Informe Latinoamericano – 13 de febrero de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-06)

“No es una reprivatización de la red de ferrocarriles”, dijo Florencio Randazzo, el ministro del interior & transporte, el 12 de febrero. Muchos comentaristas, sin embargo, prefieren diferir. Un anuncio del gobierno temprano en el día, entregó la administración de dos de las líneas de trenes que sirven el Gran Buenos Aires, Mitre y San Martín, a Roggio, uno de los más grandes grupos de infraestructura de Argentina y el mayor accionista en Metrovías, que administra el metro de Buenos Aires. Las líneas Belgrano Sur y Roca serán operadas por el grupo Emepa. Ambas compañías locales tienen una larga historia de recibir contratos del gobierno de trenes y otras obras públicas. Este hecho es una de las últimas movidas del gobierno para orientar la economía en una dirección más ortodoxa para prevenir el colapso en el valor del peso y mantener control sobre la inflación.

Años de congelamiento en las tarifas de pasajes en los trenes han limitado la inversión necesaria para modernizar la añosa red de ferrocarriles de Argentina y ha contribuido a la reciente serie de accidentes fatales. En febrero del 2012, 51 personas murieron y 700 fueron heridas cuando un tren de la concurrida línea Sarmiento no frenó en la estación Once en el centro de la ciudad de Buenos Aires y embistió la plataforma. En junio del 2013, dos trenes de pasajeros colisionaron en la misma línea, provocando la muerte de tres pasajeros y produciendo heridas a más de 100. En octubre, más de 80 pasajeros resultaron heridos en la línea Sarmiento cuando un tren, de nuevo, no pudo frenar en la estación Once.

Después del accidente de octubre, Randazzo anunció que la línea Sarmiento sería operada por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) administrada por el Estado. Aunque la última decisión no afecta el funcionamiento de la línea Sarmiento, esta ayudará al gobierno a evitar la monumental tarea de pagar por las renovaciones en las líneas operadas por Roggio y Emepa. Dadas las otras presiones sobre los cofres del gobierno, no menos las rondas de negociaciones salariales que empezaran el próximo mes, la decisión de Randazzo le da al gobierno cierto respiro.

Sin embargo, Randazzo insiste en que el único pensamiento en la mente del gobierno fue en el mejor interés de los pasajeros. “Hemos puesto en vigencia un nuevo régimen de operación que requiere que las compañías presenten planes anuales con respecto a las frecuencias de los trenes y su mantenimiento, servicios de calidad en la limpieza de las estaciones”, dijo. “Hemos establecido un estricto régimen de penalidades que las sanciona en el caso de no cumplir con las nuevas líneas directrices”. El ministro también prometió más inversiones en las líneas operadas por el Estado.

Nuevo índice de la inflación

El 13 de febrero el gobierno de Argentina reveló su nuevo índice nacional de precios al consumidor (IPCNU). Según este nuevo índice, la inflación en Argentina, en el mes de enero, fue del 3,7%.

Argentina había estado bajo fuerte presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para que mejore la metodología bajo la que calculaba la inflación. Mientras que la tasa oficial de la inflación en el 2013 fue del 10,9%, los economistas del sector privado ubicaban la cifra en alrededor del 28,3%. El 12 de febrero, los líderes de la oposición en el congreso difundieron el índice mensual que toma un promedio de las estimaciones privadas, afirmado que los precios subieron un 4,61% en enero, la suba mensual más alta desde 1991.

En vez de medir solamente datos del área metropolitana, el nuevo índice de precios toma en cuenta las variaciones de precios en todas las provincias. El índice será publicado mensualmente y utilizará una canasta fija de bienes y servicios. Aún no se han revelado detalles de la metodología usada, pero en declaraciones previas, los representantes del gobierno han dicho que serían medidos 200.000 precios por 500 encuestadores en 100 lugares en todo el país.

El anuncio del gobierno de la inflación de enero era muy esperado, dada la pronunciada caída en el valor del peso, y consecuentemente agudo aumento en el costo del transporte, combustibles, alimentos, electrodomésticos, y equipos electrónicos.

Muchos economistas del sector privado, sabiendo la manipulación oficial de las estadísticas, aún dudan de la cifra del gobierno.

• Exigencias salariales

El 12 de febrero la Presidenta Cristina Fernández se reunió con los líderes de la facción alineada con el gobierno de la Confederación General del Trabajo (CGT) para discutir las próximas negociaciones colectivas de salarios de marzo. Aunque Fernández no exigió a los líderes que se limiten a un porcentaje de aumento en particular, ella sí insistió que las negociaciones serán realizadas en una base anual, y no en una base de seis meses. Una reciente reunión de gobiernos provinciales concluyó que las exigencias salariales de los líderes sindicales deberían ser limitadas a no más del 25%.