Informe Latinoamericano – 3 de septiembre de 2015 (ISSN 1741-7317) (IL-15-35)

La imparcialidad del recientemente re-designado procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, ha sido puesta en duda por el juez de la corte suprema, Gilmar Mendes, después de que los dos chocaron sobre las exigencias del tribunal electoral (TSE) de investigar los probables delitos que habrían sido cometidos por la Presidenta Dilma Rousseff durante la campaña electoral para su reelección el año pasado.

Janot fue designado de nuevo para su cargo, responsable de supervisar los procedimientos contra los políticos sospechados de corrupción, luego de un épico examen cruzado que duró 10 horas en el congreso federal, el 26 de agosto. Al ser interrogado, Janot negó vehementemente las acusaciones lanzadas por la oposición y el presidente de la cámara baja federal, Eduardo Cunha, de que él había llegado a un acuerdo con el gobierno para no ser muy duro con el izquierdista partido gobernante, el Partido dos Trabalhadores (PT), y proteger de paso a la Presidenta Rousseff en momentos en que la investigación en marcha sobre la corrupción en la compañía petrolera estatal, Petrobrás, se extiende a altas figuras del partido y otros legisladores, incluido el mismo Cunha.

Hablando con la revista de interés general, Veja, el 31 de agosto, Mendes, un miembro de la corte suprema de Brasil que preside el TSE, declaró que “él [Janot] no debería actuar como un abogado para el PT” y “no debe seguir una interpretación jurídica sólo para proteger a la Presidenta”.

La entrevista siguió a la publicación en el diario, O Estado de São Paulo, el 25 de agosto, de un fallo emitido por Janot, en el cual el procurador general descarta como “inconveniente” un pedido hecho por Mendes para que se investigue si la compañía gráfica, VTBP, que fue empleada por Rousseff durante su campaña de reelección, recibió dinero malversado de Petrobrás.

Curiosamente, Janot emitió le comunico su fallo al TSE el 13 de agosto, una semana después de que Rousseff diera luz verde para su redesignación. En el fallo, Janot afirma que “no es de interés a la sociedad que las controversias sobre las elecciones continúen perpetuamente”. Y siguió diciendo que “a los que fueron electos, se les debe permitir disfrutar de las prerrogativas de sus posiciones, y los perdedores deben reconocer su situación y prepararse para la próxima elección”. De acuerdo con Janot, la fecha para investigar delitos electorales ya ha expirado.

Mendes, por su lado, objetó esto diciendo que “aun así, existe la posibilidad de que otros delitos [civiles] se hayan cometido, tales como el lavado de dinero”, los cuales no caducan bajo la ley brasilera. “Si hay una indicación de que otros delitos fueron cometidos y que están conectados a los delitos electorales el papel del procurador general es actuar”, declaró Mendes. A continuación, pasó a decir que “si él [Janot] quiere dar su opinión en contra de la investigación [del TSE], debería dar sus razones. Si no ve irregularidades en la forma en que se pagó a la empresa gráfica, él debe decirlo. Pero no es su función decir cuáles son los límites de la corte electoral”.

Mendes aprobó las cuentas de campaña de Rousseff en diciembre del año pasado, como requiere la legislación electoral de Brasil, aunque con reservas y planteó sus dudas a los cuerpos relevantes del gobierno y jurídicos, incluida la policía federal y el defensor financiero del pueblo. Cuando la policía federal dejó al descubierto la extensión de la corrupción en Petrobrás, VTPB fue una de las compañías acusadas de servir como pantalla para canalizar los fondos ilegales. De acuerdo con el tribunal electoral, ahora existen claras indicaciones de que VTPB recibió R$26,8m (US$7,3m) del PT, de los cuales R$23m (US$6,25m) estaban relacionados con trabajos supuestamente realizados para la campaña de Rousseff.

Pese a las críticas de Janot, el TSE está examinando otros casos contra la campaña de reelección de Rousseff, con cinco de los siete jueces del TSE votando la semana pasada a favor de continuar analizando la evidencia presentada por la oposición. El último caso se refiere a una compañía de marketing, Mascote Flag, la cual estaba registrada a nombre de Ángela María do Nascimento, una empleada doméstica. De acuerdo con los documentos presentados a la corte, la compañía había pagado R$1,6m (US$435.000) para establecer puestos callejeros para promover a Rousseff. “Ni siquiera puedo imaginar cuánto dinero es eso”, declaró Nascimento a la prensa, afirmando que apenas recibió R$2.000 (US$545) por su trabajo.

• Dirceu testificará ante el congreso

José Dirceu, el ex mano derecha del ex presidente Lula da Silva (2003-2011), fue convocado para testificar en el congreso federal después de haber sido implicado en el escándalo de corrupción en la compañía petrolera estatal, Petrobrás. Dirceu, quien cayó en desgracia y cumplió una sentencia en prisión luego de ser sentenciado por ser el cerebro del esquema del mensalão, en el cual algunos legisladores recibieron dinero malversado de compañías estatales para apoyar a la administración de Lula en el congreso, ahora está siendo acusado de recibir unos R$8m (US$2,2m) de compañías de construcción para garantizar que estas obtendrían sobre-valorados contratos con Petrobrás, a través de su compañía consultora, JD Consultoria, mientras estaba en prisión.