Informe Latinoamericano - 15 de diciembre de 2004

México completó la ratificación del Tratado de Roma, que conlleva reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) con relación a crí­menes contra la humanidad. Esto significa que ahora enfrentará el mismo problema que otros firmantes de América Latina: decidir si otorga a EU -que no ratificó el tratado- inmunidad para su personal cuando está en México.

El proceso ha sido inusualmente lento en México. El senado ratificó el Tratado de Roma en diciembre de 2002, la cámara de diputados recién lo hizo la semana pasada, cuando aprobó una enmienda al Artí­culo 21 de la constitución mexicana, para que así­ los crí­menes mencionados en el tratado 'no queden impunes [y así­] las naciones puedan contribuir para eso por medio de una respetuosa cooperación internacional.'

La ratificación no fue unánime. El pequeño Partido del Trabajo (PT), de izquierda, se opuso sobre bases constitucionales. Argumentó que aceptar la jurisdicción de la CPI infringe las garantí­as constitucionales que ningún juicio criminal puede tener más de tres instancias (cortes menores, corte de apelación, corte suprema) y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen.

El presidente del comité de asuntos constitucionales de la cámara, Francisco Frí­as, refuta ese argumento, aclarando que la CPI actúa cuando no hay solución en el ámbito nacional, 'cuando el imperio de la ley fracasa'. Frí­as también señaló que, al contrario de lo que algunos crí­ticos argumentan, la aceptación de la jurisdicción de la CPI no tiene efecto retroactivo, y no podrí­a intervenir en casos relacionados a los incidentes de la 'guerra sucia' de México que tuvieron lugar desde los años '60 hasta los '80.

Eso ha sido cuestionado por otros expertos, que señalan que la CPI ha estado tratando casos anteriores a su creación, por el principio que no hay prescripción para el procesamiento de crí­menes contra la humanidad, un punto de vista similar al de la justicia mexicana con relación a la 'guerra sucia'.