Informe Latinoamericano – 25 de abril de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-16)

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, bien podría proclamar los dos recientes acuerdos logrados antes de su intento de reelección en octubre: uno con las cooperativas mineras (cooperativistas), que ha seguido a los recientes choques letales por la propuesta de un proyecto de ley minera [IL-14-14]; y el otro con la principal organización sindical, la Central Obrera Boliviana (COB), sobre aumentos en el salario mínimo. Estas dos fuerzas han proporcionado fuentes de malestar para el gobierno de su Movimiento al Socialismo (MAS) en años recientes. Sin embargo, mientras Morales permanece como el claro favorito antes de las elecciones, una huelga sin precedentes convocada por miembros de menor rango en las fuerzas armadas, está provocando un inesperado motivo de preocupación para su gobierno.

El 21 de abril, el gobierno del MAS y la COB acordaron un aumento general de salarios del 10%, y un incremento del 20% en el salario mínimo nacional, elevando éste último a B$1.400 (US$203) por mes, subiendo de B$1.200 (US$174) en el 2013. El gobierno, por su lado, había ofrecido inicialmente incrementos del 7% y el 10%, pero el acuerdo final estuvo mucho más en línea con el 12% y el 20% exigido por la COB, que ahora parece haber abandonado su fantástico pedido tradicional de B$8.300 (US$1.199), basado en sus estimaciones sobre el costo de la canasta básica de bienes.

Flanqueado por sus ministros de economía y de trabajo, Luis Arce y Daniel Santalla respectivamente, el Presidente Morales destacó  que el salario mínimo nacional se había incrementado un 173% desde el 2005, el año antes de que él asumiera el poder. También fue rápido en destacar que el incremento fue significativamente más que la tasa de inflación del 6,48% registrada en el 2013 (subiendo del 4,5% en el 2012).

Morales dijo que el aumento salarial estaba en línea con los esfuerzos de su gobierno por redistribuir la riqueza –teniendo en cuenta que el crecimiento económico alcanzó el 6,4% en el 2013 según el último informe (de enero del 2014) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU. La cifra del 2013 fue la tercera más alta en la región después de Paraguay (13%), y Panamá (7,5%). El mismo informe proyecta un crecimiento del 5,5% para Bolivia en el 2014, segunda sólo detrás de Panamá (7,0%). Por su lado, el banco central de Bolivia anunció el 20 de abril que las reservas internacionales llegaron a US$14,4mm hasta el 31 de diciembre del 2013, subiendo US$503m sobre el 2012

Tal como fue el caso con el decreto de Morales en noviembre del 2013, estableciendo un segundo bono de pago anual cuando el crecimiento anual real del PIB exceda el 4,5% [IL-13-48], los grupos de presión del sector privado, como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se apresuraron a calificar el último incremento salarial como motivado por razones electorales. Ellos se han quejado por el hecho de que el sector privado ha sido excluido de las conversaciones.

Estos reclamos no son totalmente injustificados, dado que el propio Morales ha admitido que la COB permanece de gran importancia para su intento por la reelección. A fines del mes pasado, él dijo a los periodistas que la COB podría agregar un 10% adicional a sus votos; aunque incluso sin el apoyo de la COB, él espera superar el 64% de los votos con lo que obtuvo la reelección en el 2009.

Aunque la COB ha sido un aliado tradicional del MAS, sus diferencias con el gobierno se han vuelto más pronunciadas durante el segundo mandato de Morales (que se inició en el 2010) sobre cuestiones como el fallido intento del gobierno de eliminar los subsidios del Estado a los combustibles en diciembre del 2010 (el gasolinazo) y los incrementos en el salario mínimo. Este descontento culminó con la COB lanzando un nuevo partido, el Partido de los Trabajadores (PT), en enero del 2013. Mientras que el decreto de noviembre del 2013 parece haber logrado su objetivo de poner a la COB de vuelta a su lado –el día siguiente la COB anunció la disolución del PT– la central obrera ha sido bien clara en que su apoyo no es incondicional (ver más abajo).

Otro acuerdo

El mismo día en que Morales anunció el incremento de salarios, el ministro del interior, Carlos Romero, develó un acuerdo entre el gobierno y los cooperativistas, agrupados en la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) con relación al nuevo proyecto de ley minera. Esto siguió al punto muerto después de que la cámara baja de la legislatura plurinacional aprobara, el 29 de marzo, los cambios al proyecto de ley minera, elaborado para reemplazar el código minero de 1997, aprobado bajo la administración liderada por Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003), que había provocado las protestas de Fencomin.

