Informe Latinoamericano – 6 de febrero de 2015 (ISSN 1741-7317) (IL-15-05)

El caso de los 252kgs de cocaína que se perdieron de una estación de policía en Pedro Juan Caballero (PJC), capital del departamento fronterizo de Amambay en el nordeste de Paraguay, de nuevo han planteado preguntas acerca de la extensión con la que las organizaciones de tráfico de drogas (OTDs) se han infiltrado en las instituciones locales. El año pasado, la muerte del periodista Pablo Medina [IL-14-45] había provocado serias preocupaciones acerca de la prevalencia de la ‘narcopolítica’ –los aparentemente cercanos lazos que los traficantes de drogas han logrado forjar con políticos locales, incluidos legisladores nacionales. El último caso expone los serios riesgos que estos lazos representan para el Paraguay y para sus vecinos.

El caso comenzó cuando el 10 de enero la policía antinarcóticos incautó en Amambay una cantidad considerable de cocaína en una operación llevada a cabo en el distrito de Zanja Pytá de PJC. La policía dijo que luego de rastrear a un sospechado grupo de traficantes de drogas, habían descubierto que estos utilizaban avionetas ligeras para volar sobre el área y lanzar cargas de cocaína (que se presume que provenía de Bolivia) en un claro ubicado a 30kms de la carretera principal para que sea recogida por sus asociados. Aunque la operación no produjo arrestos, las autoridades señalaron que era la más grande cantidad de cocaína incautada hasta ahora en el 2015 y que el valor estimado del embarque era de US$1m.

La droga fue llevada a una estación de policía de PJC, pero no permaneció ahí por mucho tiempo. Para el 18 de enero, las autoridades descubrieron que la cocaína se había desvanecido. El fiscal actuante en el caso original, Juan Carlos Blanco, inmediatamente sospechó que se trataba un trabajo desde adentro. Blanco llamó para que sean interrogados a los 17 oficiales de policía que participaron en la guardia de la estación de policía  durante el fin de semana del 16 al 18 de enero. Para el 23 de enero, Blanco presentó acusaciones contra tres de ellos por el robo de la cocaína, después de que un cuarto confesó que sus colegas habían llevado la droga y la habían entregado a un grupo de hombres. El testigo dijo que él había tratado de detener a sus camaradas, pero que ellos le pusieron un arma a la cabeza y lo amenazaron con matarlo si él los delataba. El testigo también reveló que él creía que las drogas fueron entregadas a un jefe local de la droga, Clemencio ‘Gringo’ González Giménez, a cambio de dinero en efectivo. Se sospecha que, en realidad, González Giménez era el destinatario original del embarque de cocaína. En otras palabras, González Giménez lo que hizo fue ‘rescatar’ su carga.

Blanco reveló entonces que él también estaba investigando el potencial involucramiento de dos legisladores departamentales en el caso, José Bogado, de la nacionalmente gobernante Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC) y César Quevedo, del principal partido de la oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). De acuerdo con Blanco los dos tienen lazos cercanos con González Giménez, quien a pesar de enfrentar varios cargos de tráfico de drogas en repetidas ocasiones ha logrado evitar ser procesado gracias al “apoyo político” del que disfruta en Amambay. Ambos hombres negaron cualquier vinculación, pero ambos fueron puestos bajo detención preventiva.

Recriminaciones políticas

Las acusaciones lanzadas contra Bogado y Quevedo han conducido a recriminaciones mutuas entre políticos de los dos partidos principales, acerca de la participación en el tráfico de drogas del otro. Esto hizo que el ministro del interior, Francisco de Vargas, señalara que en su opinión el incidente era parte de una “contraofensiva” lanzada por políticos con vínculos con el tráfico de drogas (narcopolíticos) que operan en las áreas de la frontera con Brasil, en respuesta a las investigaciones sobre los alegatos de narcopolítica. De Vargas dijo que el objetivo era desacreditar y socavar a las autoridades departamentales y nacionales, incluida la policía.

