Informe Latinoamericano - 7 de diciembre de 2007 (ISSN 1741-7317)
MEXICO: Grupos de guerrillas lanzan amenazas
Grupos de guerrillas con base en el sur de México lanzaron dos amenazas separadas. La primera, el 29 de noviembre, dos grupos guerrilleros han anunciado que lucharían contra la construcción de la presa hidroeléctrica en Guerrero. Luego, el 3 de diciembre, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el más activo de los dos grupos, emitió un comunicado diciendo que ponía fin a su tregua con el gobierno.
La primera es la más significativa, porque representa un intento de las guerrillas de hablar por las comunidades amenazadas por la controversial represa de Parota de hidroelectricidad. El proyecto desplazará a campesinos e inundará sus tierras, se oponen varias ONG sobre bases medioambientales y derechos humanos.
Hasta ahora, campesinos y ONG usaron las cortes para frustrar el proyecto. Sin embargo, el 29 de noviembre, el principal proponente del proyecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicó el dictamen de una corte, obtenido en octubre. El dictamen rechaza las órdenes judiciales logradas por los campesinos y ambientalistas frenando la construcción de la represa.
La Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) replicó anunciando que sus 48 grupos afiliados, que incluyen al EPR y al más pequeño Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente lucharían para impedir la construcción de la represa. El EPR es el más amenazante de los dos grupos guerrilleros, que ya hicieron explotar bombas en oleoductos en México central, primero en agosto y de nuevo en setiembre.
Hasta ahora, las autoridades se mueven con cuidado sobre el tema. Ni el estado ni el gobierno federal han enviado policías o tropas para sacar a los campesinos de la tierra. Guerrero tiene una larga y sangrienta historia de confrontaciones violentas entre las autoridades e izquierdistas. Nicolás Chávez , uno de los líderes de la APPG, dijo que los campesinos y la APPG no permitirían que se use la fuerza para sacarlos de sus tierras. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) fue más directo. Uno de sus líderes, Marco Antonio Suástegui, dijo que cualquier movida de las autoridades contra los campesinos resultaría en un baño de sangre.
El proyecto Parota exige inundar unas 17.300 hectáreas de tierra que ahora es usada para cultivos, y la destrucción de 11 pueblos donde están los hogares de unas 2.000 personas.
Los abogados que asesoran a campesinos y ambientalistas cuestionan el reclamo del presidente de la CFE, Alfredo Elías Ayub, que la decisión de la jueza federal, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, elimina el último impedimento legal para que la CFE reanude la construcción de la represa. Xavier Martínez Esponda, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, argumenta que la orden judicial, obtenida el 13 de setiembre, aún estaba en vigencia y permanecería así hasta que la decisión de Larumbe Radilla haya sido revisada por una corte más alta.
EPR
El comunicado del EPR del 3 de diciembre, dice que el Presidente Felipe Calderón y las grandes empresas deben asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones de no explicar el destino de dos eprístas, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez. El EPR afirma que el gobierno llevó a los dos activistas en mayo y los mantiene incomunicados desde entonces. El gobierno dice que no tiene idea de dónde están esos hombres y que sospecha que pudieron haber sido muertos en una guerra interna en el EPR.
En su comunicado, el EPR parece indicar que abandonaba la política y que se concentra por completo en la lucha armada. Dice que su Partido Democrático Popular Revolucionario Clandestino ahora emitía su último comunicado y que "el único camino que queda para todas las personas que están luchando para obtener los derechos otorgados por la constitución es el hostigamiento y la autodefensa popular armada."
El EPR descarta el primer año del Presidente Calderón en el poder, y critica la acción de los seis jueces de la corte suprema al desconocer los alegatos hechos por otros jueces de la corte suprema luego de una investigación, contra el gobernador de Puebla, Mario Marín . Marín fue acusado de complotar para que arresten y torturen a la periodista de investigación, Lydia Cacho.
El caso Cacho
El 3 de diciembre, Calderón dijo que continuaba la investigación sobre si los derechos humanos de Cacho fueron abusados. La declaración de Calderón es populista y política. Es populista porque la izquierda está furiosa que la corte suprema haya rehusado (voto de 6:4) hallar culpable a Marín del secuestro y tortura de Cacho. Es política porque Marín viene del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ha golpeado al Partido Acción Nacional (PAN), de Calderón, en la mayoría de las elecciones desde que asumió hace un año.
Cacho fue Cacho fue detenida en diciembre de 2005 en Cancún, por policías del estado por orden de Marín , y conducida a una prisión en Puebla, donde ella fue amenazada. Los policías rehusaron mostrar a Cacho ninguna orden de arresto, aunque aparentemente habían obtenido una de un juez en Puebla. Cacho afirma que ella fue elegida debido a sus alegatos que empresarios y políticos estaban involucrados en abuso de niños y prostitución en Cancún en Quintana Roo.
La corte suprema investigó por primera vez en abril de 2006 y, en setiembre, el presidente de la corte sentenció que aunque los derechos de Cacho habían sido abusados, no hubo abuso de poder por Marín . La corte en pleno invalidó la sentencia y ordenó una segunda investigación, por el juez Juan Silva Meza, que tome en cuenta las grabaciones de llamadas telefónicas entre Marín y uno de los supuestos abusadores de niños, Kamel Nacif. Las investigaciones se hacen bajo el Artículo 97 de la constitución que da a la corte suprema derecho de investigar cualquier abuso de los derechos humanos. La corte suprema, en noviembre de 2007 decidió que la evidencia central (las llamadas telefónicas) era inadmisible. En esas llamadas, Marín y Nacif discutían lo que querrían hacerle a Cacho, en los términos más groseros.
Por separado, el senado pidió a la corte suprema que investigue si Marín tenía un caso por el cual responder. Silva Meza decidió que sí lo tenía (y proveyó 1.251 páginas de evidencia), pero fue denegado por la corte suprema en pleno.
La indignación de la izquierda por la decisión fue magnífica. Una columnista, Denise Dresser, escribió en Reforma, diciendo que la corte suprema había, con esta decisión, eliminado todo derecho que cualquier mexicano tiene para protegerse contra cualquiera con autoridad. Dresser la comparó con la decisión en 1856 de la corte suprema de EU sobre Dred Scott que le negó todo derecho porque era un esclavo, aunque él había vivido en estados donde era ilegal la esclavitud. La izquierda rechazó la afirmación de Calderón que la Procuraduría General de la República y otras agencias investigan el caso Cacho. La izquierda preguntó ¿por qué, entonces, ni Marín ni Nacif han sido acusados?