Informe Latinoamericano – 05 de diciembre de 2014 (ISSN 1741-7317) (IL-14-48)

Los sindicatos siempre enfrentados con la Presidenta Cristina Fernández, se preparan para una huelga debido a la negativa del gobierno de elevar el umbral mínimo no imponible sobre los salarios. El 3 de diciembre, Hugo Moyano, Pablo Miceli, y Luis Barrionuevo, se reunieron para determinar la fecha exacta para la huelga, que está fijada para la semana próxima. Mientras los llamados a la huelga por estos líderes sindicales son ya cansadamente familiares para el gobierno, el hecho que sus aliados tradicionales en el movimiento sindical están considerando participar, será un motivo de preocupación.

El umbral del impuesto a los ingresos

Tal como está redactada la ley, aquellos que ganan más de Arg$15.000 por mes (US$1.750 a la tasa del cambio oficial; US$1.150 a la tasa del mercado negro) está obligado a pagar el impuesto a los ingresos. Esa cifra fue establecida en noviembre del 2013. En su conferencia de prensa diaria, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo “no había protestas entonces”.

Mientras que eso puede ser verdad, la inflación, por la mayoría de las estimaciones del sector privado, está en 40% por año, lo que significa que muchos más trabajadores han sido empujados a la red del impuesto a las ganancias. Se estima que 10% más de argentinos están pagando impuesto a los ingresos ahora que en noviembre del 2013. Otros comentarios de funcionarios del gobierno también han irritado a los sindicatos. En una entrevista por radio a comienzos de esta semana, el ministro de economía, Axel Kicillof, dijo: “No sé de donde ellos han sacado esta idea que la inflación está en 40%.”

Hasta ahora, el gobierno no ha mostrado voluntad de ceder terreno, ya sea en el umbral o en otra propuesta, abogada por los partidarios del gobierno dentro del movimiento sindical, que el tradicional bono salarial de diciembre, está exento de impuestos. Según informes, el ala pro-gobierno del movimiento sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT), está crecientemente desilusionada por su fracaso de ser recibida en una audiencia con la Presidenta Fernández durante días recientes. Antonio Caló, usualmente leal al gobierno, se reunió con Omar Vivani, líder del sindicato de choferes de taxis, para discutir qué rol ellos podrían jugar en la huelga de la semana próxima.

Los arquitectos de la acción, Moyano, Barrionuevo, y Micheli, se reunieron el 3 de diciembre para decidir si convocan a la huelga para el 10 o el 11 de diciembre. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que algunos en los sindicatos creen que podrían destacar algunos de los logros del gobierno en esa área. De acuerdo con fuentes sindicales, se espera que la huelga atraiga la participación de empleados bancarios, choferes de camiones, operadores de cabinas de peaje, panaderos, y algunos maestros. Capitanich describió la huelga planeada como “motivada políticamente”.

Kicillof defiende el modelo económico

En un acalorado discurso en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal federación de industriales, el ministro de economía, Axel Kicillof, defendió las políticas económicas heterodoxas del gobierno. “No existe un país en desarrollo que haya tenido un proceso espontáneo de industrialización sin la intervención del Estado,” dijo.

Kicillof también alegó que la inclusión social tiene que producirse antes del crecimiento. “Es una mentira que nosotros debemos crecer a fin de distribuir las ganancias del crecimiento; tenemos que distribuir primero a fin de ser capaces de crecer,” dijo. El ministro siguió para alegar que la UIA juega un rol clave en eso como un sector que podría crear empleos decentes, un elemento esencial de la inclusión social.  Mirando hacia delante, a las elecciones generales del año próximo, Kicillof dijo que Argentina deberá elegir entre dos modelos claramente diferentes de desarrollo: uno que prioriza la inclusión social, y un o que valora solamente la rectitud fiscal.

La Presidenta Fernández cerró la conferencia de dos días de la UIA con un discurso el 3 de diciembre, en defensa de sus políticas industriales. Las tensiones entre el gobierno y los líderes empresariales han estado creciendo durante sobre la ley de abastecimiento, y el acta anti-acaparamiento que permite la intervención del Estado en la producción, importaciones y  exportaciones y en los precios. Los principales líderes empresariales de Argentina, el llamado G6, han puesto en marcha un juicio para impugnar la constitucionalidad del acta.

• Bonadío escapa al juicio político

Claudio Bonadío, el juez federal quien recientemente incurrió en la cólera del gobierno debido a su investigación de una cadena de hoteles de propiedad de la familia de la Presidenta Cristina Fernández, evitó el juicio político en una reunión del consejo de magistrados el 3 de diciembre. Los jueces kirchneristas no lograron reunir los votos necesarios para llevar a juicio político al juez, aunque le fue aplicada una pena financiera de 30% del valor de su salario debido a su supuesto fracaso en proseguir las investigaciones sobre funcionarios acusados de corrupción en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).