Informe Latinoamericano – 19 de septiembre de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-37)

José Mariano Beltrame, el secretario de seguridad pública en el estado de Río de Janeiro, dijo a los periodistas, el 17 de septiembre, que él se sentía “confortable” con los jefes de la policía del estado, a pesar de la revelación de un gran esquema de extorsión entre los oficiales en el suburbio de Bangu en el oeste de Rio. Han sido arrestados 24 oficiales, entre ellos el tercero en el comando de la policía militar de la ciudad, el Coronel Alexandre Fontenelle Ribeiro, por exigir pagos a dueños de comercios, moto-taxis, y compañías privadas de camionetas y autobuses a fin de no cobrarles multas por cometer infracciones.

De acuerdo con el ministerio público, la banda, conocida como ‘Amigos Inc’, cobraba entre R$30 (US$12) y R$2.600 (US$1.100). Cuando los investigadores de la policía allanaron la casa de uno de los oficiales acusados, hallaron R$287.000 (US$121.000) en dinero en efectivo. Rio tiene una larga historia de bandas de policías dedicadas a extorsionar; una investigación en el 2006 derivo en el arresto de 75 oficiales de policía en actividad. En el 2008, el ex jefe de la policía civil de la ciudad de Rio de Janeiro fue encarcelado por pertenecer al esquema.

Sin embargo, Beltrame insiste en que él aún tiene confianza en la policía. “Si usted analiza los incidentes de criminalidad, verá que los números son buenos, estamos en la senda correcta. Las investigaciones contra los oficiales de la policía están en marcha; si recibimos nueva información, haremos lo que sea necesario”, dijo. El comandante general de la policía militar en Rio, el Coronel Luís Claudio Castro, insistió en que él no se sintió “traicionado” por Fontenelle, y que teniendo en cuenta su récord sin tacha, él debería continuar siendo considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario.

• Operación ‘Lava Jato’

Alberto Yousseff, el financista quien ayudó a blanquear alrededor de R$10mm (US$4,24mm) en sobornos pagados a la compañía petrolera estatal, Petrobrás, y que luego fueran distribuidos entre aliados políticos del gobierno, fue encarcelado por 4 años y 4 meses el 17 de septiembre. Mientras tanto, Paulo Roberto Costa, el alto ejecutivo de Petrobrás quien ha informado a la policía los nombres de algunos de los políticos involucrados en el esquema, optó por apelar a su derecho al silencio el 17 de septiembre cuando fue llamado a testificar ante la comisión investigadora del congreso sobre la corrupción en la firma petrolera estatal.