Informe Latinoamericano - 21 de julio de 2004

El gobierno haitiano ha preparado el escenario para la fuerza de 'estabilización' de la ONU, Minustah, para que actúe contra las bandas armadas pro-Aristide y los rebeldes anti-Aristide, que en muchos sitios han suplantado a la policí­a. Les da plazo hasta el 15 de setiembre para entregar las armas. Aunque el gobierno ha reiterado que reclutará ex soldados para la fuerza policial [IL-04-24], los lí­deres rebeldes insisten que ellos quieren la restauración completa del ejército desbandado en 1995.

Una carta abierta, firmada por el primer ministro Gérard Latortue y cuatro altos funcionarios de seguridad, fue difundida el 8 de julio. Uno de los firmantes, el inspector general de policí­a, Jean Yonel Trécil, describe la fecha tope como una 'propuesta pací­fica' que, al mismo tiempo, dará tiempo para fortalecer la policí­a.

Lí­deres rebeldes y de las bandas pro-Arsistide han dicho que cada uno estaba dispuesto a desarmarse si el otro hací­a lo mismo. La fecha dada por el gobierno, parece haber endurecido la posición de los rebeldes, algunos de ellos sospechan que el gobierno de Latortue busca agradar a la Caricom, cuyos enviados exigen, entre otras cosas, el desarme de las fuerzas rebeldes. En realidad, esta exigencia no proviene sólo de ellos: el vocero del estado mayor de Minustah, el mayor Carlos Chagas Braga, ha dicho públicamente que la ONU ha estado presionando a la policí­a para que comience a avanzar en el desarme.

Los rebeldes y Minustah
Guy Philippe, el prominente lí­der rebelde, reafirmó el 11 de julio sus razones para reconstruir el ejército: es necesario, dijo, para la protección de fronteras, intervenir en la defensa civil y actuar en situaciones de emergencia como las devastadoras inundaciones de mayo pasado [IL-04-21]. El ex sargento Joseph Jean-Baptiste, lí­der de las fuerzas rebeldes en el centro de Haití­, prefiere un enfoque diferente. Dice que la existencia del ejército está constitucionalmente establecida (artí­culos 263 a 268), y que Aristide no siguió reglas constitucionales cuando lo desbandó. En verdad, dice, la nueva fuerza policial formada con ayuda de EU es inconstitucional -como también el actual gobierno.

Irónicamente, en esta apreciación concuerda con Fanmi Lavalas, el partido pro-Aristide. La semana pasada el vocero de Lavalas, Gilbert Angervil, expresó ante la fecha del gobierno, que como las autoridades no eran constitucionales, no debí­an esperar que el pueblo los siguiera (se referí­a a las bandas pro-Aristide).

Hasta ahora, sólo un 10% del contingente de Minustah, de 1.622 hombres se espera que sean desplegados en Port-au-Prince el próximo mes. Su jefe, Adí­lio Custodio, un policí­a de portugués de alto rango, definió su tarea así­: 'Trataremos de crear un modelo autónomo de policí­a, con la participación de las autoridades haitianas.' Los oficiales de Minustah, dijo, realizarán 'misiones de apoyo operacionales, patrullas conjuntas con la policí­a nacional haitiana, y operaciones de desarme.' El plan para esto último, dice Custodio, aún no está listo: depende del gobierno haitiano establecer una Comisión de Desarme y definir 'el paquete de medidas que se van a implementar'. [El 15 de julio, luego de un ataque armado contra una patrulla de la policí­a, en la capital, toda la fuerza de la policí­a nacional fue puesta en estado de alerta.]