Informe Latinoamericano – 21 de febrero de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-07)

El Grupo Clarín, la organización de medios más influyente en Argentina, se dividirá en seis empresas separadas a fin de cumplir con lo que establece la ley de medios del 2009. El 17 de febrero, Martín Sabatella, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el ente regulador de los medios de comunicación de Argentina, aprobó el plan elaborado por la compañía a fin de evitar un forzado desmantelamiento. Durante sus cuatro años de batalla con el gobierno que terminó en la corte suprema, el Grupo Clarín ha alegado que la ley había sido elaborada como una represalia al grupo por su crítica cobertura sobre la administración de la Presidenta Cristina Fernández. El Grupo Clarín es propietario del diario Clarín, el diario de mayor venta en el país y ofrece servicios de cable TV e Internet a más 1m de hogares y empresas en 10 provincias.

El plan

Siguiendo a la decisión de la corte suprema en octubre pasado de aprobar la ley de medios, que restringe la propiedad a no más de 35% del mercado, el grupo Clarín propuso dividir su rentable negocio de televisión por cable en tres compañías, dos de ellas estarían compuestas de emisoras de TV y radio. La tercera de estas compañías operará 19 licencias de TV por cable. Las otras tres compañías de las seis que propuso el grupo Clarín, ofrecería una mezcla de transmisiones, cable TV y estaciones de radio alrededor del país. Bajo los términos de la aprobación de AFSCA, el grupo ahora tiene 30 días para definir la estructura  corporativa de las nuevas empresas, y luego seis meses más para implementar los cambios.

Sabatella, un aliado de la Presidenta Fernández, no pudo resistir un tono de triunfalismo en sus comentarios sobre la propuesta. “Todos los grupos de medios de comunicación, incluso el más poderoso y dañino para la democracia, han tenido que ceder ante la ley”, dijo. “El Grupo Clarín finalmente ha tenido que ceder, porque ningún gigante puede seguir pisando siempre las cabezas del resto, afectando a la sociedad, el Estado y la democracia.” Por su parte, el grupo Clarín respondió acusando al gobierno de intolerancia hacia los medios de comunicación que no controla.

Sin embargo, el gobierno no las tiene todas consigo. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, reaccionó airadamente ante una decisión de la Corte Suprema de justicia la semana pasada que dictaminó que el gobierno debe publicitar los anuncios oficiales también en Canal 13, una estación privada de TV de propiedad del grupo Clarín. Capitanich acusó a la corte de “proteger los intereses privados” y de “intento de violar la división de poderes”, forzando al ejecutivo sobre esa cuestión. Pero de lo que se trata es que, en un esfuerzo por castigar a Clarín financieramente, desde el 2009, el gobierno ha rehusado a ubicar avisos publicitarios oficiales en los varios medios del grupo Clarín.

Otro importante grupo de medios de comunicación, el Grupo Uno, y otros grupos más pequeños, también obtuvieron que sus propuestas sean aprobadas el 17 de febrero, y deberán ponerlas en práctica bajo similares términos. AFSCA aún falta que apruebe los planes presentados por Telefé/Telefónica, Telecentro, y Prisa-Radio Continental.

• El modelo uruguayo

El ministro de seguridad de Argentina, Sergio Berni, dijo el 17 de febrero que él apoya el enfoque de Uruguay para despenalizar la marihuana. Hablando personalmente, Berni dijo que la producción de marihuana, como también su consumo, debían ser legalizados. Los comentarios de Berni siguen a una reciente declaración controversial hecha por el ministro de defensa, Agustín Rossi, quien dijo que Argentina se ha convertido en una “nación productora de drogas”.

Apelación ante la Corte Suprema de EU

Aunque las negociaciones privadas aún están en marcha, el gobierno de Argentina presentó el 18 de febrero una segunda apelación ante la corte suprema de EU sobre el caso de los llamados ‘fondos buitres’. Argentina está apelando sobre una decisión de una corte menor que ordena al estado pagar a los tenedores de bonos (hold-out) US$1,3mm. Su primera apelación fue rechazada por la corte de apelaciones del 2^do circuito de EU en Nueva York, en noviembre, lo que lo que permitió que el país pr4esente su apelación ante la más alta autoridad. Es probable que la corte suprema no decida si escuchar el caso o no hasta más adelante en este año.