Informe Latinoamericano - 6 de abril de 2004
Miles de argentinos en las calles marcan el fracaso de las ofensivas anticrimen
Argentina fue testigo de un fenómeno inusual el 1 de abril: 130.000 personas salieron a las calles en la ciudad de Buenos Aires, y miles más marcharon en varias capitales de provincias, para exigir del gobierno una acción más efectiva contra el crimen. El hecho fue provocado por el secuestro y asesinato de un joven de un barrio próspero -el tercer caso prominente desde 2002 de un secuestro seguido de asesinato.
El hecho que el asesinato ocurrió, según se informó, luego de un tiroteo entre la policía y los secuestradores, que frustró la entrega del pago del rescate, fue interpretado por el público como un signo que elementos de la policía pueden haber estado involucrados en el secuestro.
Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en cuya jurisdicción tuvo lugar el crimen, exigió US$344.000 extras del gobierno federal 'para poner más policías en las calles'. Mientras tanto, sacó a 1.300 policías de tareas administrativas y los envió a patrullar. El Presidente Néstor Kirchner felicitó al padre de la víctima, Juan Carlos Blumberg, por haber convocado y liderado la protesta masiva. Luego, a través del ministro de justicia, Gustavo Béliz, hizo saber que pronto haría conocer un 'plan nacional' contra el crimen.
El ruido hecho por los funcionarios fue apagado por el hecho que lo que se estaba prometiendo era una repetición de anuncios ya hechos durante el año pasado o más. Todos los elementos del 'plan nacional' de Kirchner -remoción de obstáculos judiciales en la investigación de secuestros, reestructuración de la policía federal, reforzamiento de controles sobre las fuerzas policiales- se suponía que ya estaban en marcha desde hace algún tiempo.
Raíces más profundas que la crisis de 2001
Muchos vincularon la escalada del crimen en Argentina, y en particular el secuestro, con la severa crisis económica de 2001-02. En realidad el país ha sufrido una callada escalada de los secuestros mucho antes de la crisis económica de 2001-2002, que fue acompañada por una explosión de los secuestros exprés que atrajeron la atención internacional.
No es un secreto que el secuestro organizado en Argentina puede rastrearse en la insurgencia y la consiguiente 'guerra sucia' de los '70; algunas de las bandas fueron formadas por miembros de los 'grupos de tareas' de la contrainsurgencia de las fuerzas armadas y la policía. Lo más descarado fue hecho por Raúl Guglielminetti, un 'guerrero sucio' que logró ser designado en el servicio de seguridad de la presidencia durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que había inaugurado el retorno a la democracia en 1983.
Una banda de secuestradores, 'Los Arcángeles', incluía a policías previamente destinados a la inteligencia del ejército; fue desbandada en 1991. La llamada 'banda de los comisarios', formada por miembros de la policía federal, fue responsable de al menos cinco secuestros de alto perfil entre 1978 y 1991, incluyendo el del empresario y político Mauricio Macri (se pagó US$6m), antes de ser desarticulada. Se sugirieron lazos entre esa banda y la que secuestró a una media hermana de Macri en 2003 (se dijo que se pagaron US$1,5m).
Aún activos hoy
Esa conexión ha persistido. Kirchner reconoció la participación de oficiales de policía en actividad en los secuestros del año pasado. Sus ministros no estaban muy dispuestos a aceptar la evidencia que al parecer apuntaban a criminales de hoy con conexiones que llegaban hasta la casa de gobierno y el ministerio de defensa. En noviembre pasado, Eduardo de la Cruz, fiscal general de la provincia de Buenos Aires, anunció que cerca de 700 llamadas fueron ubicadas entre teléfonos vinculados con la investigación de delitos graves y el edificio del ministerio de defensa, y otros 3.300 de esos vínculos fueron encontrados con la Casa Rosada, el palacio presidencial, donde también funciona el ministerio del interior, que está a cargo de la seguridad interna en general.
