Informe Latinoamericano - 1 de junio de 2007

La acertada decisión del Presidente Felipe Calderón de forjar lazos con los gobernadores dio frutos el 29 de mayo, cuando la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), apoyó unánimemente su controversial despliegue del ejército contra el crimen organizado. El respaldo de los gobernadores es un golpe para el congreso, la ONU y una serie de organizaciones de derechos humanos opuestos al despliegue del ejército en acciones contra el delito.

Calderón ha cortejado a los gobernadores que, discutiblemente, suplantan a los partidos polí­ticos como fuente de poder del paí­s, desde que asumió el gobierno. Esa polí­tica está en marcado contraste con su predecesor, Vicente Fox, que rara vez ha apoyado a los gobernadores, aun cuando tení­an problemas. Aunque el mismo Fox fue un exitoso gobernador (de Guanajuato) y designó a dos ex gobernadores en su primer gabinete, ellos tení­an cargos de segunda clase. Calderón, por otro lado, eligió a Francisco Ramí­rez Acuña, un controversial ex gobernador de Jalisco, como su ministro del interior, tradicionalmente el segundo más poderoso cargo en el gobierno federal. El ministro de finanzas, Agustí­n Carstens, bajo instrucciones de Calderón, dijo que Conago debí­a ser consultado acerca de las reformas del gobierno ante el congreso.

El tercer mayor partido en el congreso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) domina el Conago. Luego de la victoria del PRI en las elecciones del 20 de mayo en Yucatán, los prií­stas gobiernan en 18 de los 32 estados del paí­s.

El Presidente Calderón abrió la reunión de Conago en Puerto Vallarta el 29 de mayo, y Ramí­rez Acuña, se quedó todo el dí­a. Ramí­rez enfatizó que el ejército se ha desplegado a requerimiento de los gobernadores. Esa polí­tica fue avalada con fuerza por varios gobernadores del PRI. Notablemente, el apoyo proviene de gobernadores de estados donde se ha desplegado el ejército y de estados donde no hubo ese despliegue.

El fuerte apoyo de Conago a la polí­tica de Calderón es polí­ticamente riesgoso. El gobierno admite que aún no gana la guerra contra el crimen organizado y que la lucha exigirá más dinero y vidas.

Antes de la reunión de Conago, el 24 de mayo, Calderón dijo sin rodeos que no tení­a la intención de cambiar de polí­tica y reemplazar a los soldados desplegados contra las bandas criminales por policí­as, y acusó a sus crí­ticos de desear un México dominado por el crimen organizado. Calderón hablaba en Durango, uno de los 10 estados en los que hubo despliegue del ejército. El gobernador del estado, Ismael Hernández Deras, del PRI, respaldó fuertemente las acciones del gobierno y el uso del ejército.

Hasta ahora, el único polí­tico importante que atacó públicamente la polí­tica de seguridad del gobierno es Roberto Madrazo, el crecientemente marginado ex lí­der y ex candidato presidencial del PRI. El arguye que el gobierno podrí­a mejorar la situación de seguridad aumentando la inteligencia de la policí­a y coordinando mejor las varias fuerzas policiales del paí­s. Madrazo cree que el gobierno se apresuró a enviar los soldados, afirmando que deben ser usados solamente como último recurso.

El gobierno siente suficiente confianza en la cuestión seguridad como para comenzar una riña polí­tica con el congreso. El gobierno rehúsa revelar cuanto dinero se gasta en la guerra contra el delito. El 29 de mayo la policí­a federal, apoyada por el gobierno federal, dijo que el dinero que habí­a gastado en los Operativos Conjuntos en Michoacán, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Tijuana permanecerí­a secreto por al menos seis años. La Policí­a Federal Preventiva dijo que revelar las cifras del dinero gastado y los futuros presupuestos afectarí­an la seguridad pública en todo el paí­s. La policí­a también dijo que no publicarí­an los resultados de sus Operativos Conjuntos (operaciones conjuntas de ejército y policí­a) por otros seis años. La policí­a dijo que la información financiera y los resultados serí­an estratégicamente útiles a las bandas criminales.

Sin embargo, la policí­a no tomará la decisión final sobre qué información debí­a ser publicada. Esa decisión debe tomarla el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que decidirá cuanta información debe ser publicada acerca de las compras del ejército mexicano en equipos de comunicación en 2007: el ejército teme que al difundir información detallada se pueda beneficiar a las bandas contra las cuales se usarán los equipos.

Dimensión internacional: Antonio Marí­a Costa, director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, dijo que México juego un rol clave "positivo y negativo" en la violencia que afecta a Centroamérica.

Dijo que las bandas mexicanas ahora conducen el comercio de droga que lleva narcóticos de Colombia (y el resto de los paí­ses andinos) a EU. A fines de mayo, fueron arrestados tres colombianos, y acusados de entrenar a pistoleros de bandas mexicanas. Costa ha informado a la OEA sobre la guerra a las drogas en Centroamérica, el 24 de mayo.

Corrupción: Ricardo Ravelo, un autor de investigación, publicó un libro a fines de mayo: Herencia Maldita, en el que afirma que la mitad de las fuerzas policiales mexicanas está vinculada con el crimen organizado.

Argumenta que la razón por la que Calderón tuvo que enviar al ejército a Tijuana fue que la policí­a local tení­a 20 años de lealtad a la familia Arellano Félix, que maneja el negocio de las drogas en la ciudad. Ravelo dice que el gobierno apoya (tácitamente) a la banda de Sinaloa (una de las tres bandas dominantes) porque no la ha perseguido. El jefe de la banda Sinaloa, Joaquí­n Chapo Guzmán, escapó de una prisión mexicana de máxima seguridad hace seis años.