Informe Latinoamericano - 15 de diciembre de 2004

El impasse que ha impedido la aprobación del presupuesto del año próximo [IL-04-46], más la ausencia de provisiones constitucionales para resolver este tipo de situación, 'crea una alarmante situación y un riesgo de parálisis institucional.' Esta evaluación no proviene de un diario sensacionalista, sino del instituto de investigación jurí­dica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam). Por extensión, el problema atrajo la atención sobre las provisiones constitucionales para el caso de ausencia del presidente.

Tal como están las cosas, el Presidente Vicente Fox devolvió el presupuesto de gastos aprobado por la cámara de diputados con una serie de observaciones. No llega a ser un veto, porque México es uno de los tres paí­ses latinoamericanos (los otros dos son Honduras y Costa Rica) donde el presidente no puede vetar un presupuesto aprobado por el congreso. La constitución permite al presidente mexicano vetar una ley aprobada por ambas cámaras del congreso, pero no las aprobadas por una cámara sola, como es el caso del presupuesto de gastos.

La cámara de diputados se toma su tiempo para tratar las 'observaciones' de Fox, elevando la perspectiva que podrí­a no haber un presupuesto aprobado para 2005, el 1 de enero. Eso no significa que todo conducirá a un alto (como podrí­a ser en el caso de EU). Hay tres posibilidades: (1) el proyecto de presupuesto sometido por el ejecutivo podrí­a considerarse aprobado por default, (2) el presupuesto de gastos del año pasado podrí­a refinanciarse (práctica común en otras partes), o (3) las provisiones del año pasado pueden refinanciarse, ajustadas a la inflación.

Nada de eso está prohibido por la constitución, pero como no son explí­citamente permitidos, deja la puerta abierta a cuestionamientos, en todo el camino hasta la corte suprema. Eso puede entorpecer pero no bloquear el funcionamiento del paí­s, pero el ejecutivo debe andar con cuidado, con los ojos puestos en la probable secuela polí­tica de cualquier opción que elija.

Con la mirada en la presidencia
Algunos abogados constitucionalistas aprovecharon el debate sobre el dilema del presupuesto para reflotar el problema de la sucesión presidencial. La constitución dice que si el presidente muere, renuncia o queda incapacitado, el congreso debe elegir ya sea un presidente interino (si la vacante ocurre a mitad de su mandato) o un sucesor que ocupe el cargo por el resto del mandato. La selección debe ser ratificada por dos tercios de ambas cámaras.

El problema con eso es que actualmente ningún partido tiene, por sí­ solo, dos tercios de los votos. El gobernante Partido Acción Nacional (PAN) no tiene el número necesario para bloquear la formación de una mayorí­a de dos tercios por el resto. El único partido capaz de hacerlo es el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este sistema es una receta para que el congreso no pueda designar un presidente por largo tiempo.

Algunos abogados constitucionalistas argumentan que México debe emular a otros paí­ses latinoamericanos e introducir en la constitución una provisión para la sucesión automática, con la presidencia pasando ya sea al vice-presidente (el procedimiento más común) o a un ministro designado.

En cí­rculos del gobierno, el hecho que ese debate ha surgido se atribuye a un complot de la oposición para crear la impresión que Fox ya no tiene poder, y quizá incluso es probable que renuncie antes del final de su mandato. La oposición desechó esa interpretación como 'paranoia'.