Informe Latinoamericano - 15 de junio de 2005

El asesinato del jefe de policí­a en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, la semana pasada, provocó una fuerte reacción del embajador de EU, Tony Garza. Esta vez, la defensiva respuesta del gobierno mexicano sonaba más afligida que irritada. Sin embargo, antes de terminar la semana, se convirtió en turbación, cuando las fuerzas federales enviadas a Nuevo Laredo fueron emboscadas por la policí­a local.

El asesinato el 8 de junio, de Alejandro Domí­nguez Coello, director de seguridad pública de Nuevo Laredo, en realidad fue la segunda muerte de un jefe de policí­a la semana pasada. Dos dí­as antes, Edmundo Fernández, jefe de la fuerza local en Chihuahua fue muerto por un pistolero que también hirió a otro oficial de policí­a. El caso de Domí­nguez llamó la atención por dos razones: la inusual naturaleza del evento, y el hecho que tuvo lugar justo en la frontera con EU, en una ciudad donde ya hubo 63 muertes desde inicios del año.

El cargo de director de seguridad pública en Nuevo Laredo estuvo vacante desde el 1 de mayo, y fue difí­cil a las autoridades de la ciudad hallar a alguien decidido a asumirlo. Finalmente, fue Domí­nguez, ex presidente de la cámara local de comercio que sirvió en la oficina del fiscal general federal, PGR. Afirmando que no temí­a a nada, Domí­nguez asumió el 8 de junio. Esa misma noche, fue muerto a tiros en una granizada de balas. Cuarenta casquillos de proyectiles de alto poder fueron recobradas de la escena -claramente, un mensaje de alguno de los barones locales de la droga.

Las muertes en Nuevo Laredo son resultado de una invasión de territorio. El jefe de la banda Sinaloa, Joaquí­n (el Chapo) Guzmán, intenta arrancar el control de la ciudad, un centro del comercio de drogas hacia EU, del 'cartel' del Golfo.

El dí­a después del asesinato de Domí­nguez, el embajador de EU, Tony Garza emitió un comunicado en el que lo describí­a como muestra de la 'situación en rápida degeneración a lo largo de la frontera' que 'abruma a la ley en algunas partes.' Garza reiteró un tema que él ha mencionado públicamente antes: 'Esa violencia, junto con los asesinatos previos y secuestros de ciudadanos de EU, continúa como preocupación prioritaria para lí­deres estatales y municipales, como también de ciudadanos de EU, a lo largo de la frontera.'

El embajador dijo que la seguridad a lo largo de la frontera es responsabilidad compartida, que ambos paí­ses deben asumir, y advirtió: 'Simplemente, lo que nadie puede permitir es que los traficantes de drogas amenacen la vida de nuestros ciudadanos y la seguridad de nuestras comunidades.'

Cautelosa respuesta del gobierno
Lo último fue tomado de inmediato por funcionarios mexicanos. La cancillerí­a replicó a Garza con otro comunicado, afirmando que México comparte las preocupaciones de EU y aceptó que ambos paí­ses deben actuar juntos para consolidar la seguridad en la frontera -con un agregado: 'cada uno en su propio territorio [...] usando los elementos disponibles contra el crimen organizado y privilegiando la creación de confianza en una cooperación bilateral respetuosa y respetuosa de la ley.' Existe, en ese lenguaje, el visible recelo que EU puede estar buscando un rol más activo 'al sur de la frontera'.

El ministro del interior Carlos Abascal, se sintió compelido a insistir que 'el estado no ha sido rebasado como forma de organización polí­tica y social,' pero reconoció que 'es necesario comprometerse en esfuerzos renovados para eliminar ese fenómeno [del crimen organizado].' Eduardo Sojo, jefe de la oficina de policí­a pública en la presidencia, también difundió una admisión similar, pero buscó subrayar que el gobierno habí­a realizado una fuerte campaña contra los delincuentes violentos. Señaló que 44.500 delincuentes fueron arrestados desde comienzos del año.

Eludiendo a Abascal y Sojo, está el hecho que en Nuevo Laredo, los esfuerzos del gobierno federal fracasaron en producir una diferencia. En marzo pasado, la administración Fox envió fuerzas federales a la ciudad para 'acabar' con la violencia. Las muertes continuaron, y quedó claro que esas fuerzas federales fueron retiradas, puesto que después del asesinato de Domí­nguez se ordenó un nuevo despliegue. En todo el paí­s, el éxito reivindicado por el gobierno es contrarrestado por el hecho que desde principios de año las muertes asociadas con el crimen organizado se han elevado a más de 550.

El 11 de junio, el gobierno federal envió a Nuevo Laredo contingentes de oficiales de operaciones especiales de AFI ('el FBI de México') para reforzar las fuerzas de seguridad estatal y local en un nuevo esfuerzo contra las bandas de drogas. La operación pronto se fue a pique, el convoy de cinco vehí­culos que llevaba a 27 agentes de AFI a la ciudad, fue emboscado por más de 40 miembros de la policí­a local, que no hizo caso a la identificación desplegada por el grupo que ingresaba. En el tiroteo que se produjo, un agente federal fue herido.

La llegada de tropas del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafe), persuadió a la policí­a local a rendirse; 41 de ellos fueron prontamente enviados a ciudad México para ser interrogados.

Aunque las autoridades de la ciudad afirman que la policí­a local temí­a que el convoy estuviera compuesto de pistoleros del 'cartel' disfrazados de oficiales federales -lo que ha ocurrido con frecuencia- los oficiales federales no están seguros de eso. El vocero presidencial, Rubén Aguilar, dijo: 'Hay indicaciones claras de una relación entre elementos de la policí­a de Nuevo Laredo y el comercio de drogas.

El 13 de junio, Nuevo Laredo parecí­a una ciudad sitiada, con tropas patrullando las calles, unidades de Gafe ubicados en cruces de caminos estratégicos, y fuerte guardia policial en edificios públicos. La presidencia anunció que se desplegaron fuerzas federales durante el fin de semana en varias localidades del estado de Sinaloa (territorio de el Chapo) y en Baja California.