Informe Latinoamericano – 23 de mayo de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-20)

La nueva mega-operación federal en Tamaulipas anunciada el 13 de mayo fue en realidad el tercer paso en una cadena de reacciones ante eventos que llegaron a su pico el 5 de mayo con el asesinato del Coronel Salvador de Haro Muñoz, el director de investigaciones del ministerio de seguridad pública del estado. Inicialmente atribuido a pistoleros desconocidos –un indicio de que los perpetradores eran sicarios pagados por uno de las organizaciones traficantes de droga enfrascadas en una guerra territorial– pronto se volvió evidente que este asesinato había sido orquestado por oficiales de la propia unidad de De Haro. En cuestión de días ya habían sido arrestados tres oficiales bajo cargos de coparticipación en el asesinato. Poco después se emitió una orden de arresto contra 10 oficiales de tráfico de Ciudad Victoria de quienes se cree que habían tomado parte en el ataque.

De Haro había estado conduciendo una investigación sobre la penetración del crimen organizado en el directorio de tráfico de Ciudad Victoria. Una veintena de funcionarios de esa dependencia habían sido detenidos por sospecha de trabajar para uno de los grupos traficantes de droga, actuando principalmente como vigías. La frustración ya estaba creciendo en el estado por el lento ritmo de los esfuerzos por arrancar de los servicios de seguridad al personal que está en colusión con las organizaciones criminales.

La dimensión del problema fue subestimada. Lidia Rivero, la coordinadora del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (la agencia de examen previo e investigación conocida como CCC o C3), se dedicado la mayor parte del año pasado a actuar en la clandestinidad luego de haber recibido amenazas de muerte. Cuando emergió el 13 de mayo, a medida que la operación federal estaba siendo anunciada, la misma reveló que cerca de la mitad de los oficiales de la policía municipal y estatal habían fracasado en las ‘pruebas de confianza’ a las cuales fueron sometidas. Solamente en marzo, dijo que 408 oficiales municipales y 213 oficiales del estado habían fracasado en la prueba. De aquellos que fracasaron, ella señaló, fue hallado que más del 40% habían tenido conexiones con el crimen organizado o el tráfico de las drogas.

El asesinato de De Haro fue una señal de que el crimen organizado estaba contraatacando. El día siguiente, el contingente de la armada, hasta entonces presente en cuatro ciudades (Tampico, La Pesca de Soto la Marina, San Fernando, y Matamoros), fue aumentado para cubrir otras seis (Victoria, El Mante, Río Bravo, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, y Reynosa). Luego, el gobernador del estado, Egidio Torre Cantú, anunció que el ministro del interior, Miguel Ángel Osorio Chong, había acordado enviar otros 200 oficiales de la policía federal a Tampico.

A nivel federal fue acordado que el ejecutivo no designaría a un comisionado federal especial como en el caso de Michoacán, dejando al gobernador Torre ostensiblemente a cargo, pero ubicando altos oficiales informando a los ministerios de defensa o de la armada en control de las cuatro zonas en las cuales el estado sería dividido. Cuando la operación Tamaulipas fue anunciada formalmente, se habló mucho del hecho de que las fuerzas federales estarían “patrullando las 24 horas del día, los siete días de la semana, en los principales centros urbanos”.

Sin embargo, mucho del esfuerzo se concentrará en la ‘evaluación y purga’ del ministerio de seguridad pública del estado y sus dependencias, así como también la oficina del procurador general del estado. Los alcaldes, anunció el gobierno, serían convocados para poner en marcha purgas similares en sus jurisdicciones. A fin de asegurar servicios de seguridad confiables post-purgas, se establecerá inmediatamente un instituto a nivel estatal para la capacitación de oficiales de policía, y el salario de la policía será vuelto más atractivo. La oficina del Procurador General de la República (PGR) estará a cargo de establecer una oficina pública encargada de los procesos en cada una de las cuatro zonas en las que se ha dividido el estado.

Plan Tamaulipas

Las cuatro zonas operacionales

• Frontera: Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, y Matamoros.

• Costa: Altamira, Tampico, y Madero.

• Centro: Llera y Ciudad Victoria.

• Sur: Mante, Antiguo Morelos, y Nuevo Morelos.

Los tres objetivos principales

• Desmantelar las organizaciones delictivas.

• Sellar las rutas del tráfico ilícito de personas, armas, y dinero.

• Garantizar que las instituciones locales de seguridad serán suficientes, eficientes y confiables.

A fin de impedir la ‘expansión’ hacia y desde estados vecinos, serán coordinadas operaciones especiales con los gobiernos de Nuevo León, Veracruz, y San Luis Potosí.

Aunque no figura entre los tres objetivos centrales de la operación, Osorio Chong dijo que el gobierno federal prestará especial atención al problema del secuestro –que según el fiscal del estado de Tamaulipas, Ismael Quintanilla, ha estado continuando sin cambios en un promedio de “15 a 20 casos por día, en todas partes en el estado”.

Neutralizando objetivos prioritarios

Osorio Chong explicó la oleada de violencia de las recientes semanas como “debidas en gran medida a la descomposición de estos grupos [criminales] generada por las durísimas acciones del Estado mexicano”. En solamente un año y medio, él dijo, ha habido “un antes y un después en regiones como La Laguna, y en estados como Michoacán, Chihuahua, Nayarit, y Guerrero”.

Él presentó la operación Tamaulipas como “una nueva fase” en una exitosa campaña basada en la coordinación de esfuerzos de las autoridades federales y estatales, que en Tamaulipas ya ha resultado en la disminución del número de homicidios y “la neutralización de ocho de los 12 objetivos prioritarios que operaban en la región”.

En todo el país, él señaló, las autoridades habían “neutralizado” 80 de los 122 “objetivos relevantes” definidos por los gobiernos federal y estatal. En el actual idioma oficial de la administración liderada por el Presidente Peña Nieto, “objetivos prioritarios [o relevantes]” es equivalente a “criminales más buscados” o “capos de bandas”.

Ya hubo la menos dos recientes golpes de esta clase en Tamaulipas. El primero tuvo lugar el 9 de marzo, fue la muerte en un tiroteo en Reynosa de Galindo ‘El Mellado’ o ‘Z-9’ Mellado Cruz, uno de los fundadores de Los Zetas, previamente encarcelado dos veces en Michoacán y fugado dos veces. Algo del brillo se desvaneció cuando un funcionario del estado le dijo extraoficialmente a la agencia de noticias, Associated Press, que Mellado ya no estaba en una posición de liderazgo en la organización de Los Zetas, que actualmente está luchando en un intento por recobrar del Cártel del Golfo, parte de su territorio perdido.

El 20 de mayo, el gobierno confirmó el arresto de Francisco Ramírez Rivero (alias ‘Juan Fernando Álvarez Cortés’) quien ha sido descrito en los medios de comunicación como uno de los jefes regionales de Los Zetas en Tamaulipas. Como Mellado, él había estado previamente encarcelado en el estado y se había escapado luego de cinco meses.