Informe Latinoamericano - 23 de agosto de 2006

No fue una buena semana en el frente diplomático para el gobierno del Presidente Evo Morales. Recibió una reprimenda del embajador de EU por dejar que la erradicación de coca cayera a su punto más bajo en seis años, vio descender a nueva profundidad las relaciones con Brasil sobre las operaciones de Petrobrás, y su gobierno se vio enredado en una embarazosa riña con el contingente de doctores cubanos -esto último proveyó munición a los profesionales domésticos y a la oposición polí­tica.

El embajador de EU, David Greenlee, aprovechó la investigación de un diario, el 16 de agosto, sobre las perspectivas para la reanudación de la ayuda de EU en la región de Yungas, para reprender al gobierno por haber erradicado sólo 2.265 hectáreas de plantaciones de coca en los primeros siete meses del año -el más bajo desempeño en los pasados seis años. Greenlee no dio esperanzas de un pronto retorno a Yungas hasta que haya un cambio en la situación de la planta procesadora de café apoyada por USAID, que tomó por un grupo de campesinos 'con total carencia de respeto por la seguridad jurí­dica'. Otras situaciones que afectan la decisión son la ocupación del edificio de una ONG en la región del Chapare, y el robo de torres de alta tensión de un proyecto de electrificación.

Greenlee, sugirió que quizá Bolivia podrí­a continuar con todos esos proyectos con la ayuda de diversos donantes y gobiernos amistosos -que casi todos han interpretado como una alusión a Venezuela.

Las relaciones con Brasil cayeron en picada luego que el ministro boliviano de hidrocarburos, Andrés Soliz, dijo el 15 de agosto que las negociaciones entre la petrolera estatal YPFB y Petrobrás se paralizaron debido a que este último se resistí­a a adaptarse a la nueva legislación de Bolivia. 'Ellos no nos han dejado avanzar en algunas áreas, como la nacionalización', dijo.

Petrobrás replicó de inmediato que durante las semanas previas, las reuniones de los comités que discuten la adaptación a la nueva ley 'fueron interrumpidas de manera unilateral por las autoridades bolivianas'. También recordó al gobierno boliviano que 'respetando las normas en vigor, también significa preservar los legí­timos derechos de uno y todos los preceptos legales a los cuales la compañí­a está sujeta.

Soliz negó que las negociaciones habí­an sido interrumpidas, diciendo que ambas partes, hasta ahora, habí­an 'expresado opiniones'. Aunque agregó que 'hubo evidentemente un retroceso'.

En negociaciones paralelas sobre el precio que Brasil paga por el gas boliviano, Soliz insinuó que podrí­a no haber ninguna extensión más si no se alcanzaba un acuerdo para el 16 de setiembre, y que Bolivia estaba dispuesto a acudir al arbitraje internacional 'porque cualquier árbitro comprenderá que en las actuales condiciones [los precios] deben mejorar para Bolivia'. La gran preocupación no expresada para el gobierno de Morales es que la posición adoptada por Petrobrás podrí­a influir para que otras compañí­as petroleras negocien su migración a nuevos contratos.

Quizá la única razón por la que la riña Petrobrás-YPFB no sea peor es que el gobierno brasileño está adoptando formalmente la posición de no interferir, diciendo que es una cuestión técnica que debe ser solucionada por las dos firmas. Un Soliz desesperado, sin embargo, ya ha dicho que no ve otra opción real más que involucrar a los presidentes y tomar una decisión polí­tica.

El 17 de agosto Morales se quejó públicamente, en una ceremonia para recibir una donación de asfalto de Venezuela, que 'hay intereses internos y externos que desean provocar el fracaso de la nacionalización con falsas acusaciones. Ellos fracasarán: no estamos solos'. Este último comentario, fue entendido como una referencia a Venezuela, cuyo ministro de defensa, el General Raúl Baduel, ese mismo dí­a firmaba un acuerdo con el gobierno de Morales para 'intercambiar visiones estratégicas y posiciones de defensa [...] con total respeto por los principios de no-intervención en los asuntos internos de otros paí­ses'. 

Bajo ese acuerdo, los militares venezolanos ayudarán a Bolivia a ejecutar obras de infraestructura y proveerán expertos para entrenar a sus pares bolivianos.

[Los 'intereses internos' a los que aludió Morales son probablemente la Superintendencia de Hidrocarburos y algunos polí­ticos de oposición, que han afirmado que funcionarios del gobierno y de YPFB han estado involucrados en acuerdos que, si no son corruptos, al menos son irregulares y dañinos para los intereses nacionales.]

También ese dí­a, un incidente provocó una riña con la brigada médica cubana que trabaja en Bolivia. A un periodista de TV un doctor cubano le negó el acceso a un hospital dirigido por cubanos en El Alto, afirmando que el establecimiento era 'territorio cubano [...] igual que una embajada'. El periodista investigaba una queja por mala práctica contra uno de los doctores cubanos.

Eso ocurrió en medio de una inusual acción de protesta de doctores bolivianos contra la presencia de los cubanos sobre la base que ellos no cumplieron con los requerimientos legales para practicar la medicina en Bolivia y reducen las perspectivas de empleo de los 10.000 doctores bolivianos desempleados. Los manifestantes ofrecí­an sus servicios gratis por dos dí­as para llamar la atención sobre sus quejas.

En esa atmósfera, la ministra de salud Nila Heredia se sintió compelida a exigir explicaciones de la embajada cubana. El embajador cubano Rafael Dausá, y la representante de la brigada médica, Isabel Gómez Olivera, ofrecieron sus disculpas. Sin embargo, Dausá buscó cambiar el ánimo del público diciendo que desde su llegada, hace cinco meses, la brigada médica cubana (1.682 doctores y paramédicos) habí­an atendido a 1,2m pacientes, salvado más de 1.800 vidas, asistido en 1.087 partos y llevado a cabo 27.327 operaciones de la vista.

Fernando Arandia, presidente del Colegio Médico de Bolivia, dijo que los cubanos estaban tratando de retratar a Bolivia como 'un paí­s de ciegos y enfermos'. Dijo que las cifras de Dausá simplemente no eran creí­bles: atender a 1,2m pacientes serí­a equivalente a atender al 13% de toda la población en sólo cinco meses. 'Si consideramos que ellos están atendiendo sólo en áreas rurales, que es donde hay menos habitantes, eso es imposible y una mentira.'