Informe Latinoamericano – 10 de diciembre de 2015 (ISSN 1741-7317) (IL-15-49)

El impulso para iniciar el juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff se ha detenido, al menos temporalmente, por un fallo de la corte suprema. A última hora en la tarde del 8 de diciembre, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Edson Fachin, anunció que todo el proceso debía suspenderse hasta que la STF en pleno pueda dictaminar el 16 de diciembre sobre la legalidad de las actuaciones en marcha hasta ahora. Mientras que el gobierno le dará la bienvenida al escrutinio extra que la corte ahora aplicará a los rápidos acontecimientos en la cámara baja del congreso federal, también lamentará el hecho de que sus esperanzas de ver el problema resuelto rápidamente, y en su favor, retroceden con rapidez.

El secretario de la cámara baja del congreso federal, Beto Mansur, del Partido Republicano Brasileiro (PRB), dedicó el 3 de diciembre tres horas y media para dar lectura el requerimiento de juicio político de 300 páginas presentado ante el pleno de la cámara baja federal. Iniciando así el proceso oficial para enjuiciar a la Presidenta Rousseff. El siguiente paso era la formación de un comité especial de juicio político, en teoría, dentro de las 48 horas de haberse leído el requerimiento. Durante el fin de semana del 5-6 de diciembre, los partidos políticos de todas las tendencias discutieron quienes entre sus diputados deberían formar parte del comité de 65 miembros.

Aunque la votación para formar el comité debía comenzar el 7 de diciembre, fue de nuevo sujeto a otro retraso más por parte del presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, como parte de sus intentos para posponer la investigación del comité de ética sobre su propia conducta. Cuando finalmente comenzó, el día siguiente, la sesión del congreso degeneró rápidamente en un caos. Se suponía que los diputados votarían por uno de los dos grupos de candidatos, quienes formarían el grueso del comité. La lista uno, el bloque oficialista, constaba de 49 diputados de 20 partidos; la lista dos, el bloque pro-juicio político, que consistía de 39 diputados de 13 partidos. Una vez votado, los restantes miembros del comité serían designados en la sesión del 9 de diciembre. Esto, sin embargo, ahora no sucederá.

Cunha decidió que la votación debía ser secreta. Jandira Feghali, la líder del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), aliado al gobierno, le preguntó al presidente de la cámara porqué debía ser así. Cunha ignoró la pregunta y ordenó que se inicie la votación, provocando que los airados diputados anti-juicio político intentaran físicamente frenar que el grupo pro-juicio político votase. Cunha amenazó con llamar a la seguridad y prometió responder a la pregunta de Feghali por escrito, más tarde. Cuando se contaron los votos, 272 habían votado a favor del bloque anti-gobierno, mientras que solamente 199 habían votado por el grupo pro-gobierno.

Al final, sin embargo, el voto puede ser ahora irrelevante. Unas horas más tarde, Fachin aceptó un recurso presentado por el PCdoB para examinar la cuestión de por qué la votación se llevó a cabo en secreto, así como otras cuestiones de procedimiento relativas a la selección de los diputados en los grupos. No se podrá hacer más nada con relación al juicio político ahora, hasta que el STF se reúna la próxima semana.

En cierto modo, el gobierno estará satisfecho de que la decisión del TSF le da más tiempo para preparar su defensa; por otra parte, estará irritado por otro retraso en los procedimientos. El gobernante de Izquierda Partido dos Trabalhadores (PT) está desesperado por ver que el proceso termine lo más pronto posible, actualmente confiado en que tiene los votos en la cámara baja del congreso para impedir que el juicio político tenga éxito. Teme que mientras más se alargue el proceso, la posibilidad de un aún más deterioro en la economía doméstica sea mayor, junto con un posible malestar social. En medio de este escenario, el apoyo a Rousseff podría debilitarse. Con este fin, el gobierno está presionando para cancelar el receso legislativo de Navidad, pero no está claro si tendrá éxito en esto.

• El escándalo de la Fifa

El 3 de diciembre la Fiscal General de EU, Loretta Lynch, anunció que otro grupo de 19 ejecutivos de la Fédération Internationale de Football Association (Fifa) han sido imputados, incluido el ex presidente de la federación del fútbol brasilero (CBF), Ricardo Teixeira, y su actual presidente, Marco Polo del Nero. Como ambos hombres son ciudadanos brasileros, ellos no pueden ser extraditados. Los abogados brasileros están analizando si ellos podrían ser procesados por el delito de evasión fiscal.