Esas llamadas cubrían un largo periodo, que comenzaba en 1997 (significa que cubre parte del periodo de la presidencia de Menem y todo el de de la Rúa y Duhalde). Las llamadas estaban asociadas con la investigación de 200 casos delictivos, que abarcan secuestros, asesinatos, y robo a mano armada.
La primera ofensiva de Kirchner
A fines de 2003, Kirchner ordenó una ofensiva de dos vías contra el delito. Por un lado, gran número de oficiales de policía fue desplegado en las calles, y fue creada una nueva unidad anti-secuestro de elite, con alcance federal, ayudado por una nueva legislación, penas más duras para secuestros y aliviando restricciones a los investigadores. Por otro lado, una purga en la policía de la provincia de Buenos Aires (la más grande en el país) condujo a docenas de procedimientos contra oficiales corruptos. En menor escala, algo similar comenzó a ocurrir dentro de la policía federal.
La nueva 'brigada anti-secuestro', de 100 hombres, encabezada por el comisario Juan José Schetino, debía trabajar en coordinación con fuerzas policiales provinciales y, de acuerdo con el gobierno, gozaría de 'autonomía total' para desplegarse en cualquier parte del país si el juez a cargo de un caso de secuestro lo creía necesario.
Se señaló entonces que el alcance de acción planeado para la nueva unidad, podía tener problemas legales, e incluso constitucionales. En la actualidad, la policía federal y las fuerzas de seguridad sólo pueden desplegarse fuera de la capital federal en casos que caen dentro de la jurisdicción federal (asuntos de frontera, tráfico interprovincial) o cuando un gobierno provincial requiera su asistencia. Al contrario de EU, en Argentina no hay previsiones para tratar los secuestros como delitos específicamente federales; cae en jurisdicción federal si la víctima fue tomada cruzando fronteras provinciales.
En semanas, funcionarios del gobierno federal y de la provincia de Buenos Aires proclamaban el éxito de esas iniciativas, señalando la caída en los secuestros exprés y robos de autos. Esto es difícil de verificar. Las estadísticas precisas y consistentes son escasas. El gobierno informó que en el área del Gran Buenos Aires, que incluye la capital federal y una serie de municipalidades en la provincia de Buenos Aires, se denunciaron 207 casos de secuestros en la primera mitad del año pasado. Se dijo que representaba 95% del total nacional y 25% más que en igual periodo del año anterior. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que en 2002, se denunciaron 135 secuestros en su jurisdicción, de los cuales 49 fueron clasificados secuestros por largo periodo de tiempo. Des estos últimos, 42 fueron resueltos.
Impacto de la corrupción policial
Pero en diciembre, el aluvión de secuestros en la provincia de Buenos Aires fue descrito por el gobierno como un 'mensaje' para el ministro de seguridad de esa provincia, que avanzó en la purga de las filas policiales. Unos 23.000 miembros de la fuerza estaban entonces bajo investigación por una serie de irregularidades, y 4.000 afrontaban procesos en las cortes.
Ese mismo mes, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, sugirió que la serie de robos armados en negocios y restaurantes en dos distritos de la ciudad de Buenos Aires podían ser 'represalias' de miembros de la policía federal investigados. En ambos distritos, los comisarios de la policía local sirvieron hasta hacía poco en la división de asuntos internos de la fuerza. El ministro de justicia, Béliz y Norberto Quantín, ministro de seguridad interna compartían la opinión de Fernández.
Béliz insinuó en esa ocasión, abiertamente, que existía colusión de funcionarios con los criminales. Aludiendo al distrito de Villa Urquiza, donde los vecinos protestaban contra la actividad criminal, dijo: 'Hubo casos de bandas criminales que llevaron a cabo asaltos en el vecindario, que fueron arrestados sólo para salir libres 48 horas más tarde -no una, sino tres, cuatro y cinco veces.'
