Informe Latinoamericano – 16 de julio de 2015 (ISSN 1741-7317) (IL-15-28)

El gobierno argentino ha establecido nuevas normas que regulan sus servicios de inteligencia en la estela dejada por la muerte en extrañas circunstancias del fiscal federal, Alberto Nisman. Las nuevas normas otorgan mayor autoridad al poder ejecutivo para hacer frente al terrorismo, los delitos cibernéticos y delitos económicos.

En marzo de este año, la Secretaría de Inteligencia (SI) fue reemplazada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El principal enfoque de la AFI son las amenazas terroristas; actos contra el orden constitucional; delitos cibernéticos y el crimen organizado, incluidos delitos económicos y financieros. Algunos de sus poderes previos, como la grabación de conversaciones telefónicas ahora han sido otorgados al ministerio público.

Oscar Parrili, el secretario de la AFI, dijo que la nueva organización resolvería un “viejo déficit democrático de 30 años”. Él insistió en que desde ahora, las actividades de los servicios de inteligencia de Argentina serían llevados adelante con la plena autorización del Estado, y que no habría iniciativas independientes llevadas a cabo por agentes individuales.

Nisman, el fiscal público quien acusó a la Presidenta Cristina Fernández de “encubrimiento” de la participación de Irán en el atentado del centro de la comunidad judía (Amia) en Buenos Aires en 1994, basó gran parte de su evidencia en materiales reunidos por Antonio Stiuso, el poderoso ex jefe de la SI.

• Delitos económicos

La competencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cubre los delitos económicos. Dentro de la doctrina de la nueva agencia, de 408 páginas, se explica que esto significa que tendrá la autoridad para espiar a bancos, firmas financieras, y otras compañías a fin de impedir corridas sobre los depósitos bancarios y prácticas especulativas que podrían “afectar la economía o la estabilidad del mercado”. Oscar Parrili intentó arrojar luz sobre cómo funcionará esto en la práctica. Él dijo que los agentes no irían “a las calles o lugares donde se compran o venden dólares” para descubrir el comercio ilegal de moneda, sino que analizarán los datos y otras informaciones e informarán a las autoridades.