Informe Latinoamericano – 19 de diciembre de 2013 (ISSN 1741-7317) (IL-13-50)

NICARAGUA | Aprobado el paquete de reforma constitucional. La legislatura unicameral de 92 miembros de Nicaragua ha aprobado el paquete de reformas constitucionales propuestas por el Presidente Daniel Ortega el mes pasado, que removerían la prohibición a la reelección presidencial consecutiva, concentrando aún más el poder en manos del ejecutivo y elevando el rol de los militares [IL-13-44].

El paquete de reformas, que Ortega afirma que es necesario para incorporar cambios territoriales, de acuerdo con las resoluciones del 2007 y del 2012 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que ahora aguardan la ratificación en la próxima sesión legislativa que comienza el 10 de enero del 2014, antes de entrar en vigencia. Su aprobación el 10 de diciembre por 64 votos a favor y 26 en contra no fue ninguna sorpresa, dabido a el control que ejerce el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre la Asamblea Nacional.

Con los detalles completos de la versión aprobada aún por hacerse públicamente disponibles, el semanario local de análisis, Confidencial, informa que la propuesta inicial de la reforma ha sido suavizada después de una reunión a puertas cerradas con la organización del sector privado, Consejo Superior de la Empresa privada (Cosep). De acuerdo con Confidencial el reconocimiento constitucional de los llamados “gabinetes de familia, salud, y vida”, el proyecto favorito de la poderosa primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, que la oposición advierte que constituye una amenaza a la privacidad individual, ha sido eliminado. Confidencial también informa que fueron impuestos límites a los esfuerzos del FSLN de controlar el Internet, así como también las posiciones que los oficiales militares podrán ocupar en otras instituciones del Estado.

Sin embargo, la reforma permanece controversial y el día de la votación, cientos de manifestantes salieron a las calles de Managua en protesta. Aquellos opuestos a la reforma incluyen las organizaciones nacionales de derechos humanos, el Centro Nicaragüense para el desarrollo Económico y Social (Funides), así como también la Iglesia Católica.