Informe Latinoamericano – 1 de agosto de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-30)

Al cierre del horario bancario de la Ciudad de Nueva York, el 30 de julio, Argentina ya había formalmente caído en default de su deuda externa, por segunda vez en más de 12 años, al no poder realizar los pagos vencidos de US$539m al grueso de sus tenedores de bonos. Los pagos fueron bloqueados por orden del juez de Nueva York, Thomas Griesa, quien ha dictaminado que Argentina no puede pagar a sus tenedores de bonos a menos que también pague US$1,33mm más intereses al grupo de acreedores ‘holdouts’ liderado por el fondo de riesgo, NML Capital. A pesar de las negociaciones de último momento del ministro de economía de Argentina, Axel Kicillof, y de una oferta de ayuda de parte de la asociación de bancos privados de la Argentina (Adeba), no se alcanzó ningún acuerdo entre Argentina y los holdouts. ¿Cuáles son las consecuencias políticas?

Fundamentalmente, las consecuencias políticas del último punto muerto son inciertas, y dependen de lo que ocurra ahora. Pero al menos dos cosas esta claras. Primero, que el tono y el estilo del manejo de la cuestión  por parte de Argentina (una combinación de desafío, intransigencia, y de política arriesgada) fue establecido por la Presidenta Cristina Fernández y Kicillof, con muchos otros miembros del gobierno acompañándolos. Segundo, el duo Fernández-Kicillof parece haber creído que al asumir una línea dura, resumida en la frase ‘patria o buitres’ galvanizaría la opinión pública en apoyo del gobierno. Algunos comentaristas de Buenos Aires dijeron que el gobierno había comisionado sondeos privados de la opinión pública que respaldan esta visión. Ciertamente existe muy poca simpatía por los fondos de riesgo con sede en EU –los ‘buitres’– que compraron bonos de la afligida deuda Argentina con enormes descuentos y ahora esperan obtener el pago del 100% de su valor nominal.

Pero como ha señalado la diputada opositora, Elisa Carrió, de la Coalición Cívica ARI, la decisión de ‘malvinizar’ la disputa es una decisión de alto riesgo. La referencia es al conflicto en el Atlántico Sur entre Argentina y el Reino Unido sobre las islas Malvinas/Falklands en 1982. En ese entonces, el gobierno militar de Argentina buscó presentar a la población con una simple opción: podían optar por el patriotismo y apoyar al régimen militar –o, ser traidores, vendiéndose a los intereses foráneos. Las opciones intermedias (tales como apoyar el reclamo de soberanía sobre las islas, pero oponiéndose a la intervención militar) fueron excluidas. Este tipo de opción entre ‘nosotros o el diablo’ puede ser un mecanismo eficaz de coincidencia en el corto plazo, y puede ser maravilloso para un gobierno que al final se encuentra el lado triunfador. De hecho, si Argentina hubiese ganado el conflicto del Atlántico Sur, nadie duda que el entonces presidente [de facto], el General Leopoldo Galtieri (1981-1982), habría permanecido en el gobierno por mucho más tiempo. Pero eso no ocurrió –Galtieri fue depuesto y en poco más de un año el gobierno militar había terminado.

La disputa de la deuda externa de hoy es, por supuesto, un conflicto político diferente en una Argentina diferente. Y el default puede ser visto como un fracaso de la estrategia negociadora del gobierno, y si es así, la responsabilidad recaería sobre Fernández y Kicillof. El gobierno podría tratar de presentarlo como una victoria –pero esto tensaría la credibilidad. O, lo más factible, el gobierno lo puede presentar como un punto coyuntural en algo que aún no ha terminado. El default, de hecho puede ser visto como una pausa, antes de un nuevo intento para llegar a un acuerdo. Esto reducirá el costo político para el gobierno. El peligro, por supuesto, es que el default que en este momento es selectivo (en parte debido al hecho de que los pagos de intereses hechos por Argentina a algunos de los tenedores de bonos reestructurados fueron liberados por el juez Griesa a último momento [ver más abajo]), puede ser peor (otros acreedores aún no afectados podrían buscar invocar cláusulas de default-cruzado), disparando una recesión más profunda. En este caso, el eslogan ‘patria o buitres’ podría ser visto como una apuesta que resultó mala.

También podría haber algunas riñas internas dentro del gobierno. La intervención de último momento de Adeba para tratar de resolver el punto muerto ofreciendo recaudar dinero (US$250m o más) para hacer un desembolso inicial a los fondos de riesgo de EU, no pareció tener la bendición de Kicillof. En cambio, se dijo que se había planteado a pedido del presidente del Banco Central de la Argentina (BCRA), Juan Carlos Fábrega, y el jefe del gabinete de Fernández, Jorge Capitanich, ambos han sido a menudo considerados como rivales de Kicillof por la influencia dentro de la administración. En su conferencia de prensa en la Ciudad de Nueva York, Kicillof fue bastante despectivo con la propuesta, diciendo que él solamente había leído acerca de la oferta en la prensa. Algunas fuentes afirman que Kicillof lo había dejado de lado deliberadamente, y hay rumores en Buenos Aires de que Fábrega ahora está considerando su renuncia. Si alguna versión del plan de Adeba eventualmente prospera, Kicillof no podrá reclamar el crédito del mismo.

Griesa autoriza pago parcial

El 28 de julio el Juez Thomas Griesa reveló que había permitido la liberación de US$87m en pagos de intereses hechos por Argentina sobre bonos denominados en dólares emitidos en Buenos Aires pero retenidos en el exterior.

La decisión fue en respuesta a un pedido de clarificación del Citibank, que quería saber si la resolución de Griesa afectaba estos pagos. Griesa explicó que así era, pero que había decidido permitir que esto siga su curso “esta única vez” debido a que “la corte no quiere afectar los acuerdos [de Argentina] con Repsol –entre los bonos que recibieron el pago están aquellos en poder de la firma petrolera española, bonos que fueron parte de la compensación pagada a la misma por Argentina en febrero por la expropiación del 2012 de su participación mayoritaria en la firma petrolera nacional de Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Griesa dijo que su decisión estaba basada en el hecho de que el Citibank le había explicado que no era capaz de diferenciar entre los bonos emitidos para Repsol y otros bonos argentinos, pues comparten el mismo International Securities Identification Number (ISIN). “Solamente por esta razón Citibank puede pagar los intereses adeudados sobre bonos retenidos por Repsol y otros bonos de la deuda reestructurada y denominada en pesos y dólares”, dijo Griesa en una declaración. Sin embargo, Griesa también pidió al Citibank que establezca un mecanismo para diferenciar los diversos bonos en el futuro.