La extensión de la corrupción en las fuerzas policiales fue ilustrada al investigar el año pasado los activos personales de 149 oficiales de la fuerza de 41.000 hombres de la provincia de Buenos Aires. Dos altos oficiales, el comisario general Julio César Frutos y Héctor Díaz (jefe y subjefe de operaciones), fueron despedidos y se iniciaron procesos criminales contra ellos. Es probable que sigan más pues 24 de los oficiales investigados no pudieron explicar satisfactoriamente la procedencia de sus activos -propiedades, autos de lujo, yates y jugosas cuentas bancarias, todo más allá del alcance de sus salarios oficiales.
En la policía federal, su jefe, el comisario Roberto Giacomino, fue destituido y acusado de mal uso de fondos públicos (manipulación de contratos de compra de computadoras, a precios inflados, a una firma de propiedad de su cuñado). Giacomino había sido el único oficial de alto rango que escapó de la purga hecha por el Presidente Kirchner apenas asumió el poder. Tenía esa posición desde diciembre de 2001, cuando su predecesor Rubén Santos, fue destituido para afrontar acusaciones de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes durante las demostraciones y disturbios que provocaron la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa.
Hay que señalar que el jefe de gabinete, Fernández, ve la situación en la policía federal mucho menos seria que la fuerza de la provincia de Buenos Aires. 'Aunque no estudié el tema en detalle,' dijo, 'no detecto en la fuerza federal el mismo nivel de enriquecimiento que hallamos en la policía de Buenos Aires.'
Este panorama de fuerzas policiales corruptas con amigos en altos cargos y quedando fuera de control, ha llevado a que algunos pidan que los militares sean llamados para actuar contra el crimen; una acción que se probó en varios países de América Latina, hasta ahora sin efecto duradero. El ministro de defensa José Pampuro, desechó la posibilidad que esto ocurra en Argentina, pues 'el ejército tiene prohibido por ley cualquier participación en la seguridad interna.' El precedente de indiferencia mostrado por la jurisdicción provincial con la nueva unidad anti-secuestros, sugiere que ese obstáculo, debido a la presión del público, puede ser superado. Pero si dará o no resultado convocar al ejército, es un asunto enteramente diferente.
El hecho que el asesinato ocurrió, según se informó, luego de un tiroteo entre la policía y los secuestradores, que frustró la entrega del pago del rescate, fue interpretado por el público como un signo que elementos de la policía pueden haber estado involucrados en el secuestro.
Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en cuya jurisdicción tuvo lugar el crimen, exigió US$344.000 extras del gobierno federal 'para poner más policías en las calles'. Mientras tanto, sacó a 1.300 policías de tareas administrativas y los envió a patrullar. El Presidente Néstor Kirchner felicitó al padre de la víctima, Juan Carlos Blumberg, por haber convocado y liderado la protesta masiva. Luego, a través del ministro de justicia, Gustavo Béliz, hizo saber que pronto haría conocer un 'plan nacional' contra el crimen.
El ruido hecho por los funcionarios fue apagado por el hecho que lo que se estaba prometiendo era una repetición de anuncios ya hechos durante el año pasado o más. Todos los elementos del 'plan nacional' de Kirchner -remoción de obstáculos judiciales en la investigación de secuestros, reestructuración de la policía federal, reforzamiento de controles sobre las fuerzas policiales- se suponía que ya estaban en marcha desde hace algún tiempo.
Raíces más profundas que la crisis de 2001
Muchos vincularon la escalada del crimen en Argentina, y en particular el secuestro, con la severa crisis económica de 2001-02. En realidad el país ha sufrido una callada escalada de los secuestros mucho antes de la crisis económica de 2001-2002, que fue acompañada por una explosión de los secuestros exprés que atrajeron la atención internacional.
