Informe Latinoamericano – 14 de noviembre de 2013 (ISSN 1741-7317) (IL-13-45)

El congreso aprobó el 7 de noviembre una importante pieza de legislación dirigida a reprimir la corrupción oficial y erradicar la impunidad. Mientras que el proyecto de ley fue saludado por el nuevo primer ministro, César Villanueva, como un avance hacia la política del gobierno de tolerancia cero hacia la corrupción, el mismo fue ensombrecido por las repercusiones de otra votación en el congreso una semana antes para designar a la diputada Martha Chávez como coordinadora del subgrupo de derechos humanos de la comisión de justicia del congreso. La incongruente designación de Chávez, quien había defendido algunas de las más notorias violaciones de los derechos humanos del autoritario gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), confirmó cuán desubicado está el congreso, aunque finalmente la comisión actuó para removerla de esta posición.

La sensibilidad pública hacia (y la sospecha sobre) la corrupción oficial es particularmente aguda en Perú, después de una década de la cleptocracia de Fujimori. La nueva legislación significa que los funcionarios públicos ahora podrán ser acusados por actos de corrupción incluso aunque estos fueron perpetrados antes de ser electos (o designados en el caso de empleados de agencias del Estado o empleados públicos).

Susana Silva Hasembank, la coordinadora de la Comisión Anti-corrupción de alto nivel (CAN), dijo que la legislación “fortalecería el marco legal [de Perú] para prevenir la impunidad”. Ella agregó que la ley “pone a nuestra legislación en línea con los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción”. La CAN, que fue consagrada en ley en enero del 2013, ejerce la coordinación entre cuerpos de gobierno a niveles regionales y nacionales así como también en la comunidad empresarial para proponer políticas de largo plazo para prevenir y combatir la corrupción (ver más abajo).

Martha Chávez

Restaurar la confianza pública en el congreso requerirá más que esta nueva ley enfocada en la corrupción oficial. El congreso es la rama del gobierno en la que menos confía el público, con un rating de aprobación de un solo un dígito en las encuestas de opinión, y su credibilidad recibió un verdadero golpe una semana antes cuando Martha Chávez fue electa por el subgrupo de derechos humanos de seis miembros como su coordinadora, el 31 de octubre. Dado que el subgrupo se ha adjudicado a sí mismo la tarea de evaluar las conclusiones de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), formada en el 2003 para revisar el conflicto armado de 1980-2000, su elección ha provocado una fuerte reacción. Chávez calificó el informe de la CVR como parcial y sesgado, una reivindicación de las guerrillas de Sendero Luminoso (SL) y totalmente desacreditado. Ella dijo que conduciría una investigación sobre corrupción entre los autores del informe para “hallar quién les pagó” para llegar a sus conclusiones “encubriendo a Sendero”.

Grupos de derechos humanos locales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH, y Aprodeh, criticaron al congreso por designar en este rol a Chávez, afirmando que ella no tiene ningún respeto por los derechos humanos (no que el respeto a los derechos humanos haya sido siempre un prerrequisito para liderar cuerpos de derechos humanos –China, Cuba, Rusia, y Arabia Saudita, ganaron asientos por tres años en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esta misma semana). Estos grupos de derechos humanos pidieron a la comisión de justicia del congreso que la removieran y llevaron a cabo protestas públicas contra su designación; el 5 de noviembre, unas 1.000 personas salieron a las calles de Lima para expresar su protesta.

Chávez se mantuvo firme, incluso provocando al Presidente Ollanta Humala diciendo que era “un rehén de los grupos de derechos humanos”. Sin embargo, pese a que inicialmente votaron para sostener su designación, una semana más tarde, el 12 de noviembre, la comisión de justicia respondió a las protestas, votando por nueve votos a seis para desbandar el subgrupo de derechos humanos. Chávez calificó la decisión como un formal golpe de gracia, igual al que Sendero administraba a sus enemigos. Sin embargo, ella sostuvo que ya había logrado lo que se había propuesto hacer, “despojar a la CVR de su sacrosanta reputación”.

• Comisión anticorrupción

La Comisión Anti-corrupción (CAN) está compuesta por el primer ministro, y el ministro de justicia, los presidentes de las ramas judicial y legislativa, así como también los titulares de la corte constitucional, el consejo judicial nacional, la asamblea nacional de gobiernos regionales, y la asociación de municipalidades de Perú.