Informe Latinoamericano – 24 de octubre de 2013 (ISSN 1741-7317) (IL-13-42)

ARGENTINA | Continúan cayendo las reservas del BCRA. Las reservas internacionales han llegado a un nuevo punto bajo en seis años de US$34,27mm, reveló el 18 de octubre el banco central (BCRA), cayendo por debajo del nivel observado en el 2007 antes de asumir por primera vez el poder la Presidenta Cristina Fernández. El BCRA parece ser incapaz de detener la hemorragia de fondos que ha estado experimentando en los últimos años como resultado de las enrevesadas políticas de cambio de divisas extranjeras adoptadas por la administración de Fernández.

Los analistas locales han atribuido la masiva caída de US$9,02mm en las reservas internacionales solamente en lo que va del año (una tasa promedio de US$47,5m por día) a el mantenimiento de la artificialmente alta tasa de cambio oficial y a los ajustados controles de la moneda extranjera introducidos en el 2011 en su apoyo. La situación ha resultado en una gran discrepancia entre la tasa oficial de Ar$5,82/US$1 y la tasa de cambio del dólar en el mercado negro ‘blue’, pues a pesar de las crecientes restricciones, los argentinos continúan tratando de poner las manos  dólares creyendo que son una apuesta mucho más segura que los pesos. Esto ha creado un círculo vicioso en el cual la incrementada demanda local por dólares ha forzado al BCRA a intervenir más activamente en los mercados de la moneda local para mantener la tasa de cambio estable.

Complicando al gobierno, los actores económicos locales parecen estar dándose cuenta de que el BCRA está en dificultades para sostener la tasa de cambio oficial y que una devaluación podría estar en ciernes. De hecho la difusión de las últimas cifras del BCRA fue seguida por una oleada en la demanda de dólares en el mercado negro, que llevó la tasa de cambio del dólar ‘blue’ a romper la barrera de Ar$10/US$1 por segunda vez en este año, el 22 de octubre.

PARAGUAY | Cambios en la política fiscal. El 17 de octubre el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, formalmente vetó un proyecto de ley aprobado por el congreso la semana anterior, que pedía la introducción de un nuevo impuesto de 10% sobre las exportaciones de granos del país. Al vetar el impuesto a las exportaciones, Cartes mantuvo la promesa hecha a los productores agrícolas de Paraguay de que él se opondría a la iniciativa incluso aunque esta había sido promovida por su Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC) si ellos en cambio apoyaban una propuesta alternativa de un impuesto a las ganancias agrícolas y la extensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al sector. El sector agrícola estuvo de acuerdo y una nueva propuesta estableciendo un impuesto de 10% a las ganancias agrícolas (Iragro) fue aprobado rápidamente por el congreso el 10 de septiembre [IL-13-36].

Sin embargo, el proyecto de ley del impuesto a las exportaciones fue mantenido vivo por la oposición política y legisladores disidentes de la ANR-PC, todos los cuales creen que el impuesto Iragro es insuficiente y que el sector agrícola –la principal fuerza de la economía, representando el 30% del PIB– debería soportar una mayor carga fiscal. Esto provocó preocupación entre los intereses agrícolas locales de que dadas las actuales dificultades financieras que enfrenta la joven administración Cartes, este podría verse tentado a dar marcha atrás y re-adoptar el impuesto a las exportaciones. Sin embargo, Cartes se mantuvo en su palabra emitiendo un veto presidencial una semana después de que el proyecto de ley fue aprobado por el senado, el 9 de octubre. El decreto establece que aplicar impuestos a la exportación sin tener en consideración los niveles de ganancias/pérdidas hechos por el sector, representarían un “castigo injusto” cuando los niveles de producción resulten ser bajos. Y agrega que “la implementación de tal impuesto tendría un efecto regresivo pues los exportadores de granos pasarían los costos a los productores, socavando la competitividad y distorsionando los precios”.

Poco después, el 23 de octubre, el congreso aprobó una nueva ley de responsabilidad fiscal  promovida por Cartes, después de prolongadas negociaciones con el ejecutivo. La iniciativa, que impone estrictos límites sobre los gastos del gobierno, fue resistida por el congreso incluyendo los representantes de la ANR-PC en base a que representaba un intento por restringir la constitucionalmente sancionada prerrogativa del congreso de poder enmendar el presupuesto a su discreción. Sin embargo, después de semanas de difíciles negociaciones con las bancadas de la ANR-PC en ambas cámaras del congreso, en las cuales tiene mayoría, el ejecutivo pudo llegar a un acuerdo con los legisladores allanando el camino para la aprobación del proyecto de ley.

La ley fija un techo del 1,5% del PIB para el déficit fiscal, y un límite sobre el incremento en los gastos de cuenta corriente de no más del 4% por encima de la tasa anual de inflación. También establece un límite del 60% sobre el gasto presupuestado en la primera mitad de un año electoral. A cambio de todo esto, las únicas aparente concesiones hechas al congreso son que este último retiene el derecho de introducir enmiendas discrecionales al presupuesto, toda vez que estas no excedan los límites establecidos; y que el congreso tiene el poder para suspender la aplicación de estos límites en cualquier año ante circunstancias atenuantes tales como una emergencia nacional, una crisis económica internacional, o una aguda caída en la actividad económica interna.

• Inversión agrícola de Chile

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, reveló esta semana que en el 2012 su gobierno gastó más de C$58mm (US$118m) en la adquisición de tecnología agrícola y maquinaria. Según Piñera, esta cifra es el doble del monto gastado en el 2009, el año antes de que el asumiera el poder. Piñera agregó que esta inversión había sido instrumental en ayudar a incrementar las exportaciones forestales de Chile por más del 10% anual en los últimos tres años, creando el “segundo más importante sector exportador de Chile después de la minería”. También destacó que el gobierno había elevado al doble el monto de la financiación ofrecida a los productores agrícolas a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) que ayudó a incrementar el número de productores agrícolas de pequeña escala, de 133.000 en el 2009, a 293.000 actualmente.