Informe Latinoamericano – 16 de enero de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-02)

La mayor parte de la atención de los medios de comunicación en Chile está concentrada en los tejes y manejes políticos que rodean al futuro gabinete de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, y las innumerables reuniones para forjar firmes vínculos entre su equipo político y los diputados y senadores de la Nueva Mayoría para impulsar su planeada agenda de reformas en el congreso. Mientras tanto una cuestión que ha recibido comparativamente poca cobertura de los medios, e incluso menos atención en las discusiones de políticas del gobierno entrante de Bachelet, es el creciente malestar en la Araucanía, la tierra ancestral de los Mapuche en el sur de Chile. Esto es sorprendente porque en el 2008 la anterior administración de Bachelet (2006-2010) fue sacudida por las protestas de Mapuches que asumieron las características de una Intifada, con marchas, huelgas de hambre, incendios, y bloqueos de rutas ocurriendo diariamente.

El 9 de enero una corte en Angol, la ciudad capital de la provincia Malleco en Araucanía, absolvió al líder Mapuche (‘werkén’), Daniel Melinao, de la acusación de asesinato del sargento de carabineros, Hugo Albornoz, en abril del 2012. El ministro del interior, Andrés Chadwick, criticó la decisión absolviendo a Melinao (la acusación pretendía una sentencia de 30 años) y dijo que el gobierno apelaría la decisión. Chadwick dijo que decisiones similares en años recientes en la Araucanía estaban creando “una sensación de impunidad pues no se obtenían condenas para penalizar a las personas quienes eventualmente han participado en acciones extremistas”. Melinao negó que él haya ejecutado los disparos que provocaron la muerte de Albornoz y sostiene que las acusaciones en su contra son parte de un sistemático intento de implicar falsamente a la comunidad Mapuche.

Chadwick provocó aún más controversia el 4 de enero cuando visitó a los hijos de un prominente productor agrícola, Werner Luchsinger, y su esposa en Cautín, Araucanía, en el primer aniversario de sus muertes durante un ataque incendiario, pero se abstuvo de reunirse con la familia de Matías Catrileo, quien fue muerto por disparos durante una protesta el 3 de enero del 2008 por un carabinero de primera clase, Walter Ramírez. Chadwick alegó que la diferencia radicaba en que la familia de Catrileo había obtenido justicia. Ramírez recibió una sentencia suspendida de dos años; y fue expulsado de la fuerza el año pasado.

Chadwick también se reunió con el director general de los Carabineros en Araucanía, Gustavo González, quien está supervisando las investigaciones sobre una serie de incidentes en la región. El 31 de diciembre, militantes Mapuche asaltaron el edificio de una compañía forestal, Mininco, en la provincia de Malleco, lanzando cócteles Molotov a dos helicópteros de lucha contra incendios, destruyendo uno y provocando daños al otro. Días antes, un artefacto explosivo fue puesto afuera de un tribunal policial en Temuco, la capital regional, y una propiedad rural en la comuna de Vilcún, también fue atacada. El viceministro del interior, Rodrigo Ubilla, mostró algunos de los panfletos encontrados por la policía, que fueron dejados en la propiedad y que llevaban títulos tales como: “Si acá no hay tierra, habrá guerra”. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera citó esto como justificación para invocar la controversial ley anti-terrorista de la era de la dictadura del General Augusto Pinochet (1973-1990) para castigar a aquellos hallados responsables. Esto no ha disuadido a los atacantes. El 6 de enero hubo un ataque incendiario en una propiedad de 200 hectáreas en Pidima, perteneciente a Juan de Dios Fuentes, cuyo hijo recibió disparos mientras trataba de apagar el incendio.

La Presidenta electa Bachelet, quien asume el poder el 11 de marzo, no incluyó la cuestión Mapuche en su lista de prioridades a la luz de los recientes disturbios en la Araucanía. Si los ataques continúan, y ella y su gobierno deciden aplicar la ley anti-terrorista de la era Pinochet en respuesta, ella quedará sometida de inmediato a la presión de los grupos de derechos humanos como ocurrió durante su primer mandato, para que desarrolle métodos innovadores para abordar el conflicto Mapuche, ya de larga data.

• Fiscal especial

El 2 de enero el ministro del interior, Andrés Chadwick, anunció la designación de un fiscal especial para la Araucanía en la estela de 12 incidentes violentos a fines de diciembre. Alberto Chifelle, el fiscal de Temuco, fue designado para el rol por la oficina del fiscal general de la nación.