Informe Latinoamericano – 28 de febrero de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-08)

La semana pasada una corte local halló culpable a un activista indígena Mapuche del asesinato de una pareja de jubilados en enero del 2013, en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, donde los Mapuche reclaman tierras ancestrales. El ataque había provocado violento malestar [IL-13-01]. Aunque la corte no considero el ataque como un acto terrorista –como había sido requerido por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera– la resolución de la corte ha concentrado de nuevo la atención en la cuestión Mapuche, y ha renovado los pedidos de los grupos de la sociedad civil, como el Centro de Investigación  y Defensa Sur, para que la Presidenta electa, Michelle Bachelet, quien asumirá el 11 de marzo, revoque totalmente la legislación anti-terrorista.

El 20 de febrero, la corte de Temuco, la capital de Araucanía, halló a Celestino Córdova culpable de los asesinatos de Werner Luchsinger, un terrateniente y rico empresario forestal, y su esposa, Vivianne McKay. Con Córdova a ser sentenciado el 28 de febrero, la decisión de la corte de no hallarlo culpable de terrorismo, lo cual, según la ley que rige desde la era de la dictadura militar liderada por el General Augusto Pinochet (1973-1990), hubiera significado penas más severas, sin embargo fue un revés para el gobierno de Piñera.

El gobierno chileno fue objeto de críticas de la ONU el año pasado, en relación a la cuestión Mapuche, así como también a la ley anti-terrorismo (ver más abajo). El último caso ha concentrado de nuevo la atención sobre las promesas de Bachelet con relación a ambas cuestiones, ninguna de las cuales ha recibido mucha atención en su manifiesto electoral. Con relación a la ley anti-terrorismo, Bachelet ha prometido abstenerse de aplicarla a los grupos indígenas que presionan por “demandas sociales”, así como modificarla para ponerla en línea con los “estándares internacionales”. Su elección para la cartera del interior de Rodrigo Peñailillo, ya ha indicado la intención del futuro gobierno de adherirse a esta línea –una posición que ha sido recibida con críticas por parte del Presidente Piñera. El 24 de febrero después de su primera reunión con el actual ministro del interior, Andrés Chadwick, como parte de la transición del poder, Peñailillo dijo a los periodistas que “nosotros creemos que la ley anti-terrorista no está para resolver los conflictos sociales del país”, agregando que “la ley como se está aplicando en Chile tiene la fuerza necesaria para resolver, investigar, y sancionar” en relación con el conflicto indígena.

Bachelet ha prometido establecer una comisión de representantes de la “sociedad chilena y del sector indígena” con la tarea de investigar las quejas sobre violencia y abusos de la policía contra las comunidades indígenas, particularmente aquellas afectadas por la tensión en Araucanía. Su manifiesto declara que dentro de los seis meses de haberse establecido, la comisión presentará recomendaciones al gobierno para poder abordar las quejas.

Nuevo altercado con Perú

La primera reunión de delegaciones técnicas de Perú y Chile tuvo lugar el 17 de febrero en la ciudad chilena de Valparaíso, para implementar los acuerdos concretados por ambos países 11 días antes para establecer las coordenadas exactas de los nuevos límites marítimos establecidos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya [IL-14-04]. Encabezadas por el embajador de Chile en Perú, Patricio Pozo Ruiz, y el director de fronteras de Perú, Manuel de Cossío Kluver, ambas partes acordaron sobre puntos clave necesarios para el proceso de determinar los nuevos límites: detalles técnicos; logística; metodología; y vuelos para realizar reconocimientos aéreos. Los presentes también programaron tres reuniones más de seguimiento –una en Arica, Chile, el 12 de marzo; una en Ilo, Perú, el 19 de marzo; y una última programada a tener lugar en Lima el 24 de marzo.

Sin embargo, estos signos de cooperación, llegaron en medio de un altercado diplomático después de que el gobierno peruano publicó un mapa mostrando un pequeño triángulo de tierra de 3,7 hectáreas, sobre el cual está ubicado un marcador de frontera, como territorio peruano, lo que provocó que el canciller de Chile, Alfredo Moreno, anunciara el 12 de febrero que su gobierno despacharía una nota oficial de protesta.

• Crítica de la ONU

El año pasado el Relator Especial sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo de la ONU, Ben Emmerson, hizo una visita de 14 días a Chile, donde él criticó al Estado por su manejo de la cuestión Mapuche. Él señaló especialmente el uso de la legislación anti-terrorismo que, él dijo, había “sido utilizada de una manera que discrimina contra los Mapuche […] y ha sido aplicada de manera confusa y arbitraria, lo que ha resultado en una injusticia real, ha socavado el derecho a un juicio justo, y ha sido percibida  como estigmatizando y deslegitimando los reclamos de tierra y las protestas Mapuche”. Emmerson también atribuyó la “extremadamente volátil” situación en las regiones de Biobío y Araucanía, que él visitó, “al mal uso de la legislación contraterrorista” en el contexto de lo que él describió como “un inexcusablemente lento proceso de repatriación de las tierras ancestrales”.