No es un secreto que el secuestro organizado en Argentina puede rastrearse en la insurgencia y la consiguiente 'guerra sucia' de los '70; algunas de las bandas fueron formadas por miembros de los 'grupos de tareas' de la contrainsurgencia de las fuerzas armadas y la policía. Lo más descarado fue hecho por Raúl Guglielminetti, un 'guerrero sucio' que logró ser designado en el servicio de seguridad de la presidencia durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que había inaugurado el retorno a la democracia en 1983.
Una banda de secuestradores, 'Los Arcángeles', incluía a policías previamente destinados a la inteligencia del ejército; fue desbandada en 1991. La llamada 'banda de los comisarios', formada por miembros de la policía federal, fue responsable de al menos cinco secuestros de alto perfil entre 1978 y 1991, incluyendo el del empresario y político Mauricio Macri (se pagó US$6m), antes de ser desarticulada. Se sugirieron lazos entre esa banda y la que secuestró a una media hermana de Macri en 2003 (se dijo que se pagaron US$1,5m).
Aún activos hoy
Esa conexión ha persistido. Kirchner reconoció la participación de oficiales de policía en actividad en los secuestros del año pasado. Sus ministros no estaban muy dispuestos a aceptar la evidencia que al parecer apuntaban a criminales de hoy con conexiones que llegaban hasta la casa de gobierno y el ministerio de defensa. En noviembre pasado, Eduardo de la Cruz, fiscal general de la provincia de Buenos Aires, anunció que cerca de 700 llamadas fueron ubicadas entre teléfonos vinculados con la investigación de delitos graves y el edificio del ministerio de defensa, y otros 3.300 de esos vínculos fueron encontrados con la Casa Rosada, el palacio presidencial, donde también funciona el ministerio del interior, que está a cargo de la seguridad interna en general.
Esas llamadas cubrían un largo periodo, que comenzaba en 1997 (significa que cubre parte del periodo de la presidencia de Menem y todo el de de la Rúa y Duhalde). Las llamadas estaban asociadas con la investigación de 200 casos delictivos, que abarcan secuestros, asesinatos, y robo a mano armada.
La primera ofensiva de Kirchner
A fines de 2003, Kirchner ordenó una ofensiva de dos vías contra el delito. Por un lado, gran número de oficiales de policía fue desplegado en las calles, y fue creada una nueva unidad anti-secuestro de elite, con alcance federal, ayudado por una nueva legislación, penas más duras para secuestros y aliviando restricciones a los investigadores. Por otro lado, una purga en la policía de la provincia de Buenos Aires (la más grande en el país) condujo a docenas de procedimientos contra oficiales corruptos. En menor escala, algo similar comenzó a ocurrir dentro de la policía federal.
La nueva 'brigada anti-secuestro', de 100 hombres, encabezada por el comisario Juan José Schetino, debía trabajar en coordinación con fuerzas policiales provinciales y, de acuerdo con el gobierno, gozaría de 'autonomía total' para desplegarse en cualquier parte del país si el juez a cargo de un caso de secuestro lo creía necesario.
Se señaló entonces que el alcance de acción planeado para la nueva unidad, podía tener problemas legales, e incluso constitucionales. En la actualidad, la policía federal y las fuerzas de seguridad sólo pueden desplegarse fuera de la capital federal en casos que caen dentro de la jurisdicción federal (asuntos de frontera, tráfico interprovincial) o cuando un gobierno provincial requiera su asistencia. Al contrario de EU, en Argentina no hay previsiones para tratar los secuestros como delitos específicamente federales; cae en jurisdicción federal si la víctima fue tomada cruzando fronteras provinciales.
