Informe Latinoamericano – 07 de marzo de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-09)

La enormidad del desafío que confronta la nueva ministra de justicia de Bolivia, Elizabeth Gutiérrez, quien fue designada a fines de enero para frenar la crisis en el poder judicial, se está volviendo cada vez más evidente. Las renuncias de los presidentes del Tribunal Constitucional (TC) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en menos de un mes, han hecho que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del Presidente Evo Morales, se vea forzado a reconocer que las elecciones populares, sin precedentes, celebradas en el 2011 para elegir a 56 altos funcionarios judiciales, han en gran medida fracasado en producir un gran cambio. Los alegatos de funcionarios judiciales acerca de la “interferencia” del ejecutivo que subsecuentemente han emergido –una antigua queja de la oposición– podrían plantear incómodos cuestionamientos para Morales antes de las elecciones generales de octubre del 2014.

Menos de dos semanas después de que Gutiérrez haya asumido su cargo – el único cambio en el gabinete hecho por el Presidente Morales en su anual reorganización, junto con la creación del ministerio del deporte [IL-14-04]– el presidente de la CSJ, Gonzalo Hurtado, anunció su renuncia el 4 de febrero, citando “razones personales”, lo que los medios locales atribuyeron al estrés. Su partida fue seguida 15 días más tarde por el anuncio del presidente del TC, Ruddy Flores, de que él también tenía la intención de renunciar. Inicialmente, Flores había afirmado que fue objeto de grabaciones ilegales de sus conversaciones telefónicas por la “inteligencia del Estado”, sólo para retractarse días más tarde, insistiendo en que sus comentarios habían sido tomados fuera de contexto.

Tanto Hurtado como Flores –que ya han sido reemplazados– fueron electos en la contienda para elegir a nueve jueces de la CSJ, siete jueces del TC, siete jueces para el recientemente creado Tribunal Agro-ambiental (TA); y cinco para el Consejo de la Magistratura –el comité supervisor de la justicia. En esta ocasión, Morales había saludado la elección como un intento innovador para revisar el sistema judicial y hacerlo más representativo [IL-11-20], dado el hecho de que las designaciones previas fueron hechas por la legislatura, lo que permitió que varios grupos políticos impongan a jueces simpatizantes con sus causas. Sin embargo, el gobierno del MAS desde entonces se ha visto forzado a admitir que en última instancia poco ha cambiado.

Con cuatro de los magistrados del TA también clamando por la renuncia de su presidente, Bernardo Huarachi, por supuesta ineficiencia, la crisis en la justicia podría terminar siendo un punto de coincidencia para la oposición antes de la elección de octubre (en la que Morales es el firme favorito –ver más abajo). Las afirmaciones de Flores relacionadas con la presión del ejecutivo ya han sido tomadas por otros colegas del TC como, Gualberto Cusi, así como también por disidentes del MAS como la Diputada Rebeca Delgado, quien está solicitando una investigación sobre el tema. Una ex presidenta de la cámara baja, Delgado (2012-2013), rompió con el MAS el año pasado, después de varios altercados con prominentes figuras del MAS como el Vicepresidente Álvaro García Linera, a quien ella acusó de autoritarismo. Mientras tanto, líderes de la oposición como Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN) y Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo (MSM), han estado pidiendo la renuncia de todos los funcionarios judiciales electos.

Aún falta que el gobierno del MAS provea una respuesta a la crisis. Después de la renuncia de Flores, Gutiérrez dijo a la prensa local que la justicia debe mostrar “signos de cambio para finales de año, o el gobierno tomará duras medidas”, aunque estos comentarios de nuevo fueron tomados por la oposición política como evidencia de la “interferencia” del ejecutivo. Por otro lado, el 21 de febrero, Héctor Arce, el presidente de la comisión de asuntos constitucionales, legislación y el sistema electoral, de la cámara de diputados, anunció que la legislatura promoverá una reforma para la completa revisión del sistema judicial, aunque es improbable que esto tenga algún impacto antes de las elecciones.

• Popularidad

El Presidente Morales tiene el 45,7% de las intenciones de voto en la elección presidencial de octubre del 2014, de acuerdo con la última encuesta de Tal Cual Comunicación Estratégica, publicada en los medios locales el 23 de febrero. En segundo lugar, con el 13,4%, esta Samuel Doria Medina (Unidad Nacional), seguido por Rubén Costas, del Movimiento Demócrata Social (MDS), con el 9,1%, y Juan Del Granado, del Movimiento Sin miedo (MSM), con el 4,4%. La encuesta, que entrevistó a 2.250 personas en las principales ciudades de Bolivia y tiene un margen de error del 2,04%, probablemente subestime el apoyo que tiene Morales, considerando que su apoyo tradicionalmente permanece más fuerte en las áreas rurales.