuerza contra una resolución que permitió la liberación de 16 personas arrestadas por sospechas de colaboración con las guerrillas de Sendero Luminoso (SL) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem); y otra resolución que dejó libres a 63 personas acusadas de desórdenes violentos cuando la policía trató de cerrar el mercado callejero de La Parada, en Lima, el pasado octubre.

El juez que tuvo a su cargo la audiencia del caso del Vraem no tardó más de 48 horas en concluir que no existía suficiente evidencia para condenar a los 16 acusados. Este fue un serio revés para el gobierno, que había pregonado los arrestos el mes pasado en  una operación conjunta policial-militar como un progreso en sus esfuerzos por debilitar a SL apuntando a sus redes de apoyo en el área y cortando sus fuentes de financiamiento.

Pedraza implicó que el juez no había dedicado el tiempo suficiente para considerar “muchos meses de trabajo”, alegando que la evidencia presentada era sólida. La evidencia estaba basada en testimonios de ex miembros de SL en el Vraem, quienes reconocieron  a los arrestados como personas que habían proveído alimentos, medicinas, refugio, armas, y logística de todo tipo a las guerrillas. El abogado de los acusados dijo que eran testigos no confiables que proveyeron información genérica. La resolución podría desalentar a la policía de invertir el tiempo, recursos, y el riesgo personal asociado con la construcción de tal caso y lanzar tales procedimientos en el futuro.

La resolución sobre La Parada fue igualmente controversial: 63 de las 102 personas arrestadas el pasado octubre por oponerse violentamente a la clausura del mercado callejero fueron liberados con sentencias de prisión de tres años suspendidas (23 ya habían sido liberados) y solamente dos recibieron firmes condenas debido a que los mismos previamente habían cometido delitos penales. Cuatro personas resultaron muertas cuando la policía fue atacanda por manifestantes armados que se resistían a una directiva de la alcaldía para cerrar La Parada. Pedraza despotricó contra la resolución expresando que era equivalente a otorgar “una licencia libre para atacar a la policía”.

El presidente de la corte suprema, Enrique Mendoza Ramírez, se vio forzado a salir al paso y decir que la justicia estaba del lado de la policía en la preservación de la ley y el orden, agregando que aquellos quienes atacaron a la policía merecían sentir todo el peso de la ley. Él dijo que podía entender la indignación del público con la resolución, pero dijo que no era un caso cerrado, y que podría ser apelado. Y, por otro lado, urgió a las autoridades de pensar larga y duramente antes de criticar las resoluciones judiciales.

• No prospera moción de censura a Rivas

Esta semana el congreso de Perú rechazó una moción de censura presentada contra la canciller, Eda Rivas, por no buscar la aprobación para la escala del Presidente Ollanta Humala en París, en ruta desde Asia para conversaciones con su par de Francia, François Hollande. La moción, presentada por la oposición Fujimorista, Fuerza Popular (FP), no prosperó pues Perú Posible (PP), el partido del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), se puso de lado de la coalición gobernante Gana Perú (GP). Keiko Fujimori, la líder del FP, criticó con fuerza a través de Twitter que el PP había salvado a una ministra “incompetente” y era culpable de “complicidad” con el partido de gobierno para salvar a Rivas como parte de un quid pro quo para exonerar a Toledo en una investigación de corrupción del congreso.