Los cooperativistas habían objetado específicamente una enmienda al artículo 151 del proyecto de ley, que había autorizado a las cooperativas a firmar contratos con compañías privadas. La enmienda eliminó este artículo sobre la base de que era inconstitucional, estipulando que solamente el Estado boliviano está de hecho autorizado a firmar contratos con inversionistas privados para explotar los recursos naturales. Esto provocó protestas de los cooperativistas que se convirtieron en letales.

Bajo el acuerdo logrado el 21 de abril con los cooperativistas (cuyo número llega a entre 80.000 y 120.000 de acuerdo con estimaciones del 2012), las cooperativas pueden formar compañías mixtas con la compañía minera del Estado, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero no con compañías privadas, ya sean extranjeras o locales. Aunque aún falta que el gobierno clarifique si cumplirá su promesa de reelaborar el proyecto de ley minera (que ya lleva tres años tramitándose), el acuerdo es una solución a la disputa, bienvenida por el gobierno, particularmente teniendo en cuenta las amenazas hechas por el líder de Fencomin, Alejandro Santos, de que “así como hemos llevado a Evo al poder, así también lo podemos remover”.

Otra complicación

Mientras que ambos acuerdos serán cruciales en términos de asegurar el respaldo de la base de apoyo tradicional del MAS antes de las elecciones de octubre, la amenaza del malestar de los militares podría convertirse en otra prueba más para Morales. La “huelga por tiempo indefinido” fue anunciada el 21 de abril por el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas (ASCINALSS), Suboficial Johnny Gil Leniz. La huelga fue provocada por la decisión, anunciada el día anterior, por el ministro de defensa, Rubén Saavedra, de destituir a cuatro suboficiales que habían pedido una reforma interna de las fuerzas armadas –la primera de exigencia de tal clase bajo el mandato del Presidente Morales.

Los suboficiales destituidos (dos de la fuerza aérea, uno del ejército, y uno de la armada), habían presentado una propuesta el 3 de abril, citando la necesidad de abordar el tema de la “discriminación dentro de las fuerzas armadas”. Entre otras cosas, la propuesta pide que se permita que los suboficiales tengan las mismas oportunidades educacionales que sus superiores y que los rangos de suboficiales y sargentos sean reemplazados con la denominación de “oficiales técnicos”. Además de los cuatro oficiales destituidos, más de 50 estudiantes de la escuela de ingeniería militar y la escuela de aviación técnica fueron expulsados por asistir a una reunión relacionada con la iniciativa.

Mientras Saavedra minimizaba la amenaza del malestar, destacando que solamente 500 de los 10.000 suboficiales tomaron parte en las protestas del 22 de abril, el gobierno ha dicho que está abierto a la negociación. Sin embargo, está aún no ha producido resultados concretos.

Claramente, Morales no está dejando ninguna chance de que el malestar se extendiendo a la policía, que en el 2012 montó revueltas para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo [IL-12-25]. El 22 de abril, el gobierno anunció un acuerdo con la Asociación Nacional de Policías (ANSSCLAPOL) para elevar los gastos del alimento diario para oficiales de la policía a B$7 (US$1), subiendo de B$4,50 (US$0,65).

• Ganancias

El viceministro de Bolivia para el presupuesto y la responsabilidad fiscal, Jaime Durán Chuquimia, dijo recientemente a los periodistas que las ganancias de las compañías del Estado alcanzaron B$6,62mm (US$959m) en el 2013, subiendo de B$6,4mm (US$932m) en el 2012 y B$69m (US$9,9m) en el 2005. Chuquimia dijo que ahora existen 23 compañías del Estado, subiendo de seis compañías públicas en el 2005. Y agregó que la compañía petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), representa un abrumador 96,7% de las ganancias, contribuyendo B$6,4mm al total. YPFB es seguida por la compañía minera del Estado, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con B$297m; la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), con B$187m; y la compañía minera, Metalúrgica Vinto, con B$34m.

• Exigencias de la COB

En una entrevista con el diario nacional, La Razón, el 16 de febrero, el secretario general de la COB, Helmo Pérez, dijo que el incremento salarial era una de las cuatro demandas de la COB de cara a las elecciones. Las otras incluyen mayor participación política (la COB está exigiendo que candidatos sindicalistas sean incluidos en la lista del MAS); compromisos incluidos en la esfera productiva (la COB está pidiendo la reactivación de proyectos mineros estancados, así como también plantas de industrialización en ciertas áreas); y que el gobierno aborde la escasez de viviendas para trabajadores miembros de la COB.