Informe Latinoamericano – 05 de diciembre de 2013 (ISSN 1741-7317) (IL-13-47)

La noche de los saqueos en la provincia de Córdoba el 3 de diciembre, le “compete en forma exclusiva y excluyente a la provincia”, y es “un tema de estricta incumbencia del gobernador de la provincia, José de la Sota,” de acuerdo con el jefe de gabinete del gobierno federal, Jorge Capitanich. Un hombre resultó muerto, 60 heridos, y 52 arrestados, cuando por lo menos nueve supermercados fueron saqueados durante una huelga policial provocada por una disputa de pago de salarios. De la Sota, un Peronista disidente con una larga historia de públicas críticas a la Presidenta Cristina Fernández, contraatacó a través de Twitter, afirmando que sus apelaciones por ayuda federal habían caído en oídos sordos. Como resultado de la hostilidad entre la presidenta y el gobernador, a menudo los fondos federales han sido retrasados, y De la Sota alega que ese ha sido el mayor factor en el malestar político y social en la provincia.

La policía había estado exigiendo un salario de al menos Arg$13.000 (US$2.100). Cuando las negociaciones se rompieron en la tarde del 3 de diciembre, la fuerza policial celebró una reunión para decidir la siguiente movida. Mientras los policías estaban reunidos en asamblea, los saqueadores comenzaron a aparecer en las calles, apuntando a algunos de los principales supermercados de la capital (que lleva el mismo nombre de la provincia: Córdoba). El 4 de diciembre el equipo negociador de la policía aceptó un acuerdo que vería el más elevado salario –para los oficiales de policía en patrulla– recibiendo Arg$11.600; “el más alto salario policial en Argentina,” de acuerdo con De la Sota.

La fuerza de policía de Córdoba llegó a la prominencia nacional en septiembre de este año, cuando Rafael Sosa, el jefe de la división antinarcóticos de la policía de la provincia, fue arrestado bajo cargos de tráfico de drogas. Algunos legisladores locales acusaron al gobierno federal de exagerar los alegatos contra Sosa como una manera de desacreditar a De la Sota.

De la Sota, un cofundador y líder del movimiento ‘renovador’ dentro del gobernante Partido Justicialista (PJ, Peronistas), tiene ambiciones presidenciales propias. Desde hace tiempo un crítico de Fernández, antes de las elecciones legislativas de mitad de periodo de octubre, urgió al público que deposite “votos que hagan reflexionar a la presidenta”. El saqueo, que ocurrió mientras él estaba en un viaje a Panamá, socavará esos planes.

A su regreso De la Sota visitó estaciones locales de TV y radio afirmando que él había pedido

La asistencia de la Gendarmería, una fuerza policial federal de Argentina, pero que no había recibido ninguna respuesta del gobierno. Capitanich negó de plano que el gobierno haya recibido tal llamado telefónico. El jefe de gabinete dijo que la administración nacional “monitorearía la situación” pero enfatizó que la responsabilidad por el conflicto “corresponde estrictamente a De la Sota.”

• Otro cambio de gabinete

María Cecilia Rodríguez juró el 4 de diciembre como la nueva ministra de seguridad del gobierno, reemplazando a Arturo Puricelli. Rodríguez, miembro del movimiento juvenil Kirchnerista ‘La Cámpora’, había trabajado previamente en el ministerio de desarrollo social, liderado por Alicia Kirchner. Este es el quinto cambio de gabinete de la Presidenta Fernández desde que retornó a sus tareas siguiendo a sus 40 días de reposo médico.

Costosas vacaciones de verano

El gobierno anunció el 3 de diciembre un incremento en los costos cargados sobre compras hechas por los argentinos en el exterior a través de tarjetas de débito y de crédito, en un intento por reducir la salida de dólares. Todas las compras con tarjeta “para turismo y compras de viaje” que se hagan fuera de Argentina ahora estarán sujetas a una tarifa de 35%, subiendo de 20%.

El jefe de gabinete, Jorge Capitanich dijo que el incremento era necesario para salvaguardar la economía. “Creemos que hay un drenaje de moneda extranjera a través de operaciones de turismo. Nosotros debemos ser muy cuidadosos en la administración de las reservas.” Las reservas en dólares del banco central han descendido en alrededor del 30% el año pasado.

En un intento por reducir la fuga de capital y retener las reservas internacionales, el gobierno impuso primero controles sobre el cambio de moneda extranjera a fines del 2011, resolviendo que todas las compras de monedas debían ser aprobadas por la Afip, la agencia fiscal federal. Desde entonces se han estado agregando más controles, con lo locales ya no pudiendo comprar dólares con fines de ahorro y un recargo como ‘avance fiscal’ agregado a las compras hechas en el exterior.

Esto ha creado un mercado subterráneo paralelo para el cambio de dólares, conocido como la tasa del dólar ‘blue’. La brecha entre las dos tasas actualmente está en alrededor de 50%, aunque ha llegado tan alto como 80%. El 4 de diciembre, un dólar tenía un valor oficial de Arg$6,16 y se operaba en Arg$9,22 en el mercado negro. Con el impuesto de 35%, el dólar turista que los residentes en Argentina deberán pagar sobre sus tarjetas de crédito cuando viajen al exterior estará en Arg$8,30 por dólar.