En semanas, funcionarios del gobierno federal y de la provincia de Buenos Aires proclamaban el éxito de esas iniciativas, señalando la caída en los secuestros exprés y robos de autos. Esto es difícil de verificar. Las estadísticas precisas y consistentes son escasas. El gobierno informó que en el área del Gran Buenos Aires, que incluye la capital federal y una serie de municipalidades en la provincia de Buenos Aires, se denunciaron 207 casos de secuestros en la primera mitad del año pasado. Se dijo que representaba 95% del total nacional y 25% más que en igual periodo del año anterior. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que en 2002, se denunciaron 135 secuestros en su jurisdicción, de los cuales 49 fueron clasificados secuestros por largo periodo de tiempo. Des estos últimos, 42 fueron resueltos.
Impacto de la corrupción policial
Pero en diciembre, el aluvión de secuestros en la provincia de Buenos Aires fue descrito por el gobierno como un 'mensaje' para el ministro de seguridad de esa provincia, que avanzó en la purga de las filas policiales. Unos 23.000 miembros de la fuerza estaban entonces bajo investigación por una serie de irregularidades, y 4.000 afrontaban procesos en las cortes.
Ese mismo mes, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, sugirió que la serie de robos armados en negocios y restaurantes en dos distritos de la ciudad de Buenos Aires podían ser 'represalias' de miembros de la policía federal investigados. En ambos distritos, los comisarios de la policía local sirvieron hasta hacía poco en la división de asuntos internos de la fuerza. El ministro de justicia, Béliz y Norberto Quantín, ministro de seguridad interna compartían la opinión de Fernández.
Béliz insinuó en esa ocasión, abiertamente, que existía colusión de funcionarios con los criminales. Aludiendo al distrito de Villa Urquiza, donde los vecinos protestaban contra la actividad criminal, dijo: 'Hubo casos de bandas criminales que llevaron a cabo asaltos en el vecindario, que fueron arrestados sólo para salir libres 48 horas más tarde -no una, sino tres, cuatro y cinco veces.'
La extensión de la corrupción en las fuerzas policiales fue ilustrada al investigar el año pasado los activos personales de 149 oficiales de la fuerza de 41.000 hombres de la provincia de Buenos Aires. Dos altos oficiales, el comisario general Julio César Frutos y Héctor Díaz (jefe y subjefe de operaciones), fueron despedidos y se iniciaron procesos criminales contra ellos. Es probable que sigan más pues 24 de los oficiales investigados no pudieron explicar satisfactoriamente la procedencia de sus activos -propiedades, autos de lujo, yates y jugosas cuentas bancarias, todo más allá del alcance de sus salarios oficiales.
En la policía federal, su jefe, el comisario Roberto Giacomino, fue destituido y acusado de mal uso de fondos públicos (manipulación de contratos de compra de computadoras, a precios inflados, a una firma de propiedad de su cuñado). Giacomino había sido el único oficial de alto rango que escapó de la purga hecha por el Presidente Kirchner apenas asumió el poder. Tenía esa posición desde diciembre de 2001, cuando su predecesor Rubén Santos, fue destituido para afrontar acusaciones de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes durante las demostraciones y disturbios que provocaron la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa.
Hay que señalar que el jefe de gabinete, Fernández, ve la situación en la policía federal mucho menos seria que la fuerza de la provincia de Buenos Aires. 'Aunque no estudié el tema en detalle,' dijo, 'no detecto en la fuerza federal el mismo nivel de enriquecimiento que hallamos en la policía de Buenos Aires.'
Este panorama de fuerzas policiales corruptas con amigos en altos cargos y quedando fuera de control, ha llevado a que algunos pidan que los militares sean llamados para actuar contra el crimen; una acción que se probó en varios países de América Latina, hasta ahora sin efecto duradero. El ministro de defensa José Pampuro, desechó la posibilidad que esto ocurra en Argentina, pues 'el ejército tiene prohibido por ley cualquier participación en la seguridad interna.' El precedente de indiferencia mostrado por la jurisdicción provincial con la nueva unidad anti-secuestros, sugiere que ese obstáculo, debido a la presión del público, puede ser superado. Pero si dará o no resultado convocar al ejército, es un asunto enteramente diferente.