Informe Latinoamericano – 13 de agosto de 2015 (ISSN 1741-7317) (IL-15-32)

La semana pasada, contra los explícitos deseos de la Presidenta Dilma Rousseff, más de 50 diputados del congreso federal de Brasil del gobernante izquierdista Partido dos Trabalhadores (PT), votaron a favor de un proyecto de ley que eleva los salarios de fiscales públicos y de aquellos que trabajan en la oficina del fiscal general. Con incluso miembros de su propio partido desacatando las órdenes del ejecutivo, Rousseff está mirando crecientemente hacia el senado federal para que actúe como un “poder moderador” en la crisis política que ahora enturbia a Brasília.

La votación sobre una de las llamadas ‘bombas fiscales’ –efectivamente, medidas de gastos que golpearán los planes de austeridad del gobierno de Rousseff– fue emblemática de la pérdida de apoyo del gobierno en la cámara baja federal. Un total de 445 diputados votaron a favor de la enmienda constitucional vinculando los salario de los abogados públicos a los de los jueces de la corte suprema; solamente 16 votaron en contra, y seis se abstuvieron. La medida, si es ratificada, le costará al gobierno R$2,4mm (US$690m) al año.

Más de estos proyectos de ley que aumentarían el gasto público ya están en los planes. Frente a una deteriorada situación macroeconómica el ministerio de finanzas ya redujo drásticamente su plan para un superávit fiscal primario 1,1% el PIB, a uno del 0,15%. En caso de que muchas de estas medidas anti-austeridad sean aprobadas, incluso este más modesto obejtivo podría estar  fuera del alcance.

Muchos en el PT están abiertamente opuestos a los planes de ajuste fiscal del gobierno, que van contra las promesas electorales hechas por el partido el año pasado. Otros en la coalición de gobierno de la Presidenta Rousseff también están molestos. La semana pasada, dos pequeños partidos, el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) anunciaron que de ahora en adelante votarían independientemente del gobierno. Muchos analistas interpretaron esto como un intento por obtener más empleos en una esperada reorganización del gabinete. Entre ellos, los dos partidos tienen 45 bancas en el congreso federal.

Sumándose a todo esto, Eduardo Cunha, el presidente de la cámara baja federal, del nominalmente aliado del gobierno Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), continúa usando su posición para hacerle la vida difícil al ejecutivo. Se espera ampliamente que Cunha tendrá que afrontar un escrutinio a fondo en las siguientes fases de la ‘Operação Lava Jato’, la investigación sobre el esquema de corrupción descubierto en compañía petrolera estatal, Petrobrás, e incluso que podría ser suspendido de su posición; pero al parecer él buscara caer peleando. Doce pedidos de juicio político contra la Presidenta Rousseff están actualmente ante la cámara baja. Si el tribunal de cuentas federal (TCU) rechaza las cuentas fiscales del gobierno más tarde este mes, se espera que Cunha presente un proyecto de ley para iniciar los procedimientos del juicio político.

Durante el fin de semana (8-9 agosto), Rousseff decidió sobre un plan para negociar esta semana uno a uno con los líderes de todos los aliados en su coalición, en un esfuerzo por evitar más deserciones. Los ayudantes de Rousseff también están trabajando para apuntalar una base leal de al menos 200 diputados federales, quienes bloquearían cualquier intento de juicio político. Los votos de al menos dos tercios de los 513 diputados en la cámara baja federal se necesitarían para aprobar una moción de juicio político.

En otro intento, Rousseff también trata de llegar al senado federal, donde su apoyo es de alguna manera más sólido. El 10 de agosto, ella invitó a más de 40 senadores a cenar en el palacio presidencial de Planalto y les recordó su rol constitucional como un “poder moderador”. Ella describió las ‘bombas fiscales’ presentadas por Cunha, como medidas “no sólo contra el gobierno, sino contra Brasil”.

Después de meses de alejamiento Rousseff también está tratando de atraer a Renan Calheiros, el presidente del senado, quien acusó al gobierno de estar detrás de la decisión de poner su nombre en la lista de políticos en servicio a ser investigados por el procurador general, Rodrigo Janot, por el escándalo en Petrobrás. Calheiros ha estado trabajando sobre un paquete de reformas que podrían ayudar a restaurar el crecimiento de la economía brasilera. Rousseff ha recibido las ideas con entusiasmo. Pero el 11 de agosto, Cunha advirtió que él no sería dejado de lado tan fácilmente. “De acuerdo con la constitución, vivimos en un sistema bicameral […] Ambas cámaras tienen que trabajar y aprobar los proyectos de ley”, él dijo.

• La muerte de un ‘Playboy’

El 8 de agosto Celso Pinheiro Pimenta, un traficante de drogas más conocido como ‘Playboy’, fue muerto a tiros por la policía en el Morro da Pedreira, en la zona norte de la ciudad de Rio de Janeiro. ‘Playboy’ era el criminal más buscado en el estado del mismo nombre, con una recompensa de R$50.000 (US$14.500) ofrecida por información que conduzca a su captura. Sentenciado a 15 años en prisión por tráfico de drogas y homicidio calificado, él fue liberado de la prisión en Rondônia en el 2009, con una licencia de siete días por razones humanitarias y retornó a Rio para reanudar sus actividades criminales.