El senador del PLRA, Robert Acevedo, descartó la visión de De Vargas en una entrevista del 25 de enero. Acevedo, un ex gobernador de Amambay y actual presidente de la comisión antidroga del senado, dijo que el incidente solamente confirmaba el nivel de influencia que han obtenido en Amambay los traficantes de drogas. Acevedo culpó esto a la incapacidad de las autoridades locales y nacionales de frenar la propagación del crimen organizado. Él acusó al actual gobernador de Amambay, Pedro González Ramírez, del PLRA, de estar involucrado él mismo en el tráfico de drogas. González Ramírez es un cercano aliado de Quevedo. El Gobernador González Ramírez respondió acusando a Acevedo de tener vínculos con González Giménez.

Por otro lado, la prensa local vinculó a González Giménez con una prominente miembro de la ANR-PC, Zuni Castiñeira, quien admitió haberse reunido con González Giménez, luego de que circularan fotografías de ambos en la prensa local. Pero Castiñeira negó estar involucrada en cualquier actividad de negocios con González Giménez. Esto no ha frenado la especulación de que, dada la posición de Castiñeira dentro de la ANR-PC, González Giménez podría tener influyentes amigos dentro del partido.

Más allá de las variadas acusaciones que circulan de boca en boca, lo que queda claro es que la influencia de los traficantes de drogas se está extendiendo a través de las áreas de frontera de Paraguay, un país ya considerado como un gran conducto regional del tráfico de drogas (ver más abajo). Con las elecciones municipales de noviembre acercándose, la preocupación existente es que más narcopolíticos ahora podrían ser electos, haciendo de las fronteras de Paraguay incluso más porosas para el tráfico de drogas. La amenaza que esto representa fue destacada por el caso de Virgilio Portillo, el alcalde del PLRA de Yby Pytã, en el también fronterizo departamento de Canindeyú. Después de que el hermano de Portillo, Enrique, fuera arrestado en posesión de 156kgs de marihuana el 16 de enero, la prensa local recordó que Virgilio también había sido arrestado  por la policía en posesión de ocho toneladas de marihuana en el 2008. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que él se presente a la elección de la recientemente creada municipalidad  en el 2013. Después de que la prensa le pidiera una copia del caso de Virgilio de la oficina del fiscal general, se descubrió que las copias se habían perdido. La oficina del fiscal general ha lanzado una investigación completa y suspendió a tres fiscales que manejaban el caso de Virgilio por “serios malos manejos administrativos”. Virgilio, mientras tanto, permanece en libertad y en su cargo.

• Una ruta segura para el tráfico de drogas

El 15 de enero el titular de la agencia antidrogas de Paraguay (Senad), Luis Rojas, dijo que en años recientes la Senad ha visto incrementarse significativamente la actividad del tráfico de drogas en Paraguay, hasta el punto que ahora el país es reconocido como la principal ruta del tráfico de drogas en el Cono Sur. Rojas explicó que esto era debido al hecho de que Paraguay carece de un efectivo control del tráfico aéreo y controles de fronteras, y a el “terrible problema de la corrupción” en la justicia local y en los sistemas de aplicación de la ley, que hicieron de Paraguay “la más segura y barata ruta para el tráfico de drogas”. Rojas continuó diciendo que el más reciente fenómeno del crecimiento de la narcopolítica solamente hace que la lucha contra los traficantes de drogas en Paraguay sea más difícil.

• Otro caso

Patricio Estigarribia, un concejal del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de la ciudad de Villa Ygatymí en el departamento de Canindeyú, fue arrestado el 10 de enero en posesión de una tonelada de marihuana. Una declaración de la agencia nacional antidrogas de Paraguay (Senad) expresa que agentes arrestaron a Estigarribia durante un allanamiento en su casa ubicada en el área de Tacuatí, distrito de Yby Pytã.