Informe Latinoamericano - 29 de setiembre de 2004

Una tensa tregua se extendió en el interior de Paraguay la semana pasada, un par de dí­as después que otra anterior colapsó cuando campesinos insatisfechos con la respuesta del Presidente Nicanor Duarte a sus exigencias, reanudaron la campaña de invasiones de tierra, que estuvo creciendo durante los tres meses pasados, y el gobierno respondió intensificando los desalojos. El nuevo acuerdo entre ambas partes es provisional y precario, y puede convertirse en una prueba para saber si Duarte es realmente el reformista progresista como él mismo se presenta.

En la raí­z de la actual confrontación está un viejo problema, que durante los años se ha agravado. En pocas palabras: 72% de la tierra cultivable de Paraguay está en manos de sólo 2% de la población. Los campesinos que poseen tierra carecen a menudo de tí­tulo legal de ella (y aunque la tenencia también es precaria en el escalón alto de la sociedad, nadie amenazaba con desalojos). Las comunidades indí­genas están incluso peor: su existencia es raramente reconocida en la cartografí­a oficial, y las comunidades que son cazadoras, se encuentran más despojados de sus fuentes de alimentación.

Paraguay también es una rareza en América Latina de hoy, en que poco menos de la mitad de la población aún vive en el interior del paí­s. Aunque la polí­tica es un asunto urbano, ciega a las demandas rurales, excepto cuando se presiona por la fuerza -por ejemplo a través de bloqueos de las principales carreteras. Quizá la mejor muestra de eso es el hecho que los dos sucesivos acuerdos durante las semanas pasadas fueron descritos como los primeros de un presidente paraguayo.

Liderando la actual ola de protestas campesinas, está la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y la Federación Nacional Campesina (FNC). Su exigencia básica es que el gobierno distribuya 100.000 hectáreas de tierra que permanecen ociosas. El gobierno replicó que no puede hacer eso, y menos de cualquier manera, y a quien quiera. Respondió con una oferta de entregar unas 25.000ha de tierras del estado -y no todo enseguida.

Eso fue rechazado por la MCNOC, no sólo porque la tierra ofrecida no era apta para el cultivo. Esto es debido a que las buenas tierra del estado ya han sido distribuidas -pero a grandes terratenientes, y no siempre observando las sutilezas de la ley. Tierra y corrupción tienden a ir juntas.

A principios de la semana pasada, la MCNOC movilizó 18 'comisiones' en varias partes del paí­s, que representan en conjunto unas 4.000 familias campesinas, y realizaron una serie de 19 invasiones de tierra. Tuvieron lugar en cuatro departamentos: San Pedro, en el centro; Caaguazú, en el centro-sur; Alto Paraná, en el este; y en Itapua en el sudeste. El ministro del interior, Orlando Fiorotto, anunció que el gobierno no 'tolerarí­a la anarquí­a' y dijo que la policí­a reanudarí­a los desalojos 'tan pronto estén disponibles las órdenes de la corte'. En el terreno ese detalle fue omitido: la policí­a avanzó, en ocasiones con violencia, tan pronto se informaba de una invasión, con una simple señal en la dirección del más cercano fiscal público con el propósito de una supervisión formal.

Esto se tradujo en una muy mala prensa, incluso entre aquellos que estaban preparados para pasar por alto los aspectos poco prolijos de la muy publicitada campaña anti-corrupción del Presidente Duarte, el punto central para ser considerado un reformador. Su gobierno parecí­a estar actuando en nombre de los terratenientes, que habí­an prometido resistir a las invasiones por todos los medios [IL-04-36], y que con frecuencia son 'dueños' de la policí­a local y los funcionarios judiciales.

Duarte ordenó una rápida retirada y prontamente llegó a un nuevo acuerdo con la MCNOC. Prometió distribuir, 13.000ha en seis departamentos en los meses siguientes; tres de ellos escenarios de recientes invasiones (Alto Paraná, Caaguazú y San Pedro) más Amambay (en el noreste), Caazapá (en el centro) y Misiones (en el sur). La MCNOC prometió reciprocar retirándose de las tierras ocupadas recientemente en el curso de dos semanas.

Luis Aguayo, secretario general de la MCNOC, dijo que el gobierno habí­a acordado recuperar tierras malhabidas, la enorme extensión entregada de manera irregular durante los 34 años de la dictadura de Stroessner (1954-89). Otra concesión fue la promesa del gobierno de poner en vigencia la ley que establece salvaguardas contra el uso indiscriminado de quí­micos, en particular en las grandes plantaciones de soja. Los productores ignoran la obligación de dejar un corredor de 100 metros a lo largo de cursos de agua o asentamientos rurales e indí­genas.

Aunque para Aguayo, este último acuerdo es sólo el punto de partida, y su cumplimiento será controlado de cerca. Él prefiere no avanzar sobre otras cuestiones que pueden afectar las relaciones de su organización con el gobierno. La MCNOC, buscando fortalecerse en número, se convirtió en miembro del amplio Frente Nacional de Lucha por la Soberaní­a y la Vida (FNLSV), que incluye a sindicatos que representan a trabajadores del sector público y privado, y una serie de otras organizaciones sociales.

El FNLSV apoyó la campaña de la MCNOC por la tierra. En verdad, cuando el Vice-Presidente Luis Castiglione anunció el acuerdo para frenar las invasiones y los desalojos, él aludió a los compromisos con el FNLSV, más que la MCNOC. Igualmente, las declaraciones de Aguayo se referí­an a compromisos hechos por la MCNOC 'como combatientes del Frente Nacional.'

El FNLSV tiene una agenda más amplia, que incluye un número de demandas que no son especí­ficas de las organizaciones campesinas -como un aumento general de salarios- que el gobierno puede no estar de acuerdo, y que la MCNOC se comprometerí­a a defender.