Informe Latinoamericano - 6 de abril de 2004
MEXICO: Fox revela reformas judiciales radicales
Hacia fines de marzo, el Presidente Vicente Fox introdujo dos proyectos de reformas judiciales -una con gran fanfarria, pues intenta modernizar y limpiar las tareas de un sistema sobrecargado y corrupto; la otra, casi secretamente, pretende remover un bochorno potencial mientras México avanza con su campaña contra la pena de muerte en EU.
La gran iniciativa de reforma, que conlleva enmendar la constitución, se envió al congreso el 29 de marzo. Tiene varios objetivos. Uno es eliminar la politización y el potencial de corrupción en las fases de los procesos, policiales y judiciales de la justicia criminal. El otro es reducir drásticamente la sobrecarga en las cortes, que obliga a los jueces a tratar hasta 500 casos al año.
Bajo el sistema presente, común a la mayoría de países con tradición legal Romana-Napoleónica, los juicios se realizan a través de documentos, que son examinados primero por los fiscales para determinar si hay bases para un juicio, luego por un juez. Se prefieren las confesiones, lo que impulsa la tendencia a extraerlas bajo coerción. La respuesta del gobierno a eso es adoptar aspectos de los juicios orales practicados principalmente por países Anglo-Sajones con tradición de ley consuetudinaria.
A juzgar de las reacciones políticas iniciales, esta puede ser la parte del paquete de la reforma que puede enfrentar mayor oposición: se la ve como imitación de las tradiciones de EU en vez de mejorar las prácticas mexicanas.
La lentitud en los procesos judiciales también puede atribuirse a la proliferación de fuerzas policiales, y el potencial de interferencia política se eleva por que el fiscal general es designado por el Presidente y actúa en coincidencia con él.
El paquete de Fox
Los puntos centrales del paquete de reforma de Fox son:
- Incorporar en la constitución la presunción de inocencia.
- Reemplazar los juicios escritos por audiencias orales públicas (ante un juez, no ante un jurado).
- Introducir negociaciones de acuerdos entre la acusación y la defensa, y la mediación, a fin de reducir el número de casos enviados a juicio.
- Introducir audiencias separadas y alternativas a la prisión para los jóvenes.
- Remover de la fiscalía general (PGR) poderes de investigación policial.
- Hacer que todas las designaciones para la fiscalía sean ratificadas por el senado, y desligar el periodo en el cargo del periodo presidencial.
- Otorgar a la policía el poder de iniciar investigaciones criminales por sí misma, sin esperar que sea presentada una denuncia formal.
- Fusionar todas las agencias de la policía federal.
Una crítica ya expresada es que el paquete de reforma omite toda provisión para remover de los militares los poderes policiales.
Un cauto agregado
El 30 de marzo, el ejecutivo, calladamente envió al senado el proyecto, que sí toca a la justicia militar: remueve la pena de muerte de la serie de penas disponibles. Sólo los muy alertas entre el público advirtieron la repentina (y lacónica) inclusión en la gaceta del senado.
En realidad, la pena de muerte -reservada para casos de traición, negligencia grave en el cumplimiento del deber- no es aplicada desde hace 43 años. La razón por la que Fox desea sacarla es que ofrece un flanco a los que acusan a México de doble standard en su actual campaña contra la pena de muerte en EU. El nuevo proyecto se envió al senado antes de esperar que la Corte Mundial dictamine sobre una queja mexicana contra EU (ver artículo siguiente).
Lo que el proyecto propone es establecer penas máximas de 30 a 60 años para delitos ahora penados con la ejecución en el código de justicia militar. El senado lo ha enviado al comité de defensa para un primer examen.
La gran iniciativa de reforma, que conlleva enmendar la constitución, se envió al congreso el 29 de marzo. Tiene varios objetivos. Uno es eliminar la politización y el potencial de corrupción en las fases de los procesos, policiales y judiciales de la justicia criminal. El otro es reducir drásticamente la sobrecarga en las cortes, que obliga a los jueces a tratar hasta 500 casos al año.
Bajo el sistema presente, común a la mayoría de países con tradición legal Romana-Napoleónica, los juicios se realizan a través de documentos, que son examinados primero por los fiscales para determinar si hay bases para un juicio, luego por un juez. Se prefieren las confesiones, lo que impulsa la tendencia a extraerlas bajo coerción. La respuesta del gobierno a eso es adoptar aspectos de los juicios orales practicados principalmente por países Anglo-Sajones con tradición de ley consuetudinaria.
A juzgar de las reacciones políticas iniciales, esta puede ser la parte del paquete de la reforma que puede enfrentar mayor oposición: se la ve como imitación de las tradiciones de EU en vez de mejorar las prácticas mexicanas.
La lentitud en los procesos judiciales también puede atribuirse a la proliferación de fuerzas policiales, y el potencial de interferencia política se eleva por que el fiscal general es designado por el Presidente y actúa en coincidencia con él.
El paquete de Fox
Los puntos centrales del paquete de reforma de Fox son:
- Incorporar en la constitución la presunción de inocencia.
- Reemplazar los juicios escritos por audiencias orales públicas (ante un juez, no ante un jurado).
- Introducir negociaciones de acuerdos entre la acusación y la defensa, y la mediación, a fin de reducir el número de casos enviados a juicio.
- Introducir audiencias separadas y alternativas a la prisión para los jóvenes.
- Remover de la fiscalía general (PGR) poderes de investigación policial.
- Hacer que todas las designaciones para la fiscalía sean ratificadas por el senado, y desligar el periodo en el cargo del periodo presidencial.
- Otorgar a la policía el poder de iniciar investigaciones criminales por sí misma, sin esperar que sea presentada una denuncia formal.
- Fusionar todas las agencias de la policía federal.
Una crítica ya expresada es que el paquete de reforma omite toda provisión para remover de los militares los poderes policiales.
Un cauto agregado
El 30 de marzo, el ejecutivo, calladamente envió al senado el proyecto, que sí toca a la justicia militar: remueve la pena de muerte de la serie de penas disponibles. Sólo los muy alertas entre el público advirtieron la repentina (y lacónica) inclusión en la gaceta del senado.
En realidad, la pena de muerte -reservada para casos de traición, negligencia grave en el cumplimiento del deber- no es aplicada desde hace 43 años. La razón por la que Fox desea sacarla es que ofrece un flanco a los que acusan a México de doble standard en su actual campaña contra la pena de muerte en EU. El nuevo proyecto se envió al senado antes de esperar que la Corte Mundial dictamine sobre una queja mexicana contra EU (ver artículo siguiente).
Lo que el proyecto propone es establecer penas máximas de 30 a 60 años para delitos ahora penados con la ejecución en el código de justicia militar. El senado lo ha enviado al comité de defensa para un primer examen.