Informe Latinoamericano – 5 de septiembre de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-35)

La legislatura unicameral de Panamá, de 71 bancas, recientemente aprobó una resolución pidiendo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que remueva a la contralora general, Gioconda Torres de Bianchini, una estrecha aliada del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014). La movida contra Torres, cuyo periodo de cuatro años debe terminar en diciembre, sigue a su reciente aparición ante la legislatura donde ella fue convocada para testificar en relación a varias preocupaciones sobre corrupción que rodean a la administración anterior. Aparte de ilustrar que el acuerdo legislativo entre el Partido Panameñista (PPA) del Presidente Juan Carlos Varela, y el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) [IL-14-26] parece estar dando resultados, el avance contra Torres muestra que Varela intenta cumplir con la ya familiar promesa que hacen los presidentes al asumir el poder en Panamá –la de frenar la corrupción oficial.

Las preocupaciones internacionales que rodean a los supuestos casos de corrupción relacionados con el anterior gobierno de Martinelli, surgieron en informes como el Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial (WEF, siglas en inglés), el cual aunque que es positivo acerca de Panamá sobre otros aspectos, señaló que el país enfrenta desafíos importantes en términos del “fortalecimiento del funcionamiento de sus instituciones, en el combate a la corrupción y el delito [...] y la independencia del sistema judicial”. El último informe (diciembre del 2013) de la ONG, Transparencia Internacional (TI), también señala que Panamá registró la mayor caída que cualquiera de sus vecinos centroamericanos en su índice de corrupción en el 2013, cayendo 19 lugares, para terminar en el puesto102^do, con 35 puntos, cayendo del 83^ro en el 2012.

El 19 y 20 de agosto, Torres, quien sirvió como auditora de la compañía Importadora Ricamar de Martinelli por 15 años, antes de asumir su actual puesto, fue llamada a testificar ante el congreso. Uno de los principales casos sobre el cual ella fue interrogada fue el que involucraba los contratos adjudicados en el 2010 a Finmeccanica, el conglomerado aeroespacial y de defensa conducido por el Estado italiano, para la compra de radares, helicópteros, y servicios de cartografía digitales. El caso había causado un bochorno mayor a la administración de Martinelli después del arresto en abril del 2012 de Valter Lavitola, un ex consejero del ex primer ministro italiano caído en desgracia, Silvio Berlusconi [IL-12-16].

Lavitola, quien actualmente está siendo enjuiciado en Italia en relación a varios cargos, ha sido acusado de actuar como intermediario para la entrega de sobornos de compañías italianas a gobiernos en América Latina, incluido Panamá. Tanto la prensa panameña como la italiana sugirieron que los contratos fueron inflados y que Lavitola, quien se decía que cumplía el rol de “componedor-operador” en las conversaciones, recibía los sobornos, parte de los cuales iban en coimas a funcionarios locales –incluyendo Martinelli. Cinco días antes de la primera aparición de Torres ante el congreso, una fiscal anticorrupción, Lorena Coronel, anunció que la investigación sobre el caso sería reabierta.

Siguiendo a la movida contra Torres, cuya renuncia es también exigida por grupos de la sociedad civil como la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el caso ahora pasa a los magistrados de la CSJ, cinco de los cuales fueron nombrados por Martinelli. Mientras que aún está por verse si la corte cumplirá con la resolución de la legislatura, es probable que el potencial choque entre las diferentes ramas del gobierno someta la independencia de varias instituciones a mayor escrutinio.

También ha habido varios otros signos de la intención del Presidente Varela de enfrentar la alegada conducta ilegal que prevaleció bajo su predecesor. El 13 de agosto, el Tribunal Electoral (TE) comenzó a investigar a 47 entidades públicas (de un total de 82) por alegadas violaciones de las leyes contra la excesiva publicidad electoral antes de las elecciones generales de mayo. Entre estas instituciones, están incluidas la Asamblea Nacional, la alcaldía de Ciudad de Panamá, nueve ministerios, y la policía nacional entre otras, aunque desde entonces 11 de estas entidades han sido exoneradas.

Por otro lado, el 14 de agosto, Varela revocó todos los 355 perdones presidenciales emitidos por Martinelli a varios funcionarios en los días finales de su mandato en junio, sobre la base de que los mismos habían sido emitidos por una “autoridad no competente” (ellos fueron co-firmados apresuradamente por la ministra de trabajo, Alma Cortés, en vez del ministro del interior, Jorge Ricardo Fábrega). Varela también señaló que los  perdones habían sido emitidos para individuos quienes aún no habían sido condenados por ningún delito y pidió al fiscal general que investigue a aquellos responsables de emitir los perdones.

Investigarán el Programa de Ayuda Nacional

Aparte de la investigación del caso Finmeccanica, la fiscal anticorrupción Lorena Coronel, también ha anunciado una investigación en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), un fondo del gobierno usado para varias iniciativas dirigidas a mejorar la mitigación de desastres, nutrición, y vivienda, entre otras cosas,

La investigación está en línea con una queja presentada ante la oficina del fiscal general por el legislador nacional del PPA, José Luis Varela (hermano del Presidente), involucrando supuestos delitos relacionados con la administración pública por parte de Rafael Guardia, quien sirvió como presidente del PAN bajo el ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

De acuerdo con informes de la prensa local, la investigación cubrirá varios contratos otorgados a compañías y la supuesta malversación de fondos públicos del PAN. Los contratos cuestionados incluyen a compañías vinculadas con Heriberto Vega, un ex candidato a legislador por el Cambio Democrático (CD) de Martinelli.

Los críticos desde hace tiempo han sugerido que los fondos del Estado del PAN han sido usados para atraer a desertores de otros partidos.

• Una promesa electoral clave

El Presidente Juan Carlos Varela citó el 24 de agosto cifras del ministerio de economía & finanzas (MEF) que muestran que el precio de la Canasta Básica Familiar de Alimentos (CBFA) en julio del 2014 fue de US$318,48 –una caída del 7,7% con relación a junio del 2014. En un comunicado de prensa, el MEF afirma que esta fue la caída más significativa en los últimos 10 años. El primer acto del Presidente Varela al sumir el poder el 1 de julio fue anunciar controles de precios temporales de ‘emergencia’ sobre 22 productos básicos a fin de reducir la inflación. Mientras que la inflación fue del 3,4% en el 2013, cayendo del 5,7% en el 2012, los altos precios de los alimentos fueron una de las principales preocupaciones de los votantes.

• Membresía partidaria

Como un signo más de los factores menos que ideológicos que determinan las afiliaciones a los partidos políticos, el éxodo de los partidos derrotados en las elecciones de mayo continúa. De acuerdo con el informe más reciente del Tribunal Electoral (TE), el número total de miembros de Cambio Democrático (CD) fue de 422.617 en julio, cayendo de 458.502 en abril, el mes antes de las elecciones, mientras que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se redujo a 452.677 cayendo de 458.282 en abril. El Partido Panameñista (PPA) de Varela, sin embargo vio su número elevarse –de 216.338 en abril, a 221.386 en julio.