Informe Latinoamericano – 17 de abril de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-15)

Pocas ciudades ilustran mejor el problema de Argentina para contener los crecientes niveles criminalidad y el tráfico de drogas que la ciudad portuaria de Rosario, a unos 300kms al noroeste de Buenos Aires. Los homicidios se elevaron un 76% desde el 2012 al 2013 a medida que la pelea por el comercio de las drogas se intensifica. El año pasado, el jefe de la fuerza policial de la ciudad y su zar antidrogas, fueron arrestados por sus vínculos con traficantes. Tres linchamientos ejecutados por turbas de civiles, incluyendo uno que terminó en la muerte de un adolescente, han puesto a la ciudad en los focos de los medios de comunicación de nuevo en marzo de este año. El 9 de abril, en una masiva demostración de fuerza que tuvo muchas de las características del programa de pacificación que está siendo implementado por el gobierno brasilero en las favelas de Rio de Janeiro, unos 3.000 agentes de seguridad federales llevaron a cabo la mayor redada jamás vista contra los traficantes de drogas en la ciudad, que resultó en el arresto de 20 personas.

Agentes de la policía federal Argentina, patrullas de frontera (gendarmería), guardacostas, y agentes de seguridad aeroportuaria lanzaron 89 redadas en los suburbios ubicados en la periferia de la ciudad de Rosario. La operación fue el resultado de varios meses de investigaciones judiciales llevadas a cabo por el ministerio de seguridad, y que apuntan a desmantelar a grupos de traficantes de drogas que operan desde cientos de pequeñas construcciones de ladrillos llamadas ‘bunkers’ donde se venden drogas. Según el viceministro de seguridad, Sergio Berni, el objetivo no era ubicar a traficantes de drogas o determinar la cantidad de drogas en circulación, sino ocupar el territorio. Alrededor de 2.000 oficiales, incluyendo 1.500 gendarmes y 500 oficiales de la guardia costera, permanecerán en la ciudad para ayudar a las fuerzas de seguridad locales. “Esto no termina acá”, Berni dijo. “Es solamente el comienzo”.

La operación fue un raro ejemplo de estrecha cooperación entre el gobierno federal y la provincia de Santa Fe, gobernada por un Socialista. El gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, agradeció a la Presidenta Cristina Fernández y a Berni por sus trabajos, y en particular por la manera profesional en que se llevó a cabo la operación, sin que se hayan filtrado advertencias antes de las redadas. Berni y la ministra de seguridad, María Cecilia Rodríguez, recorrieron la ciudad el 14 de abril, y anunciaron que 500 oficiales más de la policía provincial serían trasladados a Rosario a principios de mayo, a fin de tomar el control de otros 10 vecindarios.

Si las redadas seguirán el guion del programa de pacificación en Rio, el éxito inicial podría resultar difícil de sostener. La ocupación de Rosario por parte de un tan grande número de agentes federales es costosa y una vez que los traficantes hayan superado la sorpresa inicial del súbito interés del Estado en su territorio, es probable que ellos resurjan en otras partes. Juan Monteverde- líder del grupo opositor de izquierda de Santa Fe, Giros- dio la bienvenida a las medidas recientes, pero advirtió que usar solamente “la fuerza represiva del Estado” sería un error estratégico. “Debemos investigar el lavado de dinero y los otros delitos económicos que sostienen el tráfico de drogas”, dijo Monteverde.

¿Enfriamiento del gobierno sobre la reforma penal?

Con la inseguridad dominando la lista de preocupaciones de los votantes argentinos, el gobierno parece crecientemente inseguro acerca de si empujar hacia delante sus planes de reforma del código penal. Aunque muchos coinciden, incluso en la oposición, en que las inconsistencias en el código necesitan ser reformadas, estando tan cerca de una elección podría ser muy controversial. Las recomendaciones, supervisadas por el juez de la corte suprema, Raúl Zaffaroni, han sido utilizadas por los políticos de la oposición (en particular, el diputado Sergio Massa del Frente Renovador, FR), por ser abiertamente indulgentes con los delincuentes, pues ellos verán eliminadas las sentencias de por vida y los castigos por reincidencia. Las reformas también podrían incluir delitos contra la humanidad; tortura “por omisión”; violación dentro del matrimonio; y delitos medioambientales, en el código penal argentino.

Consciente del nerviosismo del gobierno sobre la cuestión, Patricia Bullrich, una diputada por la opositora Unión por Todos, y líder de la comisión del congreso sobre la ley penal, ha anunciado un debate sobre las reformas a partir del 22 de abril. Es probable que el debate de una prueba del apetito de la gente por la reforma y podría frustrar el entusiasmo del gobierno por enviar un borrador de la ley al congreso.

• Capitanich niega su renuncia

El 14 de abril los medios de comunicación de Argentina informaron que Jorge Capitanich, el ubicuo jefe de gabinete de la Presidenta Cristina Fernández, estaba renunciando después de desacuerdos con el movimiento juvenil Kirchnerista, La Cámpora. El 15 de abril, Capitanich negó la historia, calificándola  como parte de un sistemático intento de los medios de atacar al gobierno y “crear desconfianza en la sociedad argentina”.