Informe Latinoamericano - 15 de junio de 2005

Lo que comenzó como escándalo de corrupción con ramificaciones polí­ticas se ha convertido en una crisis polí­tica, con otro de los socios en la coalición del Presidente Lula da Silva, el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), al borde de retirarse del gobierno. El actor principal en este caso fue el lí­der del PTB, el diputado Roberto Jefferson, que fue acusado en un escándalo previo y que la semana pasada se convirtió en acusador contra el gobernante Partido dos Trabalhadores (PT).

Jefferson fue acusado de dirigir una red que arregló contratos con dos agencias donde el PTB hizo pie en el reparto de la coalición: la oficina de correos y el instituto de reaseguros. Ese es el escándalo de corrupción sobre el cual el gobierno se opuso con fuerza, aunque sin éxito, a la creación de una comisión de investigación del congreso, o CPI. El 6 de junio, Jefferson contraatacó, acusando al PT de sobornar a legisladores para asegurar que votarán con el gobierno. De acuerdo con Jefferson, el tesorero del PT, Delúbio Soares repartí­a un estipendio mensual (mensalão) de US$12.000 para conformar a los diputados. Estaba involucrado en el esquema, dijo, el presidente del PT, José Genoino, el secretario general del PT, Silvio Pereira, el ministro de la presidencia, José Dirceu y al menos cinco ministros, incluido el de finanzas, Antônio Palocci. Jefferson no ofreció pruebas que apoyen sus alegatos.

El gobierno y el PT tomaron su tiempo para responder, pero cuando lo hicieron parecí­an haber obtenido la ventaja. Se presentaron cargos contra Jefferson ante el comité de ética de la cámara baja (ante la que deberá testificar el 14 de junio) y la dirigencia del PTB le pidió que renuncie a la presidencia del PTB. Algunos de los acusados por él insinuaron que podrí­an llevarlo ante la corte por calumnia.

Luego el propio Lula entró en acción, ordenando la destitución de dos altos funcionarios de la oficina de correos y el instituto de reaseguros, y anunciando que los cargos de corrupción serí­an investigados 'hasta el último grado'. Hay una doble ironí­a en la situación: el 8 de junio, Lula tuvo que dar el discurso inaugural en el IV Foro Global sobre Lucha a la Corrupción, del que él era anfitrión en Brasí­lia. La reunión de este año tení­a el tí­tulo 'De las Palabras a los Hechos'. Los diarios del dí­a recordaban que hace sólo pocos meses atrás Lula habí­a dicho de Jefferson que 'le podí­a dar un cheque en blanco sin dudarlo'.

La situación tomó un nuevo giro el 9 de junio, cuando el lí­der del bloque del PTB en la cámara baja, José Múcio Monteiro, anunció que el bloque decidió apoyar a Jefferson; y pidieron a todos los miembros del PTB que se retiren de los cargos del gobierno. En el reparto de posiciones en el gobierno, el PTB recibió el ministerio de turismo (ocupado por Walfrido Mares Guia) y posiciones de alto rango en seis agencias del gobierno (aunque dos fueron perdidas en la purga de Lula del 7 de junio).

¿Evidencias próximas?
Aunque Jefferson insinuó en una entrevista que él no tení­a evidencia concreta que apoye sus alegatos (lo que alentó a los que esperaban que el comité de ética apoye su expulsión del congreso), una figura prominente del PT, el senador Eduardo Suplicy, advirtió que 'es difí­cil descreerlo completamente [pues] en las cortes, los testigos pueden ser muy importantes'.

Uno de esos testigos ya parece haber emergido. El 10 de junio, una legisladora opositora, Raquel Teixeira, del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), dijo a un periodista de la TV que hací­a dos años le habí­an ofrecido US$12.000 por mes, más un bono de US$410.000 para apoyar al gobernante PT. Ella no identificó a la persona que hizo la oferta, pero dijo que era un legislador del PT. Agregó que sólo hablarí­a de nuevo luego de su retorno de un viaje a Parí­s (que estaba programado para el 17 de junio).

Teixeira está actualmente con permiso del congreso, actuando como secretaria para ciencia y tecnologí­a en el estado de Goiás. Los analistas señalaron con rapidez que la suma que ella mencionó, US$12.000 por mes, coincide con la cifra citada por Jefferson.

Reacciones dentro y fuera del PT
Suplicy no fue la única figura prominente del PT que defendió la posición del PT con menos que tibio entusiasmo. El ministro de ciudades, Olí­vio Dutra, resumió la situación actual diciendo: 'El gobierno está pagando el precio de mantener las malas compañí­as.'

Otros recomiendan medidas bastante drásticas para contener el daño. Marí­a del Rosario Nunes, que intenta competir por la presidencia del PT en las elecciones internas programadas para octubre, ha dicho que, lo menos que pueden hacer los que fueron implicados por Jefferson era retirarse hasta que todo se aclare. El senador del PT Tião Viana desea que todos los miembros del PT en posiciones de gobierno (con la única excepción del ministro de finanzas Palocci) que sometan sus renuncias para que Lula pueda realizar una reorganización radical de su gabinete.

Otras voces han estado sembrando dudas sobre cómo un acorralado PT pueda reaccionar. El senador Jorge Bornhausen, presidente del opositor Partido da Frente Liberal (PFL), pidió protección policial para Jefferson, diciendo que 'es un caso muy grave y son necesarias todas las precauciones'.

Tomando un llamado de la dirigencia del PT para que sus seguidores salgan a las calles a mostrar su apoyo al gobierno, el diputado Raúl Jungmann, del Partido Popular Socialista (PPS), dijo que el paí­s estaba frente a 'una incipiente crisis de gobernabilidad' y que habí­a un 'riesgo que el gobierno pueda caer en la "venezolanización"', llamando al movimiento de campesinos sin tierra y otros movimientos sociales para 'defenderlo en las calles'.

Las investigaciones
El 9 de junio, el congreso creó una comisión especial de investigación, formado por 16 senadores y 16 diputados, para investigar los escándalos de corrupción en la oficina de correos y el instituto de reaseguros -no los alegatos de Jefferson contra el PT. Mientras, la policí­a federal continuó su propia investigación de esos asuntos. Poco antes de instalarse el comité del congreso, la policí­a anunció el arresto de cuatro sospechosos, uno de ellos -el capitán retirado de la policí­a militar, Mario Fortuna Neves- tiene un hijo que trabaja para el presidente de la cámara baja, Severino Cavalcanti.

También se informó el 9 de junio que una corte que investiga las irregularidades en la oficina de correos, ha puesto la mirada sobre un consorcio encabezado por un banco de EU, que el año pasado ganó, como único oferente, un contrato de US$1,7bn para desarrollar un sistema de computación para el correo.

Hubo pedidos para que la CPI investigue los alegatos de Jefferson, ya sea como investigación completamente separada o como una que sea incorporada en la que ya está investigando los dos escándalos de corrupción en los que Jefferson está acusado.