Informe Latinoamericano - 29 de setiembre de 2004

El número de partidos polí­ticos en Argentina ascendió a 696 -en promedio, uno por cada 56.000 habitantes- como resultado de la legislación aprobada en 2002, en la esperanza de resolver la crisis de confianza en los polí­ticos, partidos e instituciones polí­ticas. Algunos se volvieron poco más que instrumentos para recibir subsidios del estado; ahora se abre un debate sobre cómo volver atrás.

En 2002, el congreso federal eliminó la exigencia que, a fin de permanecer en el registro, los partidos debí­an atraer al menos 2% de votos. Esto no sólo mantuvo la existencia de un gran número de partidos, que de otro modo hubieran desaparecido, sino que alentó el registro de 122 nuevos partidos en 2003.

La información surgió en un informe de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la más alta corte electoral del paí­s, que señala que la legislación creó una tendencia hacia la fragmentación de la representatividad polí­tica. De los 696 partidos ahora registrados, la vasta mayorí­a es provincial; sólo 41 tienen suficiente presencia en todo el paí­s para ser clasificados como partidos nacionales. Lo que mejor ilustra esa fragmentación es el congreso federal, donde hay 40 bloques legislativos. En las elecciones presidenciales de 2003, a los votantes les fueron ofrecidas 24 boletas separadas para elegir.

Financiamiento del estado a mini-grupos
Todos los partidos reciben fondos del estado -destinado a aliviar su dependencia de contribuciones privadas, pero no tuvo ese efecto. En cambio, aseguró la supervivencia de grupos minúsculos que de otra manera hubieran desaparecido. El diario La Nación, mostró cómo opera el sistema uniendo los datos de una alianza de dos pequeños partidos, la Alianza de Cambio, que presentó a José Arcagni como candidato presidencial, y atrajo sólo 0,33% de votos. Cada uno de los socios intervinientes recibieron el básico Arg$154.333. También obtuvieron Arg$120.000 al imprimirse las boletas. El socio más antiguo, Unión Popular, obtuvo Arg$587 por su anterior desempeño electoral. En total, Arg$429.533 (US$143.178). El presupuesto nacional también asigna a cada partido Arg$4.000 por año para sus gastos de mantenimiento.

Bajo las normas previas, esa alianza hubiera sido borrada de los registros. En cambio, sobrevivió en las arcas públicas. Los que defienden la legislación de 2002, dicen que es el único camino para asegurar que la representación polí­tico partidaria está disponible para todos. En realidad, la legislación previa no fue del todo restrictiva, como podemos ver por el número de pequeños partidos retirados del registro por no atraer 2% de los votos: 179 entre 1982 y 2002, o un promedio de poco menos de 9 por año. Como han señalado los crí­ticos, sólo 17,5% del total actual de partidos polí­ticos se unieron al tropel en 2003.

Un detalle interesante que emerge de los datos de la CNE es que la propensión a formar partidos polí­ticos varí­a considerablemente de una parte a otra del paí­s. De los 655 partidos a nivel distrital en el registro, el mayor número (73) está en la capital, la ciudad de Buenos Aires. Luego siguen las provincias de Buenos Aires (55) y Córdoba (44) -pero Santa Fe, la segunda provincia más importante del paí­s se ubica en octavo lugar, con sólo 30 partidos, mientras que provincias muy pequeñas, como Formosa y Catamarca aparecen con 35 y 34 respectivamente.

Un legislador de la oposición, Mario Negri, de la Unión Cí­vica Radical (UCR), ya ha comenzado a urgir por un debate sobre la reforma de la ley electoral. 'Debemos considerar.' Dice, 'si la [presente] fragmentación en realidad no favorece la concentración de poder en el paí­s.' Su opinión halló eco en el Foro Social para la Transparencia, donde Norberto Borzese mantiene que el actual sistema 'favorece la preeminencia de los mismos de antes, ayuda a dispersar a la oposición y alienta el mal uso de fondos del estado recibidos por los partidos.'

Valores relativos
El informe de la CNE fue tomado por los medios en varios otros paí­ses de América Latina, donde la proliferación de los partidos polí­ticos también es considerada un problema. Una empresa privada de análisis de Argentina, el Centro de Estudios para la Nueva Mayorí­a (CENM), usando cifras de la Base de Datos de las Américas de la Universidad de Georgetown, ha mostrado que Argentina no es el lí­der en ese campo: sigue a Guatemala en el segundo lugar y después de Perú (51 partidos).

El CENM advierte que, en todo el hemisferio, aunque hay un promedio de 17 partidos por paí­s, en realidad es una relación muy baja entre el número de partidos y la distribución de los votos. Señala que EU tiene 16 partidos, pero la contienda se reduce a dos. Uruguay tiene 27 partidos y México 20, pero en ambos paí­ses la principal contienda es sólo entre tres de ellos (nuestra tabla de abajo muestra que el panorama puede lucir muy diferente si se toma en cuenta la dimensión de la población de cada paí­s).

Donde los problemas realmente surgen, es cuando la proliferación de partidos deja la representación legislativa tan fragmentada, que los gobiernos deben buscar constantemente alianzas a fin de lograr la aprobación de sus leyes, o donde los presidentes pueden ser electos con el genuino apoyo de sólo un pequeño porcentaje del electorado. Argentina está en problemas en ambos casos: el mayor bloque en la cámara baja del congreso, sólo tiene ahí­ el 37% de los votos, y el actual presidente, Néstor Kirchner, atrajo sólo 24% de los votos en la primera ronda de las elecciones. Sin embargo, no están solos: un rasgo que pasa bastante desapercibido en el escenario latinoamericano es que hay muy pocos paí­ses donde gobernar a través de una coalición no se haya vuelto la norma.