Informe Latinoamericano – 05 de diciembre de 2013 (ISSN 1741-7317) (IL-13-47)

El congreso de Perú ha programado tratar de nuevo esta semana para decidir sobre la formación de un comité investigador sobre el escándalo de la protección oficial de la policía nacional (PNP) de un hombre condenado por grabaciones telefónicas ilegales y actos de corrupción, y que ha sido un participante en la red del mal reputado Vladimir Montesinos, ex asesor y jefe de inteligencia del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Por otro lado, se han puesto en marcha otras tres investigaciones que podrían conducir a un conflicto de jurisdicciones –y, que algunos sugieren, a un encubrimiento.

El escándalo siguió a la revelación que las casas de Oscar López Meneses y su padre habían estado disfrutando una total protección policial por algún tiempo, sin una autorización oficialmente reconocida. Tres generales, dos coroneles, y un mayor, han sido relevados de sus cargos, y el asesor de seguridad del Presidente Ollanta Humala ha renunciado –aunque Humala ha negado tener cualquier conocimiento de la situación [IL-13-47].

Un debate en el congreso para establecer un comité investigador tuvo que ser suspendido el 29 de noviembre cuando el acalorado intercambio lo volvió inmanejable. Las diferencias principales fueron sobre cuán lejos hacia atrás debía profundizar la investigación (desde que los orígenes de la situación parecen ser anteriores a la actual administración), y si la gobernante coalición Gana Perú debía participar en el comité investigador.

El fiscal general, José Peláez Bardales ha iniciado una investigación por el servicio de la fiscalía pública, concentrándose en la posible comisión de tres delitos por los oficiales de la policía: malversación de recursos públicos, “falsedad genérica”, y abuso de autoridad

Una investigación separada ha sido lanzada por el General de la PNP, Julio Bueno Tirado, de la PNP, fiscal supremo del Fuero Militar Policial (FMP, la formalmente autónoma jurisdicción militar-policial, que trata las faltas cometidas por miembros de las fuerzas armadas o de la fuerza policial en el curso del cumplimiento de sus deberes oficiales). Bueno ya ha comenzado a interrogar a oficiales de la policía que han sido relevados de sus tareas. Él ha dicho que está buscando evidencias de tres delitos: desobediencia, exceso en el ejercicio del mando, y uso indebido de los recursos del servicio. Una tercera investigación administrativa ha sido lanzada por el inspector-general de la PNP, Héctor Dulanto Arias.

El General Bueno ha dicho que podría requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones (en la jerga, significa examinar las comunicaciones telefónicas de los sospechosos), y que él no vacilaría en convocar al Presidente Humala para que testifique.

El multi-premiado periodista Ricardo Uceda, escribió en La República el 3 de diciembre que Bueno “tiene una idea excesiva de su poder: un fiscal militar no tiene el poder de obtener información telefónica de aquellos a los que él está investigando.” Sin embargo, Uceda agrega que esta es la primera insinuación pública que el affaire podría llegar más allá del hecho que los oficiales de policía hayan actuado más allá de sus competencias al proveer protección injustificada –por ejemplo, si las dos casas habían sido utilizadas como bases para vigilancia electrónica ilegal.

Uceda también pide tener en mente que el FMP ha sido utilizado en el pasado por cada gobierno electo desde 1980 como “un mecanismo para proteger a aquellos uniformados en casos de delitos comunes, particularmente violaciones de los derechos humanos.” [Aunque estos últimos no son delitos tan comunes]. En su visión, “la investigación real no es acerca del uso indebido de algunos vehículos de la policía, sino acerca de determinar si dos jefes del comando conjunto de las fuerzas armadas [el actual, José Cuervo Aservi, y su predecesor Luis Howell] estaban involucrados en la autorización de la protección [como] sostienen ex jefes de la policía”.